La educación en la ley ómnibus: vaciamiento, privatización y prohibición de huelga

La mega ley titulada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” contiene varias modificaciones referidas a la educación. Ciertamente no establece un nuevo “punto de partida”, más bien se propone desarrollar hasta el final las tendencias actuales privatizadoras y vaciadoras que deterioran el proceso educativo. La ´baucherización ́ planteada en la campaña electoral como una reforma de “segunda generación” supone a un sistema público educativo arrasado, una tendencia de las últimas décadas que se pretende llevar hasta el final con esta “ley ómnibus”. Allí se plantea, entre otras cuestiones, eliminar la prohibición de que las universidades suscriban acuerdos que “impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”, una modificación de la Ley de Educación Superior (1995) que, de todas formas, ya había catalogado a la educación como un ´servicio´. Sin esperar la existencia de un Milei o una ley de estas características, el conjunto del régimen universitario promueve, especialmente desde la sanción de la LES, una infinidad de convenios, ofertas y servicios lucrativos. La UBA, por ejemplo, recauda más recursos bajo estas formas que las que dependen del presupuesto nacional.

Extranjeros

La ´propuesta´ con más repercusión se centraliza en el arancelamiento universitario para los extranjeros. Es la punta del iceberg del arancelamiento generalizado. “Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos que no reúnan los requisitos previstos” -ser argentino o con residencia permanente. La residencia permanente requiere, como mínimo, dos años de residencia para los países del Mercosur y tres años para los extraMercosur. El deshilachado presupuesto universitario podría ´nutrirse´ de un arancelamiento para un sector de los estudiantes, al menos durante buena parte de su carrera. De nuevo, esta línea completamente discriminatoria y que alienta un discurso fascista contra el extranjero -al mismo tiempo que se le permite a las empresas imperialistas la compra de la totalidad de las tierras- ya tiene sus antecedentes en la propia Universidad. La UBA recientemente modificó la inscripción al CBC. Antes podía realizarse con cualquier documentación extranjera, mientras que ahora solicitan la “residencia transitoria”, un trámite que demora un año. La ley de Milei busca extender eso hasta la residencia permanente. Para la Universidad se plantea, además, la posibilidad de un “examen de ingreso”, lo que en el pasado funcionaba como un enorme filtro para el acceso educativo.

Evaluaciones para todos

Entre otras reformas la ley considera la realización de un “examen censar obligatorio” para “medir los aprendizajes adquiridos”. El estudiante tendría el “derecho de conocer y recibir una certificación del resultado”, lo que el gobierno sugiere que se pueda añadir “al curriculum”. Se busca reemplazar el título secundario, que por supuesto cuesta sus materias aprobar, por un “ranking” de estudiantes, totalmente influidos por las condiciones sociales en que se desarrolla esa educación. Los docentes, que también realizan con éxito una carrera para recibir su título, serán sometidos a un “proceso de evaluación continua”, lo que “permitiría publicar los resultados por escuela”. La ´rankizacion´ educativa coloca la responsabilidad del fracaso social en sus trabajadores y estudiantes, cuando el “evaluado” -y condenado- debería ser el Estado.

En el caso de la Universidades, las mismas, ya no podrán autoevaluarse, y será necesario procesos externos a cargo de institutos como la CONEAU o de “otras entidades privadas”. La autonomía universitaria es pisoteada por una evaluación y por los criterios de un grupo de lobistas capitalistas, un proceso que tiene ya un amplio desarrollo. Este año, por ejemplo, la UBA, a instancias de la CONEAU, recortó miles de horas de las carreras de Medicina e Ingeniería por considerarlas “muy extensas”. Esos conocimientos pasan al posgrado arancelado.

Más

De conjunto esta ley es un ataque a todos los trabajadores. En materia educativa contiene más reformas como la habilitación del ́ homeschooling ́ o educación virtual desde el cuarto grado de la primaria, algo que hoy está reservado a mayores de 18. También permite el aporte de empresas a las cooperadoras y que estas puedan publicitarlo. Prohíbe, además, el acceso a la educación universitaria a los mayores de 25 que, sin terminar el secundario, puedan acreditar los conocimientos básicos. En cuanto al presupuesto -hoy directamente congelado- “se distribuye en función del número de estudiantes, tipo de carrera y otros criterios (sic) que se definan”.

El ataque de Milei a la educación abre innumerables frentes de luchas. El gobierno considera, de todas formas, que la educación es un “servicio esencial” que tiene que respetar del 75 al 90% de su funcionamiento cuando se declare una medida de lucha. Es una prohibición al derecho elemental de luchar contra estos atropellos. Las Federaciones universitarias dirigidas por Franja Morada han señalado su ´preocupación´ por el recorte presupuestario que, estrictamente, se congela. Están dispuestos a negociar con el gobierno ese punto y dejar pasar todos los anteriores. El movimiento estudiantil independiente y de lucha, sin importar que sea verano, tiene todas las posibilidades de tomar la iniciativa.