Catamarca: crisis policial, crisis del régimen político y movilizaciones por el salario

Escribe Bruno Corzo

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La noticia del intento de ocupación de la casa de gobierno por parte de policías retirados, en el marco de una protesta por aumento de la renta mensual, ha dejado al descubierto el grado de descomposición del régimen provincial. Precedido por un periodo de creciente movilización de trabajadores de la educación, salud, administración y judiciales, la provincia convulsiona e ingresa a una etapa de rebeliones contra la política de ajuste y reacción del gobierno catamarqueño.

El pasado miércoles, una nutrida columna de policías retirados, familiares de policías en funciones y guardiacárceles marcharon a la Casa de Gobierno de Catamarca, reclamando aumento de salario y denunciando los bajos ingresos del conjunto de las fuerzas provinciales. La policía de Catamarca fue particularmente beneficiada por aumentos en los meses de diciembre y enero, respecto del resto de los trabajadores provinciales, con incrementos remunerativos y bonificaciones.

El gobierno provincial recibió a los delegados de los manifestantes policiales, quienes fueron trasladados a una reunión con la ministra de Seguridad. La misma escuchó los pedidos, aunque no estaba facultada para cerrar ningún tipo de acuerdo. Mientras tanto, un cordón de infantería trataba de contener el avance de los manifestantes que buscaban ingresar y tomar la casa de gobierno, reclamando la renuncia de la titular de la cartera de Seguridad. Posteriormente, se estableció un campamento y el gobernador finalmente se comprometió a recibirlos al día siguiente.

El jueves mismo, se planteó para los uniformados un incremento de 30 % para febrero y marzo, respectivamente, una nueva entrega no remunerativa por treinta mil pesos y actualización bimestral según el índice de precios. Con este acuerdo, se desactivó por el momento la protesta, aunque sus voceros señalaron que aún no fue satisfecho el 100 % de sus demandas.

La protesta policial se suma a una serie de choques al interior del régimen político. Fue precedido por el enfrentamiento de jueces y fiscales, el pasado noviembre 2023, cuando encabezaron protestas junto a los trabajadores judiciales, paralizando el funcionamiento del poder judicial, con marchas y piquetes, contra un recorte presupuestario fijado por el poder ejecutivo local.

En el primer bimestre del 2024, el gobierno impuso un ajuste sobre los trabajadores del estado y la docencia, con la colaboración de la burocracia sindical. Después de conceder al aparato policial cifras superiores respecto de los trabajadores, la ministra de Hacienda declaró públicamente que nuevas actualizaciones implicarían graves consecuencias para las finanzas provinciales y la necesidad de emitir bonos o cuasimonedas. De esta manera, ratificó la política ajustadora para este 2024.

El miércoles por la tarde el centro de la ciudad capital asistió a una marcha encabezada por los docentes autoconvocados que repudiaron el acuerdo de la burocracia sindical y el gobierno, denunciando un ajuste respecto de la paritaria 2023 y reclamando la inmediata apertura de la paritaria 2024. En esta oportunidad, a la columna de los docentes se sumaron trabajadores de la salud y de la administración pública, quienes tomaron la palabra para señalar un camino idéntico en el reclamo de aumento de salario y denuncia del empobrecimiento de los trabajadores.

La jornada del miércoles cerró con una asamblea docente que ratificó el camino de lucha, el pliego de reivindicaciones encabezado por el aumento salarial superior al 100 %. Se plantean nuevas acciones para la próxima semana.

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