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Por decreto, el gobierno ha corrido el arco nuevamente y la actualización de las jubilaciones por inflación recién pasaría a pagarse en julio. En el ínterin, dispuso “un incremento extraordinario equivalente al 12,5 %”, calculado sobre los haberes de marzo, y, además, “un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio” de 13,2 %, equivalente a la inflación de febrero.
Sin embargo, el aumento de haberes no incluye la actualización del bono de $70.000 que cobran quienes tienen la jubilación mínima ni tampoco altera el tope de $204.445,30 que rige actualmente. Por lo tanto, los jubilados que perciben el mínimo, aunque este pase de $130.000 a $170.000, en abril cobrarán sin ningún aumento de bolsillo. “En mano, el monto tendría incluso una leve reducción, de $200.412 a $199.308, ya que el refuerzo no tiene descuentos, mientras que el haber propiamente dicho sí lo tiene” (La Nación, 25/3). El DNU no aclara qué ocurrirá con el bono a partir del mes siguiente, cuando se aplique el “adelanto de la movilidad” para el empalme con la nueva fórmula. Esta situación afecta al 75-80 % de los actuales jubilados.
La movilidad vigente toma en cuenta el índice de aumentos salariales y la recaudación. Los salarios vienen retrayéndose como resultado de los acuerdos a la baja y los ´topes´ dictados por el Ministerio de Economía, mientras que la recaudación está en caída como producto de la recesión inducida por la política económica del gobierno.
Por otra parte, la postergación en la aplicación de la nueva fórmula, que toma en cuenta el índice de precios, es otra maniobra confiscatoria, pues comenzará a aplicarse cuando, nuevamente, el INDEC comience a registrar un ´enfriamiento´ de los precios como resultado de la caída vertical del consumo. El gobierno intenta postergar, llegado el caso, lo que Carlos Melconian llamó “la explosión de la masa jubilatoria”, porque si la nueva fórmula tendrá en cuenta la inflación pasada y eventualmente esta, en algún momento del año, podría ser superior a la inflación futura, la masa de dinero destinada al pago de haberes pondría en jaque el “superávit fiscal” que el gobierno impostó postergando pagos y, sobre todo, pisando las jubilaciones con la fórmula heredada del gobierno de los Fernández-Massa. La “motosierra” del gobierno consiste, básicamente, en el despido en masa de empleados estatales y la confiscación de las jubilaciones y la asistencia social.
La ´oposición amigable´, hace apenas dos semanas, chillaba que los jubilados “no pueden esperar”. Convocó a una sesión especial para imponer una nueva fórmula -similar a la del oficialismo, con algunos puntos más de ´empalme´-, pero quedó a apenas 3 votos de reunir quórum y se conformó con ir a discutir una variante ´consensuada´ en las comisiones parlamentarias. No ha dicho palabra ahora sobre este guadañazo. Kicillof, por su parte, lo calificó de “atraco”, pero también lo fue la fórmula que trajo el gobierno anterior. El gobernador bonaerense prometió un frente legislativo con los Pichetto y los Carrió para impulsar una nueva fórmula de movilidad.
La situación de los jubilados es desesperante. Los expedientes de sus reclamos por vía judicial están parados en la Corte Suprema, donde se acumulan apelaciones de la ANSES que datan de 2009. Eugenio Semino, de la Defensoría de la Tercera Edad, lo calificó de “crisis humanitaria”.
A costa del hambreamiento de seis millones de jubilados, el gobierno prepara las condiciones para el retorno de los fondos de pensión: así consta en los diez puntos del “pacto de mayo” que está negociando con los gobernadores, los cuales ya le dieron la venia ´en general´.
Redoblemos la movilización de los miércoles en Congreso, construyamos una huelga general autoconvocada.
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