La universidad pública, en la mira del gobierno

El paquetazo de medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei incluye una declaración de guerra contra la universidad pública, que violenta su autonomía y sus condiciones mínimas de existencia.

Defensores de la privatización educativa, los libertarios (y los macristas devenidos en actuales funcionarios) pretenden llevar a fondo el desfinanciamiento y la mercantilización de la enseñanza superior y arrasar con las conquistas de los trabajadores. Para abrir paso al negocio capitalista de la universidad privada, necesitan desmantelar el sistema universitario estatal.

Presupuesto

Las universidades nacionales dependen enteramente del financiamiento que otorga el Estado nacional. Como se sabe, el gobierno ha planteado que prorrogará el presupuesto de 2023 para el año 2024. Si se confirmara esa senda, en medio de la estampida inflacionaria del 30 % mensual, el recorte a las universidades sería sencillamente abismal e impediría el desarrollo del ciclo lectivo.

Los propios rectores nucleados en el CIN señalaron recientemente que, con los fondos del 2023 ($752.000 millones), las instituciones universitarias sólo podrían funcionar hasta el mes de abril y reclamaron un aumento presupuestario de más del 300 % ($2,5 billones) (Página 12, 26/12). También se mostraron dispuestos a “evaluar prioridades” y a acomodarse al ajuste, pero el solo hecho de que las gestiones hayan prendido las alarmas revela la magnitud del ataque en curso.

A esto hay que añadir las modificaciones que incorpora la ley ómnibus enviada al Congreso. El proyecto plantea que el presupuesto estatal se distribuirá entre las universidades en función del número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida (de grado y posgrado), el área de formación y la cantidad de egresados. De esta forma, se introduce la lógica de la competencia para el reparto de los recursos, que profundizará las desigualdades existentes entre las universidades grandes y pequeñas y entre las distintas carreras. Además, se presiona tangencialmente para que las universidades eleven sus niveles de egreso, por ejemplo, mediante las carreras cortas y ajustadas a las necesidades del mercado. Por otro lado, aunque el proyecto sostiene que el aporte del Estado al sistema universitario no puede ser disminuido ni reemplazado por otras fuentes de ingreso, atendiendo al ajustazo que promueve el gobierno se abre la puerta para un desarrollo fenomenal de los “recursos complementarios” provenientes de los negocios con el sector privado.

Restricciones al ingreso y evaluaciones externas

La ley ómnibus también contempla límites significativos para acceder a los estudios universitarios. Por un lado, de forma claramente discriminatoria, se plantea la posibilidad del arancelamiento para los extranjeros sin residencia permanente en el país, y se prohíbe el ingreso de mayores de 25 años sin título secundario que acreditaran conocimientos para acceder al grado. Por otro lado, plantea que las instituciones de educación superior deberán implementar un examen o curso de nivelación que los estudiantes deberán aprobar para ingresar en la universidad. Como los estudiantes podrían optar entre una u otra forma de acceso, se genera un interrogante sobre el destino de los cursos de ingreso actualmente vigentes, como el CBC en el caso de la UBA.

Estas medidas restrictivas, sumadas al impacto de la enorme crisis social, seguramente lleven a una caída de la matrícula y una mayor deserción en la universidad pública, lo que en el diseño libertario servirá de excusa para profundizar todavía más el recorte presupuestario.

En una flagrante violación de la autonomía universitaria, la ley ómnibus reemplaza las autoevaluaciones que establece la legislación actual, por evaluaciones externas cada diez años que estarían a cargo de la CONEAU u otras entidades privadas que siguen los lineamientos educativos del Banco Mundial. Las evaluaciones abarcarían tanto a la gestión institucional como las funciones de docencia e investigación.

Salario y condiciones laborales

Un eventual congelamiento presupuestario conllevaría una pulverización de los salarios docentes y no-docentes, que ya vienen degradados por las paritarias a la baja. En el caso de la docencia, la última paritaria (firmada por todas las centrales) fue de un 6 % en diciembre y un 10 % en febrero, calculados sobre el sueldo de octubre, cuando el aumento de precios para ese período rondará el 100 %. Es indudable que el gobierno que hoy promueve una reforma laboral por decreto que liquida las condiciones de trabajo, también dejará sin respuesta a los miles de docentes que trabajan gratis o bajo formas precarias de contratación. Más que nunca, se impone la defensa del convenio colectivo de trabajo y la lucha por su implementación efectiva en todas las universidades.

Con la reciente suspensión de la movilidad jubilatoria, los docentes universitarios jubilados recibirán el reajuste en sus haberes que disponga el Ejecutivo, como el resto de los trabajadores retirados.

Construir la huelga general universitaria

Las federaciones de la docencia universitaria, que apoyaron al gobierno de Fernández-Massa, asisten a esta escalada sin una iniciativa propia. Adhieren al paro de la CGT del 24 o a la jornada de ATE del 15, pero no impulsan una lucha de conjunto por las reivindicaciones y en defensa de la universidad pública y gratuita.

Sin embargo, la avanzada de este gobierno reaccionario requiere de una respuesta decidida, que apunte a organizar una gran lucha y movilización de docentes, investigadores, no docentes y estudiantes universitarios. En lo inmediato, está planteada una pelea por los reclamos más urgentes: triplicación del presupuesto universitario; abajo toda forma de arancelamiento o restricción al ingreso; aumento salarial del 100 % para recuperar lo perdido; apertura ya de la paritaria; indexación mensual de los salarios; salario para los ad honorem; aplicación del CCT en todas las universidades; 82 % móvil para los jubilados; defensa de la universidad y del sistema científicos públicos.

Impulsemos reuniones, asambleas y autoconvocatorias para debatir, intercambiar opiniones, unir fuerzas y resolver medidas de lucha. Por este camino, preparemos una gran huelga universitaria por todas las reivindicaciones.

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La educación en la ley ómnibus: vaciamiento, privatización y prohibición de huelga Por Federico Fernández, 28/12/2023.

La UBA ´bachiller´: recorte de contenidos en las carreras de Medicina e Ingeniería Por Fede Fernández, 06/09/2023.

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