Escribe Iñaki Aldasoro
Mientras la situación económica y social se agrava en la provincia, los partidos patronales aportan ‘gobernabilidad’ y se anotan para recibir las dádivas.
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Los diputados nacionales que votaron a favor de la Ley Ómnibus, por parte de la provincia de Jujuy, fueron los radicales Natalia Sarapura y Rizotti y el Liberal con pasado peronista Manuel Quintar. De manera negativa votaron Alejandro Vilca del FITU y Leyla Chaher de UxP. El otro diputado de UxP, Guillermo Snopek, se ausentó de la votación.
El gobernador provincial, el radical Carlos Sadir, salió a cerrar filas junto los grandes empresarios locales, como Ledesma, los tabacaleros y la minería, en una defensa cerrada de sus intereses contra las 'retenciones a las economías regionales’. Una vez corrido ese punto de la ley, ha sido un fiel delfín del proyecto de ley ómnibus dentro del radicalismo. “Las declaraciones de Milei son muy desacertadas” (El destape 29/1) había declarado el Gobernador en relación al anuncio presidencial de dejar a las provincias sin fondos. Sin embargo, sus dos diputados nacionales votaron de manera afirmativa.
El caso del diputado de UxP Snopek es paradigmático porque estuvo sin definir posiciones hasta los días previos al tratamiento de la ley. Puesto entre la espada y la pared, declaró su voto negativo y en el recinto denunció la ley ómnibus y los atropellos represivos con que el gobierno nacional pretendía llevarla adelante, haciendo un parangón con lo que sucedió en la provincia de Jujuy cuando la reforma constitucional y la represión desatada. Sin embargo, se ausentó de la votación.
Ahora que estos bloques han aportado su granito de arena para que pase en general, se aprestan a la danza de negociaciones por el voto artículo por artículo.
El gobernador ha emitido un decreto, que fue ratificado por la legislatura, de “congelamiento de la economía provincial”, donde congela la planta de trabajadores, las obras públicas, refuerza el torniquete de fondos a los municipios (en Jujuy no existe ley de coparticipación), establece una suerte de congelamiento salarial, la eliminación de horas extras o jornadas extraordinarias entre otros recortes.
Esto ha agravado el cuadro de crisis de los trabajadores. Se han producido centenares de despidos de trabajadores en varios municipios. Los salarios están congelados y el gobierno no llama a paritarias. El gobernador mandó a liquidar los salarios con un aumento del 20% sobre el básico, no remunerativo, lo que significa un aumento de entre $10.000 y $20.000 por agente dependiendo el ingreso que tenga. El piso salarial se mantiene en $156 mil pesos (El tribuno, 30/1).
En materia social, al igual que el gobierno nacional, se ha cortado la asistencia a comedores y merenderos.
El boleto mínimo de colectivo subió de $159 a $266 en 45 días. El concejo deliberante viene de habilitar aumentos mensuales del boleto. Aún así, los empresarios han reducido las frecuencias y amenazan constantemente. Su reclamo es que los salarios de los choferes y trabajadores sean cubiertos por el estado y que las empresas recauden y cubran los costos de combustibles, lubricantes y mantenimientos de las unidades. También han solicitado eliminar el BEGU, Boleto estudiantil gratuito, y otros sectores que tampoco pagan boleto, lo que pone en crisis también la educación de toda la juventud, ya que el BEGU cubre educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria.
El argumento oficial de que la provincia no cuenta con recursos que tenia previsto, de su dependencia de los recursos nacionales o del recorte de partidas por parte del gobierno nacional, no puede ser aceptado.
Sadir y “la casta” defendieron las grandes concentraciones económicas de la provincia y entregaban maniatados a los trabajadores.
El mentado “cambio de Matriz productiva provincial” iniciado por Gerardo Morales y continuado ahora por Sadir ha terminado siendo un bluff. La instalación del parque solar de Cauchari (uno de los mas grandes de Latinoamérica), la explotación del litio -Sadir se encuentra en Alemania en una misión comercial junto a los gobernadores Saenz de Salta, Jalil de Catamarca, Orrego de San Juan y la secretaria de energía Royon para buscar nuevas inversiones en la explotación de minerales-, la comercialización del aceite de cannabis, el tren solar y las zonas francas no han generado recursos ni rentas para cubrir siquiera parte de los salarios de los trabajadores de la provincia.
Además de estos nuevos negocios, la provincia tiene a los ingenios, con Ledesma a la cabeza, en la producción de azúcar, cítricos y biocombustible, el agro, el tabaco, petroleo y la minería, solo por nombrar los principales.
Mientras estos emprendimientos se benefician y tienen grandes ganancias, la línea de pobreza e indigencia sigue subiendo.
En la provincia se han producido diferentes movilizaciones desde el 24 de enero del paro de la CGT a marchas y cacerolazos contra la Ley Ómnibus y el DNU. Lo que sigue pendiente es la vinculación de los obreros con sus propias reivindicaciones inmediatas, que debe ser trabajado y agitado en los lugares de trabajo.
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