El Congreso se hunde en la ilegalidad constitucional, el atropello histórico a los trabajadores, la violación de derechos y el alineamiento de Argentina en el campo de la guerra imperialista

Escribe Jorge Altamira

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Al final de la tarde del viernes 2, el Congreso se aprestaba a votar un dictamen de la llamada ley ómnibus, que formalmente ha dejado de existir. El dictamen que obtuvo mayoría en la sesión plenaria de comisiones ha sufrido numerosas modificaciones con posterioridad. Lo que se votará es, entonces, otro proyecto de ley diferente al que recibió el acuerdo en comisiones. El procedimiento es inadmisible; lo correcto sería votar el proyecto original, el cual sería derrotado por carecer de las modificaciones que el gobierno se vio obligado a aceptar a instancias de diversos bloques de oposición. El oficialismo retiró del dictamen original, por ejemplo, el paquete judicial; y luego tuvieron lugar diversos cambios en materia de privatizaciones, impuestos coparticipables y otros articulados. El procedimiento seguido invalida la votación y el resultado de ella. No se conoce que la oposición al dictamen haya decidido retirarse del recinto para evitar la complicidad con este fraude legislativo. Esto vale, no solamente para la UxP y para el FITU, sino también para quienes votaron la versión original del dictamen. Un rechazo al dictamen mayoritario, debido a estas irregularidades, debería dar paso al dictamen siguiente en términos de votos reunidos y así sucesivamente. Lo que tendríamos al final, de acuerdo al procedimiento correcto, es el vaciamiento de la sesión debido al rechazo de todos los dictámenes presentados. El régimen político habría quedado al desnudo como un régimen de decretos de necesidad y urgencia, o sea una dictadura civil.

En el curso de esta sesión inconstitucional y antirreglamentaria, el ministerio de Seguridad desató una furiosa represión contra quienes se manifestaban en contra de la ley ómnibus. Bullrich y Wolf actuaron al margen de la ley porque no contaban con autorización judicial y porque el ‘protocolo’ que invocaban no ha alcanzado el estatuto de ley. La represión utilizó los métodos de la Seguridad sionista en Cisjordania, que es apuntar las balas de goma a los ojos de los manifestantes y hacer abuso del gas pimienta. El conjunto de hechos descriptos: 1. el tratamiento y la aprobación fraudulenta de un proyecto de ley ómnibus y 2. la violación al derecho de manifestación en base a una resolución ministerial, es pasible del juicio político al poder Ejecutivo y a los bloques parlamentarios que acompañaron estas irregularidades manifiestas.

Ajeno al tratamiento de ese proyecto de ley, pero íntimamente vinculado a él, el Congreso no trató la autorización de la salida del país del Presidente de la Nación, quien tiene prevista una reunión con Netanyahu cuando la Corte Internacional de Justicia habilitó la investigación de la masacre contra el pueblo de Gaza como un caso de genocidio. Es indudable que esta circunstancia compromete al Congreso y a las comisiones respectivas a vetar el viaje de Javier Milei a Israel. Estos hechos señalan que Argentina se encuentra, de hecho, en un régimen de facto –un objetivo implícito en el pedido de plenos poderes por parte del Presidente para la totalidad de su mandato-.

No solamente los bloques parlamentarios del amplio abanico de la oposición son responsables e incluso cómplices de esta deriva de lesa democracia. También lo es la CGT, que se ha refugiado, complaciente, en los amparos que le otorgó la Justicia del Trabajo contra el capítulo laboral del mamotreto de la LLA, pretendiendo no advertir que el amparo se limita al cuestionamiento de un decreto, cuando la reforma laboral debería salir por ley, como ocurrirá con el voto favorable a la ley ómnibus y con la vigencia continua del DNU 70/23. La burocracia sindical se ha llamado a una tregua cuando la necesidad de una huelga general era más urgente que nunca.

A sabiendas de todas estas violaciones jurídicas y constitucionales, el FMI ha reactivado el acuerdo que había firmado con Massa. Justifica su acción en la sanción de leyes que el gobierno retiró del paquete legal, como el tema fiscal, y cuando el impuesto a las importaciones, que pasó del 7 al 17%, ahora no quedaría en el Tesoro porque podría convertirse en coparticipable con las provincias. El ‘apoyo’ del FMI finge ignorar la crisis política que el gobierno ha abierto con China, lo cual compromete las reservas en yuanes en el Banco Central. Todos los medios coinciden en que el aval del FMI fue impuesto por el gobierno de Biden, en función de intereses geopolíticos. El interés geopolítico supremo del imperialismo norteamericano no es otro que la guerra contra Rusia, China, Irán y el pueblo palestino. Milei ha puesto a Argentina en el campo de la guerra mundial. En este marco, las privatizaciones previstas tienen, más allá del arrebato de un patrimonio público para las corporaciones privadas, también un significado bélico. A esto responde el alineamiento con Gran Bretaña en la cuestión Malvinas.

El desafío que presenta esta situación a la clase obrera es enorme. Los despidos han comenzado con fuerza, en función de la recesión que busca el gobierno y de la imposición de la reforma laboral; o sea, la atomización de la clase obrera y su conversión en facturera. Pero el desafío es político e histórico. El gobierno marcha aceleradamente a una fenomenal desorganización económica, que se manifiesta en el abultamiento de la deuda del Tesoro como alternativa a la emisión de moneda. La deuda pública ha alcanzado la friolera de 600 mil millones de dólares. Milei y compañía se han lanzado a un furioso plan inflacionario para desvalorizar salarios y jubilaciones, y el gasto público, con el propósito de obtener un superávit exterior para pagar una deuda impagable. La tendencia a la disolución del régimen constitucional en una dictadura civil viene acompañada de una gigantesca desorganización social y económica y, por lo tanto, de crisis políticas cada vez mayores.

La reivindicación de la huelga general debe servir para una profunda reorientación política de la clase obrera, en función de una acción independiente como clase y de la perspectiva de un gobierno de trabajadores.

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