Publicamos el texto central de las discusiones.
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Nuestro partido, Política Obrera, realizará su III° Congreso el fin de semana del 20 de junio próximo.
Cualquier luchador es consciente de la importancia de una deliberación de estas características en estos momentos. De un lado, tenemos en el gobierno una tentativa política contrarrevolucionaria que es protegida cuando no apoyada por el conjunto de la oposición parlamentaria patronal. El DNU 70/2023 es la expresión concreta de esta política contrarrevolucionaria. El Rodrigazo en marcha ha sido impuesto, a diferencia del pasado, a partir de un mandato electoral. Esto es una expresión de una gran crisis de orientación de la clase obrera y los trabajadores. A través de la experiencia de las masas con esta tentativa contrarrevolucionaria, es nuestra perspectiva de que se abrirá, a través de luchas crecientes, un período revolucionario. Este es, en apretado resumen, lo que Política Obrera discutirá en el Congreso.
Precisamente por estas razones nos proponemos que la discusión tenga un carácter abierto y comprometa a los sectores más activos de la nueva generación obrera. Es un método que hemos defendido a rajatablas a lo largo de toda la historia del Partido Obrero. El proletariado debe ser involucrado en el proceso de elaboración política de un partido cuyo objetivo estratégico es el gobierno de trabajadores, la unidad socialista de América Latina y la instalación de una República socialista internacional de Consejos Obreros. Para cualquier activista que acompañe los acontecimientos internacionales debe resultar cada vez más claro que sin la victoria de este objetivo, el desarrollo de la presente guerra mundial empujará a la humanidad a la barbarie y a la catástrofe nuclear. Para Política Obrera, el desarrollo de un partido revolucionario debe estar ligado a la construcción de una Internacional Obrera – la IV Internacional.
En función de todo lo planteado nos proponemos un objetivo desafiante: que los luchadores obreros participen del debate de este Congreso, mediante la asistencia a plenarios y por medio de estas páginas. Hay que dar vuelta la tentativa contrarrevolucionaria de la clase capitalista liberticida y aprovechar sus contradicciones insuperables para convertir la actual situación en revolucionaria.
El ascenso de Milei al gobierno inaugura una nueva etapa política. De un lado, porque representa la mayor ofensiva capitalista contra la clase obrera desde la dictadura militar. Del otro lado, porque ha puesto en crisis al conjunto de las relaciones políticas que emergieron luego del levantamiento popular del 2001 (el ‘reinado’ K, con la convivencia adicional con el macrismo). Constituye una nueva tentativa de desmantelamiento del derecho laboral y del proteccionismo económico, luego del Rodrigazo de 1975 y el gobierno militar de Martínez de Hoz, pasando más tarde por los gobiernos de Menem y de Macri, que terminaron en un derrumbe económico y político. Esta nueva etapa representa, en tercer lugar, un renovado desafío para la clase obrera. El gobierno de la ultraderecha la obliga a reorganizar su organización, sus medios de acción y su perspectiva estratégica.
La victoria de la llamada LLA se asienta en la crisis de poder que puso de manifiesto el desmoronamiento electoral del peronismo y del macrismo en las elecciones de renovación parlamentaria de 2021, cuando perdieron seis y tres millones de votos, respectivamente, a manos de la abstención, fundamentalmente. Esa debacle fue la consecuencia de la crisis desatada por la pandemia y la cuarentena; el salto inédito en los niveles de pobreza fue impulsado por la financiación gratuita de las corporaciones capitalistas, en especial las de la medicina privada, las prepagas y los laboratorios (el estado financió a las prepagas por casi 20 mil millones de dólares). Los bancos obtuvieron ganancias inauditas, al financiar el retiro de pesos mediante el endeudamiento del Banco Central. Ese rescate al capital desató un proceso de características hiperinflacionarias. La conexión entre el subsidio al capital y la inflación desnuda la falacia de atribuir la inflación a los gastos de jubilaciones o a los planes sociales. Cuando insiste en “limpiar el balance del Banco Central”, que ha financiado a todo el sistema bancario (con Leliqs equivalentes a 40 mil millones de dólares y a tasas de interés extravagantes), Milei reconoce que la inflación es una consecuencia del subsidio al capital –no a los trabajadores-.
