Catamarca: multitudinaria movilización docente en toda la provincia

Una multitudinaria movilización docente recorrió el centro de la capital catamarqueña el miércoles 4 de marzo, en el marco del creciente conflicto salarial que atraviesa al sector educativo. A la manifestación se sumaron trabajadores de la salud y distintos sectores de trabajadores precarizados, que confluyeron en las calles para expresar el reclamo por mejores condiciones salariales y laborales frente al ajuste impulsado por el gobierno provincial encabezado por Raúl Jalil.

La convocatoria se realizó a las 19 horas, cuando numerosos contingentes de trabajadores de la educación comenzaron a concentrarse una vez finalizada la jornada laboral. En pocos minutos se conformó una extensa columna de miles de manifestantes que recorrió las calles céntricas de la capital provincial. En simultáneo, en el interior se reproducían acciones de lucha que se dirigieron hacia los accesos y rutas del este y del oeste de la provincia, confirmando el carácter provincial que ha adquirido el conflicto docente.

La manifestación fue la continuidad del proceso de lucha que la docencia viene desarrollando desde principios de año y constituyó la segunda gran movilización en la semana. El eje del reclamo gira en torno al salario, la estabilidad laboral y la necesidad de una recomposición salarial urgente frente al profundo deterioro del poder adquisitivo. Al mismo tiempo, la protesta expresó el rechazo a la política del gobierno provincial, que en los últimos días endureció su postura frente al conflicto.

En la movilización de la capital se hizo presente una delegación de trabajadores autoconvocados de la salud del Hospital San Juan Bautista (en hospital más importante de la provincia), quienes resolvieron en asamblea sumarse a la convocatoria docente para confluir con sus reclamos. También participaron trabajadores del Hospital de Villa Dolores y de Centros de Atención Primaria de la capital. La autoconvocatoria de salud ya se había hecho presente el lunes en el interior, cuando personal sanitario acompañó marchas y cortes de ruta en Tinogasta, Fiambalá, Belén, Andalgalá y Recreo.

El interior provincial volvió a protagonizar importantes acciones durante la jornada del miércoles. Continuaron las manifestaciones en localidades como Tinogasta, Fiambalá, Belén, Andalgalá, Recreo, Pomán y Saujil, entre otras, con marchas locales y cortes de ruta que reforzaron el carácter provincial del reclamo. En Tinogasta, el acampe docente y el corte de ruta se mantienen firmes, convertidos en uno de los puntos más dinámicos del conflicto. En Saujil, en tanto, se registró un fuerte operativo policial en el lugar del corte, reflejando la creciente presión del gobierno para intentar desalojar las protestas.

En estos cortes y acampes en las rutas el apoyo solidario de la población se hizo presente colaborando con alimentos y demás insumos para ayudar a sostener las medidas.

En este marco, el gobierno de Jalil lanzó nuevas advertencias hacia los trabajadores que participaron de las medidas de fuerza, reiterando la consigna de “día trabajado, día pagado” y amenazando con la apertura de sumarios administrativos contra quienes adhirieron al paro docente del lunes. A esto se suma la implementación de un nuevo régimen de licencias que afectó directamente a los docentes que participaron de las jornadas de paro. Según denuncian los trabajadores, en numerosas escuelas se ordenó completar planillas de control sobre la adhesión a la medida, lo que es interpretado como un mecanismo de persecución y disciplinamiento.

Tras la movilización del miércoles, los docentes autoconvocados sostuvimos una vigilia frente a Casa de Gobierno que se extendió hasta el jueves 5 de marzo, a la espera de una nueva reunión paritaria entre el gobierno y las conducciones sindicales. Durante la vigilia se expresó un fuerte rechazo a las propuestas oficiales, consideradas por los manifestantes como completamente insuficientes frente a la magnitud de la crisis salarial.

