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Catamarca atraviesa un cuadro creciente de conflictividad social y laboral que traduce un derrumbe industrial y de aquellas actividades que están en manos del estado provincial, como son la educación, la salud y la obra pública, e incluso la policía.
En la alimenticia CAMINO S.A. (ex ALCO), trabajadores denuncian atrasos salariales, deudas de aguinaldos y pagos irregulares que se arrastran desde 2024. Los obreros señalan persecuciones y despidos selectivos contra quienes encabezaron reclamos por salarios adeudados. La planta, que pertenece al grupo Tres Arroyos, mantiene un régimen de pagos parciales y arbitrarios. En paralelo, los obreros se organizaron con permanencias, protestas y acciones.
En la metalúrgica NEBA, en el parque industrial El Pantanillo, la patronal avanzó directamente con el cierre de la planta y el despido de más de 50 trabajadores. El ataque venía preparándose con despidos previos durante el último año. La burocracia de la UOM actuó desde el inicio para desactivar cualquier tentativa de lucha por la continuidad productiva, orientando el conflicto hacia la aceptación de indemnizaciones. El gobierno provincial intervino únicamente para garantizar ese esquema indemnizatorio, mientras se consumaba el cierre definitivo de la fábrica.
El mismo desenlace se produjo en el sector textil y del calzado. En DABRA S.A., propiedad del grupo Dexter, los trabajadores llegaron a su jornada laboral y encontraron la planta cerrada. La empresa argumentó razones económicas, mientras que los obreros denunciaron la importación de calzado desde Brasil como motivo real del cierre. Tras negociaciones, se impuso un acuerdo indemnizatorio del 80 %, sellando la clausura de la planta. El conflicto se suma a otros procesos de vaciamiento previos, con despidos realizados meses antes.
En la textil VVC (ex Artex), los trabajadores también vienen enfrentando atrasos salariales, deudas de aguinaldos y condiciones de trabajo precarias, mientras la empresa continúa produciendo y despachando mercadería con normalidad. La constante en todos estos conflictos es el mismo esquema: patronales que descargan la crisis sobre los obreros, burocracias sindicales que bloquean cualquier intento de lucha por la continuidad laboral y un gobierno provincial que interviene únicamente para administrar los cierres.
A este cuadro se suma el conflicto del transporte público. Los choferes de colectivos enfrentan atrasos salariales y anunciaron medidas de fuerza en empresas del sector, incluyendo paros y reducción de servicios. En la línea 104, los trabajadores vienen enfrentando incluso el boicot de la burocracia de la UTA, que intenta desactivar el reclamo mientras las empresas descargan la crisis sobre los choferes.
En toda la provincia se desarrollan coordinadamente autoconvocatorias docentes que han impulsado manifestaciones multitudinarias tanto en la capital como en el interior, con marchas, cortes de ruta, acampes y asambleas. Estas acciones han comenzado a confluir con trabajadores de la salud y municipales autoconvocados, configurando un proceso de coordinación.
Mientras este proceso crece desde abajo, la burocracia sindical de ATE, UPCN y Vialidad provincial acaba de cerrar un acuerdo paritario de aumentos automáticos bimestrales según el IPC con el gobierno de Jalil. Este acuerdo fue repudiado por amplios sectores de trabajadores estatales. El contraste entre las autoconvocatorias y las paritarias burocráticas pone de relieve el divorcio irreversible entre las bases trabajadoras y sus direcciones sindicales.
En este contexto, tuvo lugar también un levantamiento policial que se extendió por comisarías de la capital y el interior, que obligó al gobierno a abrir negociaciones y otorgar mejoras salariales. Sin embargo, pocas horas después comenzaron a trascender tensiones internas y denuncias de manipulación del conflicto por parte del propio gobierno, mientras sectores de las cúpulas policiales manifestaron su descontento al quedar excluidos de los beneficios anunciados. El gobierno catamarqueño debió intervenir para mejorar el esquema inicial y apaciguar una reactivación del conflicto.
En las acciones de lucha contra la contrarreforma laboral, el FITU mostró nuevamente su política de capitulación y oportunismo. En todo este periodo, mientras estrechaba relaciones con la burocracia de ATE y buscaba confluir con sectores de la CGT, atacaba a los docentes y trabajadores de la salud autoconvocados por impulsar acciones independientes. Su llamado era a que la burocracia sindical docente debía impulsar el plan de lucha. Cuando el proceso docente comenzó a crecer y extenderse en toda la provincia, convirtiéndose en una referencia nacional, el FITU cambió abruptamente su posición para intentar insertarse en un movimiento que previamente había desconocido.
El proceso de autoconvocatoria se perfila, así como la tendencia más avanzada del actual cuadro de lucha. A la movilización docente se suman procesos en Salud, en la Administración y en obras públicas, donde crece el rechazo a las paritarias firmadas por las burocracias. En medio de cierres fabriles, despidos y ajuste estatal, las autoconvocatorias expresan la búsqueda de un camino independiente de organización y lucha de la clase trabajadora, cuya extensión y profundización marcarán el curso de los próximos acontecimientos en la provincia.