El binomio de los Fernández no se recuperó nunca de la crisis política ocasionada en las elecciones de medio término. Se generó una vacancia de poder que convirtió a Sergio Massa en un Poder Ejecutivo sustituto; fue el aporte del kirchnerismo a la derechización del escenario político. El macrismo tampoco se recuperó de la catástrofe electoral de 2021 –sea el Pro, JxC o el radicalismo-. Para salir de esa crisis política, Massa planteó la Unión Nacional con el apoyo de un ala de JxC -Larreta- y del embajador norteamericano, Marc Stanley. Milei llegó al gobierno a contramano de ese planteo. Ahora, esas mismas fuerzas -el imperialismo y gran parte del capital local- le reclaman que selle una unión nacional devaluada con los bloques ‘dialoguistas’ del Congreso e incluso con una parte del peronismo. La victoria en la segunda vuelta de las últimas elecciones generales, obtenida con el voto de la mayoría de quienes lo habían hecho en la primera vuelta por JxC, le ha otorgado a Milei un mandato contradictorio: por un lado, desmantelar el régimen político precedente, calificado como “casta”, y por el otro tejer un sistema de alianzas que preserve el llamado “orden institucional”.
La victoria de Milei-Villarruel incorpora a Argentina a la tendencia ultraderechista que se manifiesta en el plano internacional. Nos referimos a Trump y Bolsonaro, que buscan la revancha de sus derrotas recientes, o a la italiana Meloni, jefa de una fuerza mussoliniana, e incluso Erdogan, que acaba de sufrir una fuerte derrota en las elecciones municipales. Se inscribe en esa tendencia el ultra-franquismo en España, Vox, que sin embargo retrocedió en las elecciones nacionales hace pocos meses, o el avance de la derecha racista en Suecia. En Hungría, Viktor Orban ha gobernado dos mandatos, sin salir del marco constitucional de su país ni de la Unión Europea. Lo más destacado es el crecimiento de la AFD, en Alemania, que se descuenta ganará el gobierno en varios estados en las elecciones venideras.
Es necesario precisar que se trata de una tendencia a la derecha en el marco de una guerra mundial, que tiene a la cabeza no a la ultraderecha sino a sus rivales, los gobiernos imperialistas liberales, que la impulsan en nombre de la democracia y la autodeterminación nacional. El desarrollo de la ultraderecha se produce con un alto grado de volatilidad política. Tiene lugar en el marco de una crisis social creciente y se desvanece o rota por países diferentes. Hace un par de décadas el epicentro de la derecha estaba en Austria y, hasta cierto punto en Francia. Putin y Xi Jinping reúnen las características de gobiernos derechistas autoritarios. En China y Rusia, el coqueteo con el liberalismo ha quedado en el pasado –hace dos décadas-.
La tendencia ultraderechista, sin embargo, no debe confundirse con el fascismo, ni tampoco sus gobiernos. El fascismo se distingue de las diferentes categorías de autoritarismo político por la movilización de una base de masas reaccionaria; por el propósito de asestar una derrota estratégica a la clase obrera y a la democracia en general; y prospera en condiciones de disolución del régimen capitalista. Es también la consecuencia de una agudización de las rivalidades interimperialistas y ha servido como instrumento de una guerra civil internacional.
Lo que existen en la actualidad son regímenes bonapartistas o semibonapartistas, o sea de un elevado grado de poder personal. Confundir el bonapartismo con el fascismo constituye un error de caracterización mayúsculo; el fascismo es una excepcionalidad. En Italia, una corriente regionalista pero de características fascistas -La Lega- ha sido desplazada por la corriente tradicional del fascismo -Fratelli d’Italia-, cuyo gobierno ha sido cooptado por el régimen semiparlamentario. La mayor parte de las Constituciones políticas dan un amplio espacio al bonapartismo, como ocurre en los estados presidencialistas e incluso en los parlamentarios –por ejemplo Gran Bretaña, que otorga facultades amplias al gabinete y a los primeros ministros-. El gobierno de Macron, en Francia, ha asumido un carácter cada vez más bonapartista, amparado en la propia Constitución, como se observó en el conflicto, hace un año, acerca de la reforma previsional, que fue sancionada a espaldas del parlamento. Debido a esto, algunos teóricos políticos señalan las condiciones de un estado de excepción en los regímenes constitucionales.
