Catamarca: emergen las autoconvocatorias frente al ataque del gobierno de Jalil contra la salud y la educación

Durante el mes de enero se desarrolló en Catamarca un proceso de movilización de trabajadores de la educación y la salud pública que puso en escena el rechazo al ajuste salarial, la precarización laboral y el desmantelamiento de los servicios públicos provinciales. Asambleas, acciones directas y pronunciamientos públicos de sectores autoconvocados expresan una respuesta independiente frente a la política del gobierno de Raúl Jalil, la colaboración de la burocracia sindical y la profundización de una agenda de recortes en sintonía con el programa nacional impulsado por Milei.

A mediados de enero, una reunión pública de docentes autoconvocados, cuyas resoluciones trascendieron en los medios, colocó tempranamente en el centro de la escena los principales reclamos del sector: recomposición salarial conforme al costo de vida real, realización de asambleas de cobertura de cargos, titularizaciones y la defensa del sistema educativo frente a su progresivo vaciamiento. En ese marco, la docencia autoconvocada rechazó la paritaria 2025 entre el Gobierno y la burocracia docente, denunciando que no fue producto de un mandato genuino de las bases, sino de mecanismos de consulta restringidos y fragmentarios, limitados a grupos minoritarios en redes sociales.

El aumento del 5,35 % responde a los meses de noviembre y diciembre a cobrarse en febrero y sueldo básico de 700.000 pesos para los docentes, que fueron cuestionados por no constituir una recuperación de las pérdidas salariales de los últimos años, sino simple y tardíamente un aumento que acompaña el índice de inflación de esos dos meses. La docencia con justa razón protesta porque siente que el aumento no compensa nada y tiene razón, debido a que el índice de inflación está distorsionado, pues los aumentos tarifarios en servicios, combustibles y transporte, junto con el aumento de alquileres, no están debidamente reflejados en esos índices. Los trabajadores de la administración y la obra pública provincial fueron condenados con el mismo porcentaje.

Como principal resolución, la docencia reunida aprobó entre otras cuestiones impulsar un Encuentro Provincial de Docentes Autoconvocados, el cual está previsto para el jueves 5 de febrero, con el objetivo de reagrupar fuerzas, deliberar y resolver acciones de lucha, de cara al regreso a las escuelas y a un mes del inicio del ciclo lectivo.

En la segunda quincena del mes de enero irrumpió con fuerza la lucha de los trabajadores de la salud a partir de asambleas en el Hospital San Juan Bautista, el más importante de la provincia, con diversas acciones de protestas coordinadas, que fueron replicadas en el Hospital de Belén. A este proceso también se fueron sumando trabajadores del Hospital de Niños de la capital. El reclamo central fue la denuncia de la retención ilegal de haberes y el atraso en el pago del aguinaldo.

Los trabajadores denunciaron que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía de la provincia retuvieron salarios correspondientes al mes de diciembre por tareas ya realizadas, particularmente horas de guardia. La medida afecta a más de 160 trabajadores, entre médicos, personal paramédico y técnicos, de hospitales y centros de salud de toda la provincia, comprometiendo más de 6.000 horas de guardia.

Según los voceros del sector, el Gobierno pretende avanzar con un recorte de alrededor de 10.000 horas sobre un total de 70.000 horas de guardia, lo que equivale a más de 416 guardias de 24 horas, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo y en la disminución de la atención sanitaria. El ajuste representa un recorte cercano a los 100 millones de pesos mensuales (El Ancasti, 29/01).

Las manifestaciones ante el Ministerio de Salud y el gobierno provincial se hicieron presentes con un petitorio, en el que exigen recomposición salarial para personal de planta y de guardia y pase a planta permanente de cientos de trabajadores precarizados, que subsisten bajo contratos de guardia. Los valores horarios, que oscilan entre 3.000 y 7.500 pesos, fueron señalados como salarios de indigencia, muy por debajo de la línea de la pobreza.

Los trabajadores denunciaron además un operativo oficial orientado a negar el conflicto y a darlo por resuelto de manera ficticia, al tiempo que el Gobierno reduce el presupuesto de salud y desvía fondos de manera arbitraria.

En este contexto, no tardó en establecerse una línea de apoyo recíproco entre los trabajadores de la salud en lucha y la docencia autoconvocada, mediante comunicados y participación cruzada en las manifestaciones. Este acercamiento abre la perspectiva de una lucha coordinada.

En contraste, la oposición parlamentaria de La Libertad Avanza y el sector liberticida de la UCR están intentando canalizar el conflicto mediante proyectos estériles de investigación o auditorías, que conducen a un callejón sin salida. La experiencia demuestra que la vía parlamentaria, con una legislatura que responde en forma mayoritaria y abrumadora a Jalil, es pedirle peras al olmo y funcional a la política del gobierno, principal ejecutor en la provincia del programa de ajuste del gobierno nacional.

La respuesta efectiva a todos estos atropellos emerge de la movilización y la lucha huelguística.

Frente a este escenario, la burocracia sindical no tardó en operar en sentido desmovilizador. En el caso docente, se apresuró a legitimar la política salarial del gobierno y a comprometer el inicio de clases, en abierta contradicción con el reclamo de las bases. En salud, ATSA y ATE actuaron mediante el silencio y la parálisis, con la tácita intención de aislar el conflicto que se desarrolla en el Hospital San Juan Bautista.

Este cuadro se completa con la lucha en la fábrica NEBA donde se han producido el despido de más treinta obreros, que enfrentan un cierre progresivo de la fábrica bajo el pretexto de la apertura de importaciones.

Asistimos a una escalada de conjunto de los gobiernos y las patronales contra los derechos más elementales de los trabajadores, salarios, condiciones laborales, estabilidad laboral, etc. Las razones que impulsan a los trabajadores a reagruparse y movilizarse coordinadamente, aunque son motorizados por estos reclamos inmediatos, trascienden el marco puramente reivindicativo pues para conquistar esos reclamos se plantea una lucha de mayor alcance, una lucha contra los gobiernos que en forma abierta impulsan estas políticas de hambre, precarización y superexplotación y reacción en toda la línea, como los demuestran los proyectos de contrarreforma laboral y contrarreforma educativa y de salud que están en curso.

Las experiencias en curso demuestran que las autoconvocatorias y la acción independiente y coordinada se perfilan como la principal alternativa frente a los límites y bloqueos impuestos por la burocracia sindical, abriendo un camino de desarrollo del movimiento de los trabajadores hacia medidas de conjunto de mayor alcance: la huelga general.