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La Secretaría de Transporte ha hecho oficial el tarifazo en el transporte urbano y suburbano para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los aumentos generales de tarifas -luz, gas, transporte- son una exigencia del Fondo Monetario Internacional para continuar con el acuerdo firmado con el entonces ministro Martín Guzman y luego por Massa y, ahora, Milei-Caputo. Las tarifas subsidiadas no benefician a los trabajadores, que tienen descontado el subsidio en su sueldo; el aumento de tarifas es, por eso, sí, una gran confiscación, porque no viene acompañado de un incremento equivalente en salarios y jubilaciones. Existe un hilo de continuidad en este asunto por parte de los gobiernos de las tres décadas pasadas.
Los aumentos anunciados rondan el 250% - la tarifa mínima a $270 y $130 para colectivo y tren, respectivamente. El subte había sufrido un aumento -porcentualmente menor- que lo llevó a $125 para el mes de febrero. Para aquellos que no hayan realizado el registro de la tarjeta SUBE, los aumentos alcanzarán los $429,30 y $260 en abril.
La tabla con los nuevos valores fue publicada en una resolución del Boletín Oficial del día de ayer. En la misma se argumenta que las cámaras empresariales del transporte acusaron un “deterioro de estos servicios, ocasionado por una creciente brecha entre ingresos percibidos y costos reales de operación torna cada vez más precaria la continuidad de los mismos”, especificando que “otras cuestiones más estructurales tienen que ver con la actualización tarifaria impostergable, y la recomposición de los ingresos de manera de afrontar los precios de los insumos, garantizando la sostenibilidad de los servicios en las próximas semanas”.(La Nación, 06/02). Los libros contables de estas empresas, sin embargo, son un secreto bien guardado. Estas empresas han recibido durante años sustanciosos subsidios que cubren el llamado “costo real” de las tarifas y no ha existido jamás audiencia alguna para evaluar el destino de esos fondos que salen del Tesoro nacional.
El aumento en las tarifas representa un golpe colosal en el bolsillo de los trabajadores. Según Página/12 (06/02), tomando de referencia un ingreso de 200 mil pesos mensuales y el pago de un único boleto de colectivo, el gasto en trasporte pasarían de representar un 1,7% del salario a un 8% del mismo.
El tarifazo había sido previsto para el 1 de febrero, pero una denuncia penal por parte del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (UxP), había paralizado el mismo. La denuncia señalaba que no se habían llevado adelante las audiencias públicas presenciales obligatorias previo a todo aumento, como estipula la ley, algo que sí se ha realizado con los aumentos previstos para luz y gas. La Secretaría de Transporte, dependiente del ministro Caputo, argumentó que había hecho una consulta web y que esa vía era igualmente válida. Finalmente, la Justicia dio la razón parcialmente a Gray y sólo cinco días después entró en vigencia el aumento.
El lunes, el gobierno actualizó el precio estacional de la energía eléctrica para los usuarios de “Nivel 1”, que incluye a familias de “altos ingresos” y a los que han renunciado al subsidio. El tarifazo eléctrico también recaerá sobre las escuelas, hospitales y universidades, a las cuales la Secretaría de Energía les quitó todo tipo de subsidio. El aumento agravará el estado de quebranto económico en que se encuentran cada una de estas instituciones. Para los usuarios de ingresos medios y bajos (niveles 2 y 3), el tarifazo llegará en el mes de abril. Con las partidas presupuestarias congeladas “algunas casas de estudios probablemente se queden sin recursos para afrontar sus gastos corrientes a mitad de año ya que no solo les aumentará la factura de la electricidad sino todos sus otros gastos” (Página/12, 06/02).
