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El gobierno “evalúa” acudir a la Justicia, tras los fuertes aumentos que las empresas de medicina prepaga aplicaron desde que él mismo desreguló el sector a través del DNU 70/2024. Las acusa de “cartelización” por la coincidencia de los incrementos que aplicaron las compañías líderes del sector: Galeno, Omint, Medicus, Swiss Medical y OSDE. Luis Caputo, el ministro de Economía, afirmó incluso que las prepagas le habían “declarado la guerra a la clase media”. Más tarde, Milei intentó poner paños fríos: "No creemos que lo hayan hecho con mala intención”.
El decreto 70 removió los artículos e incisos de la ley 26.682 que sometían a algún tipo de autorización previa el incremento de las tarifas del sector. Desde entonces, las empresas dispusieron aumentos similares, entre enero y abril, de un 158 %, en promedio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, en el mismo periodo, arrojó una suba promedio del 74,77 %, la mitad del aumento de las cuotas de las prepagas. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la proporción del gasto en la medicina prepaga dentro de un sueldo formal promedio trepó al 30 % en abril. Los más afectados son los afiliados de mayor edad, ya que el DNU 70 sustituyó el artículo 17 que habilitaba a las prepagas a cobrar con una variación máxima de tres veces entre franjas etarias, removiendo todo tipo de protección sobre personas mayores o con afecciones especiales, habilitando para esos grupos subas por encima del 150 por ciento promedio. Según el tipo de plan y la edad del afiliado, las cuotas pueden superar tranquilamente los $250.000 mensuales.
Mientras continúa “evaluando” recurrir judicialmente las consecuencias de su propio decreto, el gobierno se sumó a la denuncia que presentaron los legisladores de la Coalición Cívica a principio de año, fundamentada en declaraciones periodísticas de Claudio Belocopitt (titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud). Al día siguiente de la firma del decreto que venía a fomentar “la competencia”, Belocopitt anunció que las empresas se reunirían en la cámara que las agrupa para determinar el aumento y, desde entonces, todas comenzaron a subir prácticamente los mismos porcentajes. Atribuye el aumento al ´atraso´ tarifario y al incremento general del precio de los insumos y otros gastos, incluidos los de personal, aunque los trabajadores de la sanidad e incluso los profesionales vienen sufriendo por la caída libre de sus ingresos. Belocopitt había anticipado que, con la normalización de las tarifas, “la gente se va a caer del sistema" y dejó en claro que sus productos están orientados a un nicho de alto poder adquisitivo y “no a todo el mundo”. La mencionada denuncia apuntaba contra un incremento supuestamente acordado en torno al 40 %. El expediente se encuentra en poder de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, presidida por Alexis Pirchio, un economista de la UADE y CEMA y exfuncionario durante el gobierno de Mauricio Macri.
El incremento de las prepagas tiene un efecto devastador en la cobertura de salud de la población. Por un lado, ha sido el refugio de un sector de la pequeña burguesía frente al colapso de la salud pública, incluyendo segmentos profesionales o independientes que facturan como monotributistas autónomos y no tienen otra cobertura. Pero también afecta a las obras sociales sindicales, ya que muchos sindicatos han tercerizado la atención de la salud de sus afiliados en las empresas de medicina privada, cuyas cápitas subirán proporcionalmente a este tarifazo.
Los “campeones de la libertad” dolarizaron los ingresos del capital y pisaron salarios y jubilaciones. La intervención del gobierno es una manifestación de las contradicciones explosivas del programa ´libertario´: la brutalidad del ataque pone en entredicho la viabilidad de su propio gobierno, acicateando el malestar de todas las clases sociales.
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