Identificaron los restos de 12 desaparecidos de la dictadura en el centro clandestino La Perla

Doce personas secuestradas en el principal centro de detención que funcionó en la provincia de Córdoba bajo la última dictadura militar acaban de ser identificados genéticamente. El Juzgado Federal N.° 3 de la provincia informó que los nombres de las personas cuyos restos fueron identificados se darán a conocer en conferencia de prensa,luego de que sus familiares directos sean notificados, con su aprobación, como así también otros detalles y precisiones del caso. Se espera que un conjunto de otros restos hallados pueda ser también sometido a pruebas genéticas para averiguar su identidad en los próximos días.

Fue necesaria la aplicación de tecnología de punta para lograr el resultado obtenido. En La Perla, que funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1976 y 1978 bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, los militares llevaron adelante una “limpieza” de pruebas en 1979, para que no se encontraran los restos de los asesinados allí ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los restos óseos que fueron encontrados a fines del año pasado se encontraban fragmentados, lo que corrobora el accionar de “limpieza” que llevaron adelante los militares. Una integrante del equipo forense aseguró que el hallazgo de los restos pudo realizarse gracias a “un sistema con imágenes comparadas que permitió identificar diferencias en el sedimento alterado” en el suelo donde fueron hechas posteriormente las excavaciones. Sólo con estos métodos se lograron superar las maniobras que los genocidas llevaron a cabo para que nunca se encuentre a los desaparecidos. El predio cuenta con 3.200 hectáreas, lo que hace imposible una búsqueda de restos sin ningún tipo de pista acerca del lugar aproximado donde excavar. Los encargados de la búsqueda definieron alguna vez la tarea como “encontrar una aguja en un pajar”. Algunos testimonios clave habían señalado zonas aproximadas cercanas al descubrimiento actual, a sólo 50 metros, sin lograr dar con el lugar de las fosas comunes buscadas. En 2014 se hallaron pequeños fragmentos de restos óseos en la estancia La Ochoa, en el predio de La Perla, gracias al testimonio de un vecino, con los que pudieron identificarse cuatro desaparecidos. Otro documento clave fue la confesión del teniente coronel Bruno Laborda contenida en un escrito que presentó en 2004 al jefe de personal del Ejército para pedir que se reconsiderara la decisión que rechazaba su ascenso, utilizando la información sobre los crímenes que “la oficialidad superior le ordenó hacer cuando era subteniente y teniente” como prenda de cambio para obtener su ascenso. En su relato, Laborda admitió haber desenterrado cadáveres en la zona, haberlos trasladado e incluso haberlos “molido” y dispersado en zonas fronterizas. El texto de Laborda llegó a manos del Poder Judicial. Fue el único militar de La Perla que “confesó”, aunque involuntariamente, y después se negó a ofrecer más información cuando fue juzgado por sus crímenes. Desde 2022 se emprendió la campaña de excavación número 12 de los últimos 20 años. Según se informó, el Equipo Argentino de Antropología Forense desplegó un “método extraordinario” de exploración a lo largo y ancho de esas 3.200 hectáreas, utilizando un avión equipado con un sistema láser, de lo más moderno en la materia, junto con la ayuda de un geólogo especialista. Las muestras encontradas en el lugar fueron contrastadas con los datos archivados en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Las excavaciones fueron realizadas en el marco de causas judiciales que presentaron organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos. Por La Perla pasaron más de 3.500 secuestrados. El hallazgo de los restos, el año pasado, y su identificación actual, a manos del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona de Loma del Torito, dentro de la Reserva Natural Militar La Calera, es el resultado de 50 años de lucha contra la impunidad y por el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la dictadura. Es otra muestra, además, de la necesidad de preservar el conjunto de los excentros de tortura, de los cuales siguen surgiendo pruebas que aportan al esclarecimiento de los crímenes y la identificación de los desaparecidos. La cuestión es crucial frente a la orientación de los distintos gobiernos que pretenden devolver esos excentros de tortura a los militares. Más aún en el marco la puesta en pie de un gobierno cívico-militar como el actual, que devuelve el protagonismo político a los militares para que, en contrapartida, estos se inmiscuyan en la represión interna. El Ministerio de Defensa se está colmando de hijos de genocidas de la dictadura que se reconocen herederos de los crímenes de sus padres. Vale recordar que uno de los subordinados de Presti en Defensa, Daniel Martella, es hijo de un exrepresor, Santiago Martella, quien fue condenado a prisión perpetua precisamente en la megacausa de La Perla. Los militares designados por el Gobierno, además de negacionistas, han presentado innumerables obstáculos contra los juicios de lesa humanidad de la última dictadura. Esto, además del vaciamiento que lleva adelante el Gobierno en los excentros de detención como en el caso de la ESMA, con despidos y recortes presupuestarios. El “plan impunidad” seguido por el gobierno liberticida incluyó la visita realizada a genocidas por parte de diputados libertarios en junio de 2024 en el penal de Ezeiza; el pedido de prisión domiciliaria por parte de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril de 2025; el traslado de genocidas a una cárcel VIP; y fallos de la Corte Suprema en favor de los genocidas. Esta política tendría como corolario, según trascendidos, el indulto a los genocidas, a 50 años del golpe. El gobierno liberticida busca la impunidad como mecanismo de reforzar la represión interna, involucrando a los militares en las tareas de inteligencia y de represión de la población.

Los detalles del trabajo del equipo forense serán brindados la próxima semana en conferencia de prensa. Se espera también el próximo inicio de la campaña número 13 de excavaciones.

El logro obtenido con el hallazgo y la identificación de los restos debe ser un aliciente para llenar las calles el próximo 24 de Marzo contra el gobierno liberticida y su plan de impunidad.