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Tras el fallo dictado por el camarista Víctor Violini, hace casi un mes, que permitió la excarcelación de reclusos de las cárceles en el contexto de la pandemia Covid-19, la Suprema Corte bonaerense resolvió dar curso al recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Carlos Altuve por considerar que existía "gravedad institucional" ya que el representante del ministerio público denunció arbitrariedades en la efectivización de la medida.
De este modo se frenan las excarcelaciones en carpeta o futuras. La situación las 2.200 excarcelaciones ya efectuadas se definiría en el plazo de una semana.
La respuesta de Kicillof al fallo de la Corte fue plantear la construcción de módulos de aislamiento dentro de los perímetros de los centros penitenciarios. Crearía 1.350 nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Bonaerense con una inversión de 800 millones de pesos.
Estos módulos estarían previstos para aislar enfermos leves de coronavirus que no requieran atención hospitalaria. También evalúan usar con este objetivo los salones de usos múltiples, gimnasios y talleres de trabajo.
Una salida por la tangente frente a cárceles superpobladas de la provincia de Buenos Aires que cuentan con casi 52 mil reclusos frente a una capacidad sólo para 25 mil en una situación de precariedad absoluta. Un caldo de cultivo para la expansión del virus, precisaemnte cuando se diseña una reapertura de actividades que carece por completo de preparación
