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Los principales portales de la burguesía interpretaron la decisión de Milei de eliminar los subsidios al transporte en el interior como una represalia contra los gobernadores "traidores”. Al respecto se pronunciaron intendentes, funcionarios, empresarios en diferentes ciudades del interior en donde confirmaron que, en caso de suprimir el subsidio, el costo del boleto debería rondar entre los 1.100 y 1.300 pesos. Son los casos de Córdoba, Mar del Plata, Santa Fé, Salta, Jujuy, Tucumán. En este último caso, el secretario de Transporte provincial dijo que la medida los toma por sorpresa, ya que “hace 15 días, los representantes provinciales se reunieron en la Secretaría de Transporte de la Nación y se les aseguró que el subsidio se mantendría”. (La Gaceta de Tucumán 9/2/24).
Otra posibilidad es que los gobernadores asuman con subsidios provinciales las millonarias cifras de Nación, lo que, en cualquier caso, los llevará a chocar con otras partidas presupuestarias o a implementar impuestazos provinciales. En Jujuy no descartan interponer una medida cautelar (El Tribuno Jujuy 9/2/24).
Un esquema de tarifazos en el transporte de esta magnitud, cuando los salarios están congelados y crece la miseria social, convierte el transporte público en un sistema inviable. Una inmensa masa de trabajadores y estudiantes, se verán obligados a abandonar su uso. Sin contar con la alteración de la vida social; eliminación y reducción de frecuencias, cierre de circuitos, despidos, suspensiones. Además, la restructuración del servicio de transporte altera los horarios de la administración pública, establecimientos educativos, etc. Es un problema de alcance político porque el capital necesita de la circulación de la fuerza de trabajo a las fábricas y comercios; una fuga masiva de usuarios disloca aún más el proceso social.
En el marco del capitalismo, los subsidios fueron siempre un subsidio a la patronal, ya que abarataban sus costos de funcionamiento, desde insumos, combustible, hasta el pago de salarios. Fueron, además, un factor fundamental para mitigar reclamos salariales. Ya sea a través de los subsidios o mediante tarifazos, el beneficio empresarial está garantizado y el trabajador siempre paga, el boleto con aumento o los subsidios con sus impuestos.
En los últimos años del gobierno de los Fernández, la reducción de subsidios fue progresiva: formaba parte de los acuerdos fijados con el FMI. Al punto que FATAP (la cámara empresarial que reúne a los empresarios del interior) acordaba junto con la burocracia de UTA las "medidas de fuerza" en los que el reclamo estaba dirigido al gobierno nacional y exigían el pago, siempre demorado, de los subsidios nacionales. Las provincias apoyaban “las medidas”, siempre con la venia de las patronales y a sabiendas de que utilizaban a los trabajadores como carne de cañón para que el Estado ponga los recursos. Los subsidios, tanto nacionales como provinciales, nunca fueron en favor de mejorar las condiciones laborales de choferes y mecánicos que, por el contrario, sufrieron durante todo este periodo el empobrecimiento del valor de sus ingresos con una mayor explotación por turnos y jornadas.
La reducción de subsidios y su transferencia sobre los trabajadores sigue siendo "política de Estado". La Ley Ómnibus así lo contemplaba y, a pesar de haber sido retirada del Congreso, ahora Milei adelanta la medida por fuera de los acuerdos con los gobernadores. Es decir, sin haber reunido las condiciones políticas previstas. El presidente “libertario” optó por precipitar los elementos para un estallido social.
Esta crisis es un llamado a la acción directa de los trabajadores ya que el derecho a la movilidad va de la mano con un aumento del 100% de los ingresos obreros y su indexación periódica atada a la inflación.
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