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Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, no se equivocó cuando, en una conferencia que realizó días atrás, dijo a sus asistentes que el gobierno no necesitaba “ni diputados, ni senadores, ni gobernadores” para hacer lo que le parezca. Ahora, Milei-Caputo han resuelto dar por concluidas las tratativas sobre la nueva movilidad jubilatoria, imponiendo en su lugar un DNU que establece la actualización por inflación a partir de abril. Naturalmente, el punto fuerte del decretazo es el desconocimiento global de la inflación acumulada en los últimos cuatro meses y, en su lugar, un “resarcimiento” que implicará una pérdida del 15 al 20% en el valor real de los haberes. Esta nueva detracción se suma a la caída del 50% que soportaron las jubilaciones en el último lustro (Ismael Bérmudez en Clarin, 22/3).
Pero más allá de esta nueva confiscación, el decretazo tiene otro mensaje claro: al reemplazar a una futura ley por un decreto, Milei-Caputo han dejado establecido que, en relación al tema previsional, podrá volverse al decreto tantas veces como sea necesario. Es como si la nueva “fórmula de ajuste” hubiera nacido muerta, porque la única “fórmula” realmente vigente es el capricho de la camarilla oficial. Esto ocurrirá si se vuelven a disparar los índices inflacionarios, y el gobierno quiera eludir la situación de tener que indexar las jubilaciones al mes siguiente.
Como ocurre con todos los despojos a los jubilados, el decreto urgente ha sido dictado “en nombre de los jubilados”, en este caso, “para no demorar más los reajustes”. Eran los mismos argumentos que sostenía la “oposición dialoguista” que llevó la cuestión de la movilidad al Congreso. El único que reconoció crudamente el alcance ajustador de estas iniciativas fue el economista Carlos Melconian, quien abandonó su ostracismo para advertir acerca de “una explosión impagable de haberes” (Clarin, 18/3). Se refería, claro, al impacto de cualquier reconocimiento o indexación de las jubilaciones con la inflación de los primeros meses del año. El decreto de estas horas pretende parar esa “explosión”, a costa de condenar a los trabajadores jubilados a recibir la tercera parte de la canasta de pobreza.
“Hacemos” la venia
La miseria social que deja a los jubilados este episodio sólo es superada por la miseria política de la oposición que llevó al parlamento la cuestión de la movilidad, y que ahora deberá archivarla. Pero después de haber sido pisoteados por Milei, los “dialoguistas” presentan al decretazo oficial como una victoria propia, y saludan sus resultados. “Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”, dijo el jefe de bloque de la Coalición Cívica y miembro del interbloque “Hacemos”, Maximiliano Ferraro. La UCR fue todavía más lejos, y sacó un comunicado donde “apoya la actualización por IPC”, aunque aclara que “la vía parlamentaria es el camino más indicado”. Los radicales “insisten” en una “mayor compensación” por el empalme de los dos índices de movilidad, y “confían” en alcanzar ese reclamo a través de una ley – ello, cuando el decretazo es la señal más clara de que Milei dará por concluida cualquier tratativa parlamentaria sobre el punto.
Los demócratas se arrodillan ante el gobierno por decreto, porque en el zarpazo a los haberes existe una cuestión estratégica para toda la burguesía y sus partidos: transformar a las jubilaciones en un estipendio asistencial, para “liberar” al presupuesto nacional de su peso y poder aplicar esos recursos al pago de la deuda pública.
A partir de este manotazo del ejecutivo, la cuestión jubilatoria ha sido retirada del camino de la ley ómnibus. Pero el punto central de esa ley es la delegación de poderes al Ejecutivo, o sea, la consagración del gobierno por decreto. Al saludar la medida oficial, los “dialoguistas” han dejado establecido su compromiso en llevar adelante la autoanulación del Congreso, como pretende Milei.
