Universidades: Milei corta los adelantos en cuenta para las universidades

Durante la jornada del 29 de enero, una veintena de universidades públicas han anunciado el retraso en el pago de haberes para sus trabajadores docentes y no docentes: cerca de 11 mil trabajadores (BAE, 29/01). Esto es resultado de una disposición del Banco Central (BCRA) que no ha renovado un permiso al Banco Nación y los bancos provinciales para realizar un adelanto de fondos a entidades no financieras estatales para lograr abonar salarios o cubrir déficits. La resolución adoptada por Santiago Bausili, actual presidente del BCRA, había sido notificada por Manuel Adorni, vocero presidencial, en sus conferencias matutinas: la presentó como una represalia por el retiro del paquete fiscal de la Ley Ómnibus.

La medida fue adoptada por el kirchnerismo tras el derrumbe del gobierno macrista. Este mecanismo de adelanto se realizaba sin costo alguno. Los rectores y las federaciones docentes señalan que este atraso genera una alteración en el pago habitual de los haberes docentes. En los casos más extremos, la Universidad de San Luis señala que desconoce cuándo podrá hacer efectivo el pago. El rector de la Universidad de Rosario, que la UNR tiene firmado un convenio con el Banco Nación por los próximos cuatro años para continuar con este adelanto de haberes.

Otras universidades nacionales que poseen acuerdos con bancos privados han ofrecido sostener el sistema de adelantos sin intereses. En otros casos, como el de la Universidad de Quilmes, la gestión universitaria ha anunciado que utilizará fondos propios.

Como la medida alcanza a los bancos provinciales, generaría un impacto en diversos niveles del Estado -comenzando por las administraciones provinciales- pero alcanzaría a médicos y profesionales de diversos organismos, como Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El sistema de que “se paga cuando se recauda el dinero”, habilita retrasos mayores o incluso el pago en cuotas de los salarios por falta de dinero.

La mesa directiva de ATE anunció una reunión de urgencia ante esta situación. Las federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica) reclaman contra el ahogo presupuestario y el congelamiento de las paritarias. Los docentes e investigadores han conformado una importante columna en la movilización al Congreso el pasado 24 de enero.

El funcionamiento de las universidades para el 2024 se encuentra profundamente cuestionado. La prórroga del presupuesto 2023 significa una reducción del 75%, sin contar la inflación del verano, de los fondos estatales a las casas de estudios. El presupuesto universitario viene siendo reducido sistemáticamente en los últimos años, lo que ha redundado en un creciente avance de los convenios privados con multinacionales o la creación de espacios arancelados (cursada a distancia, posgrados). El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama un aumento de fondos del 300% para lograr mantener abiertas las universidades durante todo el ciclo lectivo.

El gobierno de los “mesadineristas” ha colocado a la universidad en el centro de sus ataques, en favor del desarrollo de una privatización más acelerada. Es necesaria una respuesta de conjunto, o sea, una huelga general. La promoción de reuniones, asambleas, coordinaciones y todo tipo de iniciativas autoconvocadas serán el ámbito propicio para impulsar acciones de lucha y la unidad docente-estudiantil.

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