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Dentro del decretazo, Milei anunció medidas en relación al sistema de salud que implican un brutal ataque al acceso de la salud por parte de la clase obrera, como la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales y la implementación de precios diferenciales para los planes prestacionales según franjas etarias.
Según estas medidas, por un lado, cada afiliado/a podrá decidir a qué empresa destinar la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios y usuarias de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. De acuerdo al decreto, esa intermediación no existirá más. Esto coloca en un pie de igualdad a las empresas de medicina privada con las obras sociales. Actualmente, muchos trabajadores y trabajadoras derivan sus aportes a una obra social que tiene convenio con una prepaga, pagando, si así lo requiere, la diferencia entre el costo del plan y el aporte que se descuenta del salario. Lo que queda por verse es si las prepagas otorgarán la cobertura al trabajador y su grupo familiar con el aporte obligatorio o cobrarán algún adicional para alcanzar el costo del plan médico, o fijarán planes diferenciados, cubriendo como mínimo el Plan Médico Obligatorio. Todo indicaría que se impondrá el pago de un extra, además de los aportes derivados y el recorte de los planes para quienes no puedan pagar demás.
A su vez, el DNU deroga el decreto 743/22 que había fijado por 18 meses un tope máximo el 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el aumento de la cuota mensual de los afiliados que ganan hasta seis salarios mínimos (Clarín, 20/12), es decir libera el aumento de las cuotas de las prepagas. En relación a esto, Claudio Belocopitt, en entrevistas radiales, confirmó que los aumentos serian entre 40% y 50 %. Además, adelantó que se reuniría con los referentes de la Unión Argentina de Salud (UAS) para “definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante de manera ordenada” (Página/12, 21/12). Afiliados y afiliadas a prepagas ya están recibiendo los mails que anuncian los aumentos.
Las medidas anunciadas apuntan al arancelamiento de la salud y a su privatización. Puede ser que la medida impacte en una nueva reconfiguración del sistema de salud, por el cual afiliados de prepagas vuelvan a las obras sociales sindicales (que atraviesan un vaciamiento) o que se mantengan en planes más bajos. En ambos casos, para poder acceder a prestaciones que no cubran los planes, deberán abonar los copagos, algo que ya está instalado. La crisis de la salud se va a agravar a medida que avance la crisis sobre el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras porque los aportes van a ser cada vez menores. La recesión y el desempleo van dejando a trabajadores y trabajadoras fuera de cobertura.
En este contexto el sistema de salud salud público, ya sobrecargado, deberá atender a más usuarios y usuarias que vayan quedando fuera del régimen de obras sociales y prepagas.
Se impone en la agenda la necesidad de impartirle una derrota al decretazo antiobrero de Milei, derrota que no vendrá de la burocracia sindical, responsable del vaciamiento de las obras sociales y que busca analizar el DNU y darle tiempo al gobierno, si no de las autoconvocatorias, como las que se vienen realizando desde el 20 de diciembre.
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