Escribe Valu Viglieca
Tiempo de lectura: 4 minutos
La convocatoria de los y las trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti y de la Secretaría de Derechos Humanos a un festival en la Esma tomó la dimensión de una respuesta masiva contra la reivindicación de la dictadura, el atropello a las investigaciones sobre la desaparición forzada de personas y el intento de vaciar los llamados “Centros de la Memoria”. Los despidos de cientos de trabajadores fueron anunciados por mensaje de whatsapp el mismo 31 de diciembre.
El festival se citó bajo el lema “Una memoria que arde” y con decenas de intervenciones de artistas y oradores de sindicatos u organizaciones de derechos humanos no sólo reivindicó la memoria colectiva contra el negacionismo o la reivindicación de la dictadura sino que apeló a un reflejo popular de poner freno a los ataques del gobierno de Milei y sus vínculos con los genocidas.
El ingreso colectivo del 2 de enero se encontró con policías en el predio que tenían las listas de los despedidos y resolvían quien podía o no ingresar a los edificios. Si bien la asamblea se desarrolló con todos adentro ese mismo día se radicó una denuncia de la Comisión Provincial de la Memoria sobre espionaje ilegal de policía de la Ciudad y Federal en el abrazo que se había realizado el viernes 27 de diciembre en el mismo predio.
Uno de los párrafos del escrito presentado por la CPM y radicado en el Juzgado N 10 de Comodoro Py describe que: “Advertimos la presencia de personal policial no identificado (de civil) que deambulaba entre los manifestantes, se comunicaba telefónicamente y que finalmente permaneció junto al personal identificado durante algunas horas” (eldestape.com). La respuesta a la infiltración policial fue una presencia masiva de familias, militantes, jovenes y artistas en los pasillos del predio de la Esma y en cada uno de los edificios.
Esos mismos pasillos casi siempre vacíos donde el silencio es un grito de cada tortura y cada vida arrasada en el predio, esos pasillos donde se exhibe un avión desde el que fueron tirados vivos los detenidos desaparecidos, esos mismos pasillos del horror durante el Festival rebozaban de risas de niños y se escuchaba en cada rincón “como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”, “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode” y, desde luego “el Conti no se cierra”. Inclusive un paso más dieron desde una de las bandas invitadas cuando cantó “el Conti no se vende” porque el mensaje enviado a sus trabajadores deja muy abierta la puerta a que las salas existan pero con otros fines.
El texto que recibieron los trabajadores decía: “El secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del 2 de enero de 2025. Ello a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”. En el edificio que ayer permanecía bajo llave se encontraba en exhibición la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino organizada por Argra. El presidente de la asociación de fotógrafos tomó la palabra para denunciar que no tenían acceso a la muestra y además recordó que durante el gobierno de Milei los ataques policiales contra fotógrafos en las manifestaciones crecieron de forma exponencial. La iluminación del predio, una vez caída la noche se garantizó con velas sostenidas por las asistentes. Carteles escritos a mano, pañuelos blancos, remeras pintadas de forma casera, todo llevaba la marca de quienes no están dispuestos a dejar pasar el ataque a “la memoria” de los 30.000 desaparecidos, el cuidado de los archivos y los puestos de trabajo de los estatales. Y con esa misma impronta desde el escenario más de una vez se denunció la “ausencia de la dirigencia (peronista) y de los gremialistas”; Juan Falú dijo: “acá era donde había que estar no mandando mensajes por las redes”.
Durante la intervención de Daniel Catalano, Secretario General de la Seccional Capital de la Asociación Trabajadores del Estado se volvió a escuchar el cántico por el paro general, consigna que se repite una y otra vez que hay concentración contra los despidos estatales, pero en este caso la lucha por venir no sólo tiene la responsabilidad de levantar miles de despidos de trabajadores estatales, la lucha tiene que garantizar que se preserven los archivos y pruebas recuperados desde la dictadura también los elaborados por los trabajadores.
En los años que se han conformado los “centro de la memoria” en los que funcionaron centros clandestinos de detención se han realizado cientos de entrevistas de sobrevivientes y familiares, usados como pruebas en los juicios que sí se llegaron a realizar; en el predio está el banco de donación de sangre con el que trabaja Abuelas de Plaza de Mayo que hace una semana recuperó al nieto 138, banco fundamental cuando aún hay 300 hijos apropiados que siguen sin recuperar su identidad.
El lunes 6 la asamblea de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos va a discutir el acampe dentro del predio para resguardar los archivos y para garantizar la reincorporación de los y las despedidas. La defensa de los espacios y los puestos de trabajo se convirtió en la lucha contra los que apoyan a los genocidas, los que intentaron el 2x1 durante el gobierno de Macri y los que se sacan fotos. La defensa de lo que algunos llaman “la memoria” no es otra cosa que la defensa incondicional al derecho a luchar, manifestarse y organizarse para terminar con un gobierno antiobrero que blande como un programa la represión contra los trabajadores, los jubilados y la juventud.