Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo

La aplicación del ‘protocolo’ represivo y el DNU anunciado por Milei en la noche de ayer han modificado, en principio, el conjunto de la situación política. El gobierno ha lanzado una verdadera ofensiva. El aparato de Estado libertario está forzado a imprimirle una velocidad excepcional si, digamos, pretende repetir la proporción de un policía por cada dos manifestantes para impedir la marcha del 24 de Marzo dentro de tres meses.

Algunos de los centenares de puntos del DNU ilustran el alcance de esta ofensiva. De un plumazo ha privatizado el sistema de salud y liberado las tarifas. El salto deja atrás todos los proyectos precedentes de coordinación entre los diferentes subsistemas existentes para alcanzar ese mismo propósito. El beneficio es para cinco prepagas y para las compañías de seguros que no demorarán en ofrecer un contrato de riesgo de salud.

Una norma en apariencia anodina -el retiro de subsidios para combatir el fuego- da piedra libre a la apropiación privada de los humedales, un enorme bocado para el gran capital agrario, en abierto desmedro del medio ambiente.

La derogación de la ley de tierras, que limita mentirosamente el acceso del capital extranjero, apurará rápidamente el remate de tierras fiscales, en especial en la Patagonia, en beneficio de capitales internacionales, como el caso del emir de Qatar, que está primero en la lista de financistas de Hamas.

El DNU equivale, en buena parte, a un listado de negociados en estado de espera que han entrado en fase de ejecución. La presión por derogar de inmediato la ley de alquileres es significativa, porque el mayor problema de la locación de viviendas no es el conflicto arrendador-arrendatario, sino la hiperinflación. Milei prefirió en este caso el atropello a la prudencia, para dejar clara la finalidad de defender la propiedad privada a cualquier precio. Ha introducido, además, en esta derogación, una cláusula que da curso legal al dólar , en línea con “la competencia entre monedas” y la misma “dolarización”. En cuanto a la eliminación del “compre nacional”, el propósito no es poner fin a los curros que habilitaba este sistema cartelizado, sino desarrollar curros de mucha mayor escala. El acuerdo Mercosur-UE se encuentra condicionado, precisamente, a la exigencia europea de acceder al mercado de licitaciones públicas suramericano. Lo mismo ocurre con el planteo de Milei de que la obra pública sea financiada por capitales financieros, con garantía del Estado. Estados Unidos tiene, por el contrario, un sistema proteccionista poderoso de las compras del Estado, a lo que Biden ha agregado un Acuerdo de Impuestos que grava todas las importaciones que no estén suscriptas a una cadena de producción controlada por una empresa estadounidense o radicada en ese país.

La cuestión previsional tiene su destino sellado: la camarilla ‘libertaria’ la convertirá en una pensión a la vejez, con remuneraciones de indigencia.

La reforma laboral, sin embargo, ha quedado a medio camino. Enormemente perjudicial para los trabajadores, al modificar negativamente las indemnizaciones, los tiempos de prueba y los horarios extra de labor, deja para más adelante el propósito de abolir los convenios por industria e incluso la instauración de los contratos individuales (sin embargo, el artículo 86 del DNU altera al articulo 6 de la ley 14.250. En tanto antes un convenio seguía vigente cuando no había acuerdo para modificarlo, ahora esa vigencia queda supeditada a un acuerdo explícito entre patronal y sindicato y, de no haberlo, a una resolución del Poder Ejecutivo. Sería el fin de la ultraactividad). Esta operación en dos tiempos obedece a la intención de manejar las paritarias vigentes que están afectadas por un escenario hiperinflacionario. Pero en sintonía con el “protocolo” ha derogado el derecho de huelga –asambleas, piquetes de fábrica, manifestaciones en calles y rutas-. Antonio Boggiano (h), un cavernario del “libertarianismo”, ha pedido espacio en La Nación para profetizar que “Vamos a una tormenta” e invocar que un “Dios nos guarde de un nuevo fracaso”.

La ofensiva de Milei revela a un gobierno en estado de pańico.

El escorpión y el cocodrilo

Por otra vía, no menos ilegal, Milei ha subido la deuda pública en mucho más que el ciento por ciento (se ajusta al dólar, que subió un 120 por ciento). En cuanto a ilegalidad, ha designado a un presidente del Banco Central sin enviar el diploma al Senado, y lo ha sentado, en un abierto acto libertaricida, en las reuniones del gabinete. Este amigo de Caputo, de nombre Bausili, ha decidido fijar la tasa de interés que deben cobrar los bancos a sus clientes. Un caso de ‘socialismo’ explícito. Pero el decreto compensa esta intervención populista con una transferencia a la banca privada de los depósitos judiciales: el financiamiento más barato en la plaza. Milei ha puesto la mira en la privatización de la banca pública, una creación de sus ancestros -Carlos Pellegrini-, para que el Estado pueda salir al rescate de los bancos privados. El paquete del DNU ha debilitado aun más la posición del sistema bancario en la economía nacional. Durante todo el año preelectoral los bancos intentaron evitar esta salida -por eso votaron a Massa-, pero han fracasado. Con esta percepción, los brasileños decidieron vender el banco Itaú al Macro, que se quedó con el fardo de las Leliq.

Milei y Caputo le han sacado a los bancos el jugoso beneficio de las Leliq, a cambio de títulos o deuda del Tesoro. La deuda del Tesoro, entre devaluación y transferencias del Central, ha pasado del equivalente a 120.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. Esto signifca un aumento enorme de la erogación de intereses, por parte del Tesoro, o sea, un aumento brutal del famoso déficit público. Este diseño demuestra que toda la política libertaria se resume en ajustar el presupuesto público en cifras nunca vistas, que Milei cuantificó en el 15 % del PBI, o 75.000 millones de dólares, o sea 65 billones de pesos. Con el pasaje del déficit ‘cuasi fiscal’ al Tesoro, el contribuyente se hace cargo del fardo de esta hipoteca. Como la tarea es imposible, el Estado deberá recurrir a nuevo financiamiento o postergación de pagos por cifras inverosímiles. En estas condiciones, pasar de la hiper a una inflación ‘normal’ implicará una depresión económica sin precedentes. Varios consultores aseguran que en marzo-abril será necesaria una nueva devaluación del peso.

