El gobierno continúa con el vaciamiento de la ESMA para devolverla a las Fuerzas Armadas

Horas antes de empezar el fin de semana, llegó una notificación a los trabajadores del Ente ESMA avisando que Nación no había enviado los fondos necesarios para pagar los salarios del mes de marzo. La causa del congelamiento del presupuesto es una supuesta auditoría que va a durar 60 días.

El Ente ESMA es un organismo tripartito entre Nación, Ciudad y los Organismos de Derechos Humanos. Los salarios eran responsabilidad del Gobierno Nacional. Entre las tareas que desarrollan sus trabajadores están las visitas guiadas, la seguridad y mantenimiento del predio, su promoción, etcétera. Al conocerse la noticia, la Junta Interna de ATE Ente ESMA resolvió un cese de actividades desde las 12 horas del viernes hasta el mediodía del lunes, en el que se reunirán en asamblea. Dadas las tareas que realizan los trabajadores del ENTE, si se prevé que no cobren el salario por más de 60 días, se prepara un cierre de hecho de toda la ESMA.

La auditoría tiene fecha de inicio el 1 de abril, por lo que el dinero de los salarios de marzo ya debía estar depositado dado que los trabajadores del Estados Nacional cobran el primer día hábil del mes. La provocación se inscribe en un ataque constante a los trabajadores de los distintos organismos que funcionan en el predio. Las 17 hectáreas ubicadas en la Av. Libertador al 1800 tienen un valor simbólico en disputa, pero también un valor inmobiliario que también tiene en vilo a diversos intereses.

Territorio en disputa

El Gobierno nacional, en lo que va del año, logró cederle la seguridad de los edificios dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos a la Policía Federal. Ante la denuncia de los trabajadores, realizó una lista de despidos que amparó en “falta de disciplina” del personal. La policía no permitía el acceso a los lugares de trabajo de los delegados. Además, pretendió que los despedidos no retiraran sus pertenencias de las que habían sido sus oficinas. Alberto Baños, secretario de derechos humanos, prohibió que se realizara el recital de Milo J dentro del predio, una vez que ya estaba armado el escenario y la presentación de un libro.

Con el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti en enero se anunció un cambio en la programación y en el funcionamiento que debiera haberse puesto en marcha a principios de marzo. Esa agenda sigue sin existir desde el cierre del Conti. El Gobierno avanza en el vaciamiento de un espacio de interés histórico, que debe ser preservado como una hipoteca sobre los intereses sociales y políticos que promovieron el golpe y para reivindicar la memoria de los luchadores desaparecidos.

La pretensión de declarar “crimen de lesa humanidad” el accionar de la guerrilla y la demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, a menos de 24 horas de la movilización del 24 de Marzo, van a en el mismo sentido: validar el accionar de las fuerzas represivas contra las huelgas obreras y a la dictadura misma.

PRO: “Devolverles la ESMA a los militares”

El diputado santafesino Gabriel Chumpitaz (PRO), a través de su cuenta de X aseguró que: “El museo de la memoria divide a los argentinos, nos impregna de odio y pasado. Haremos una propuesta formal para que en la ESMA se monte un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”. Su propuesta choca con la declaración de la Unesco de “Patrimonio de la Humanidad”, sin embargo, deja a las claras a quién creen que pertenece el predio los miembros del gobierno y sus aliados directos.

En enero pasado el Juez Ariel Lijo, a cargo de la Megacausa Esma, dijo que debía garantizarse el funcionamiento de los sitios, puntualmente la apertura del predio y la limpieza de las canaletas. En el predio siguen surgiendo pruebas concretas que aportan al desarrollo de los juicios por los cerca de 5.000 detenidos que pasaron por ese centro de detención clandestino. La “propuesta” de Chumpitaz debe ser rechazada de plano.

La ESMA abierta debe ser un recordatorio permanente de los más de 300 niños que aún no fueron restituidos, de los archivos que siguen sellados negando la información de dónde están los desaparecidos, de los cientos de militares con prisión domiciliaria cuando deberían estar en las cárceles comunes y otros tantos que ni siquiera fueron juzgados. Un recordatorio de la vigencia de los intereses que motivaron tanto la dictadura militar como todos y cada uno de los gobiernos democráticos posteriores. La lucha por los puestos de trabajo y por el acceso a los museos que funcionan en el predio es parte de la reivindicación a organizarse, luchar y enfrentar al régimen.