En la tercera reunión paritaria realizada el jueves, el gobierno insistió con su esquema de actualización automática bimestral del valor del punto índice docente según el índice de precios al consumidor (IPC), planteó elevar el denominado “piso salarial” a 850.000 pesos y retiró la propuesta del bono de 80.000 pesos. El ofrecimiento fue rechazado por las conducciones sindicales, que buscaron reacomodarse frente a la magnitud de la movilización que recorre la provincia y la presión de las bases docentes.

Para los trabajadores, la propuesta oficial resulta completamente insuficiente. Un salario de 850.000 pesos se encuentra muy por debajo del costo de la canasta básica y mantiene a amplios sectores de la docencia por debajo de la línea de pobreza e incluso cerca de la indigencia. Además, la indexación exclusiva por IPC deja por fuera del cálculo los tarifazos y otros aumentos del costo de vida que golpean directamente los ingresos de los trabajadores.

La reacción del gobierno, lejos de buscar una salida al conflicto, escala en el terreno represivo. Desde las cúpulas policiales se preparan operativos de desalojo de los cortes de ruta y se avanza en la amenaza de criminalizar la protesta utilizando figuras del Código Penal. Al mismo tiempo, se intenta imponer un protocolo antipiquetes local que obligaría a anunciar con 24 horas de anticipación las movilizaciones, su recorrido y los responsables de las mismas, habilitando sanciones contra los referentes de las protestas. Todo esto en el marco de un proceso de autoconvocatoria del propio personal policial, que, si fue atendido por el gobierno y los altos mandos de la policía para obtener mejoras de determinadas franjas de la policía pero que no ha logrado conformar a la totalidad de la fuerza, ya que en las acciones en diversos puntos del interior sectores policiales autoconvocados han señalado que se van a integrar a las convocatorias que realiza la docencia autoconvocada

Mientras tanto, el conflicto docente comienza a irradiar hacia otros sectores laborales de la provincia. Un ejemplo se observa en la ciudad de Belén, donde trabajadores municipales retomaron cortes de ruta para exigir una recomposición salarial frente a ingresos que consideran de indigencia. La convergencia de distintos reclamos laborales empieza a configurar un escenario de mayor conflictividad social en la provincia.

La situación se hace más explosiva ante el cuadro de derrumbe industrial, con fábricas (NEBA, Longvi) cerradas, otras con atrasos en los pagos salariales (Comino (ex Alco),

Frente a esta situación, la docencia catamarqueña reafirma su rechazo a la política salarial del gobierno de Jalil y denuncia las maniobras de la burocracia sindical que intenta contener el proceso de lucha radicalizando el discurso y sumando algunos reclamos levantados por la docencia autoconvocadas. Es claro, la maniobra para intentar conservar algunas posiciones, e inducir que los reclamos, cualesquiera sean ellos, el gobierno solo los va a discutir con la representación “legal”, o sea con la burocracia. Esto ha dado lugar a diversos debates frente al hecho de que hay sectores que ven ese camino, que los autoconvocados actúen como un movimiento de control de las negociaciones.

Las masivas movilizaciones de esta semana muestran, sin embargo, que la autoconvocatoria se ha extendido y crecido en volumen.

Ya se han votado nuevas movilizaciones centrales y otras tantas en los pueblos del interior. En ese marco, varias tareas son imprescindibles concretar:

Elección de delegados escolares en todas las escuelas y que actúen con mandatos de asambleas.

En los pueblos del interior, donde se entrecruzan diversos movimientos reivindicativos, es necesario avanzar en la convocatoria de asambleas populares para unificar y coordinado reclamos y acciones.

Frentes a la amenaza de acciones represivas, penales y/o administrativa, la consigna debe ser: tocan a uno, tocan a todos.

Frente a las negociaciones del gobierno con la burocracia, se debe reclamar al gobierno audiencia para presentar el petitorio central de reclamos.

Preparar con todos los movimientos autoconvocados y sectores en lucha una asamblea provincial de delegados, para votar un pliego y una lucha de conjunto por el salario, los puestos de trabajo, los derechos democráticos, la educación y la salud pública, y en ese marco avanzar, si no hay respuesta a la huelga general provincial.