El conjunto del edificio social y político de Argentina ha entrado en un colapso aun más severo que el previsto antes de las elecciones.

Régimen político

Ese colapso se habrá de manifestar en el Congreso. El mecanismo perverso de los DNU permitirá que un decreto derogue leyes y sancione leyes nuevas. El gobierno, con aliados, tiene mayoría en la bicameral que tiene que ratificar el decretazo. En nombre de no comprometer la ‘gobernabilidad’, los partidos opositores se ampararán en las complicaciones para derogar los DNU, que de ese modo serán sancionados. Esta complicidad no será gratuita, porque pondrá en la picota la credibilidad del Parlamento, agravará la situación financiera de las provincias y, en un marco hiperinflacionario, podría producir la emisión de monedas provinciales.

El DNU ha provocado críticas airadas entre los liberales de derecha. Daniel Sabsay, luego de calificar al decreto como “una locura”, se interrogó: “¿Si le bajan todo qué van a hacer?”. Agregó: “No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni el gobierno militar con la CAL, se animaron a hacer algo así. Arrasa con todo de la noche a la mañana, sin que se discuta nada”.

Sabsay caracteriza el decreto como un intento de “plebiscitar su gobierno”. Advierte con esto una supresión de facto o de jure del Congreso. En el señalamiento de lo que sería una aventura, se manifiesta un potencial aislamiento político terminal del gobierno. Este impasse llevaría a un improbable intento de negociación política por parte de Guillermo Francos, el ministro del Interior. Pero no pasaría de un cuarto intermedio.

En cuanto a los sindicatos, un redactor de La Nación dice que “Apuntan a que las paritarias sean cortas y con cláusula gatillo”. Hasta mayo se “habilitaría el ajuste automático por inflación”. En el pasado reciente, este método paritario llevó a una desvalorización del 30 % de los salarios, porque la inflación subsiguiente era mayor que la que se tomó como índice de ajuste. Seis millones de trabajadores no registrados y autónomos carecerían incluso de esta protección. En este escenario, la línea de partida de la burocracia de la CGT es una ‘tregua’ hasta mitad de año.

Las Coordinadoras Obreras

Toda la ofensiva del gobierno apunta a infligir una derrota a la clase obrera y a reducirla al inmovilismo. No es sólo un asunto de paritarias o convenios, sino todo el ataque a derechos políticos y sociales, que necesita del apoyo firme de la burguesía y de un armado político internacional, que Milei construye con el imperialismo de la OTAN y el sionismo.

La respuesta a esta ofensiva no va a partir, de ninguna manera, del armado político-sindical anacrónico que domina al movimiento obrero y las organizaciones sociales. La marcha del 20 de diciembre fue recibida por las direcciones de estos aparatos con rechazo y hostilidad. A su debido momento, estos aparatos se reacomodarán para contener las luchas que procederán de lo profundo de los trabajadores.

Otro aspecto de este escenario es el voto a Milei de parte, especialmente, de los trabajadores más explotados, castigados o desprotegidos, como repudio, precisamente, a esos aparatos. No alcanza con señalarles que la cuarta o tercera parte del gobierno de Milei está compuesto por massistas, peronistas y hasta kirchneristas. Es necesario abordar a este sector desde afuera de esos aparatos, para salir del desconcierto que pusieron de manifiesto las últimas elecciones, con candidatos reaccionarios por partida cuadrúple.

El abordaje de la propaganda, la agitación y la organización en este escenario explosivo y confuso a la vez debe partir de lo elemental: a la devaluación y a la hiperinflación responder con un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones e ingresos sociales. Las convocatorias paritarias sólo importan como instancia para exigir que el petitorio sindical sea discutido y aprobado por asambleas y plenarios con mandatos de base.

La táctica política debe centrarse en el punto fuerte de una lucha, incluso si parece pequeño. Hay una vasta red de activistas, delegados y, en algunos casos, direcciones sindicales, que son el producto del levantamiento popular de hace dos décadas y de otras luchas recientes (salud, prensa, docentes, transporte, portuarios). Sobre la base de una plataforma de lucha deben reunirse en Coordinadoras Obreras, como el primer factor dinámico de la situación presente, con capacidad de potenciar toda la crisis. Deben ocupar el primer lugar en la lucha contra el aventurado intento de implantar una semidictadura semibonapartista, por parte de aquellos mismos que fueron derrocados el 19 y 20 de diciembre de 2001. Las Coordinadoras deben propagandizar la lucha contra las guerras imperialistas y contra la masacre del pueblo palestino.

El reclamo de “Un paro nacional de la CGT” es una perfecta abstracción; en torno a la CGT no transcurre ningún movimiento de masas. Levantada como consigna de sectores combativos es un intento de absolverse a sí mismos de la carencia de una política concreta. En 2013, en torno a la seccional FATE del SUTNA, se impulsó una coordinación obrera que atrajo la atención de toda la clase. Eso ocurrió con los luchadores del Subte a partir de 2002. En todas las provincias -Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Jujuy- tuvieron lugar grandes luchas a partir de un núcleo concentrado de fuerzas en determinados sindicatos o empresas.

Para mover al mundo no se puede abarcarlo; alcanza con una palanca en el punto cierto del planeta.

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