El bonapartismo ha sido, sin embargo, en ocasiones históricas decisivas, un puente entre la democracia formal y el fascismo. Es que el bonapartismo, en la época del imperialismo, es esencialmente inestable. Las tentativas de golpe de Trump y de Bolsonaro, apoyadas en una movilización de la escoria de las masas contra el Capitolio y el Planalto, respectivamente, representaron el ensayo general de una transición del semibonapartismo hacia el fascismo. En ambos casos, en grado diferente, exhibieron un aparato de masas y de milicias armadas de derecha o parapoliciales, que no consiguieron su propósito, a pesar de la complicidad del aparato militar, con el respaldo o la neutralidad de las Fuerzas Armadas. En Alemania, los servicios de Seguridad desmantelaron una operación golpista de características nazis, en las que se encontraban envueltos militares, agentes de seguridad y conocidos ejecutivos de grandes corporaciones. La política de “libre expresión” del magnate Elon Musk, con la red X, responde al clarísimo propósito de facilitar una agitación de carácter fascista, que sirva a la movilización de los sectores desclasados por la crisis capitalista. El bonapartismo y el fascismo no deben ser considerados en sí mismos o en compartimientos estancos. Lo que importa es la dinámica, que tiene por base la decadencia del capitalismo, el estallido de grandes crisis, la agudización de las rivalidades imperialistas y las guerras, y la magnitud del desclasamiento social.
En América Latina, la cuestión del fascismo fue discutida en los 70 del siglo pasado, con motivo de las dictaduras militares, en especial la brasileña. Para un sector, el fascismo era inviable en estas latitudes debido al atraso de sus países, que no ofrecían los recursos económicos para sostener la demagogia de masas del fascismo, y a la debilidad de las burguesías nacionales. Algunos ejemplos históricos invalidan la rigidez de esta tesis. En Indonesia, en 1966, las FFAA movilizaron a las organizaciones musulmanas para ejecutar la masacre de un millón de miembros del partido comunista; en India, por ejemplo, el hinduísmo, que hoy moviliza el gobierno reaccionario de Modi, podría convertirse en un instrumento similar. En Brasil, la coalición BBB, Buey (la oligarquía agraria), Biblia (la derecha evangélica) y Botas (militares y policías), tiene notorias características fascistas.
En cuanto al nuevo gobierno de Milei, el mega DNU/70, la mega ley ómnibus y el Protocolo contra las manifestaciones populares han puesto de manifiesto la tentativa de construir un gobierno de poder personal y un estado policial. El conflicto del gobierno de Milei con el Congreso, con el régimen federal y con la Corte Suprema tiene, en principio, un carácter sistémico, esto con independencia de la política de compromiso y el apoyo que le dan el Poder Judicial, el Congreso y las bancadas parlamentarias. La Constitución Nacional favorece el régimen de poder personal al autorizar los DNUs. Debido en parte a estas contradicciones y debido a la resistencia que ha ido creciendo en distintos sectores de las masas, el de Milei es un gobierno semibonapartista sólo en grado de tentativa. Más allá de las negociaciones que parece haber encarado para establecer un interbloque parlamentario con el macrismo (el Pro) y fracciones del radicalismo, LLA ha iniciado el trámite para convertirse en partido político. El objetivo declarado es organizar una fuerza propia en función de las elecciones de 2025, pero puede convertirse, en cualquier momento, en un instrumento de provocación política, como ya ocurre en las redes. El desenlace político de estas tendencias será determinado por la marcha de la crisis económica, por la acción directa de los trabajadores, y por último por la crisis internacional y la guerra a nivel mundial.
La victoria de Milei ha sido caracterizada o etiquetada por los ‘ideólogos’ de LLA con una frase de moda: “un cambio de época” o “un punto de inflexión”. Dan por descontado el progreso de la ultraderecha por un largo período. Pero los cambios de época son contradictorios, como todos los fenómenos históricos. En este caso se asientan sobre la caducidad del equilibrio previo y de sus relaciones sociales y políticas. El carácter de la nueva época estará determinado por la lucha de clases en pugna que inaugura la ofensiva excepcional que se ha desatado contra las masas. Lo mismo ocurre con el punto de inflexión. El nuevo gobierno ha inaugurado un período reaccionario en grado de tentativa; le ha dado un golpe por derecha al régimen de conciliación de clases, y ha abierto una etapa excepcional en la lucha de clases.
En sus primeros meses, la camarilla ‘libertaria’ ha desatado conflictos como no se han visto desde la bancarrota de 2001/2, Las luchas envuelven al proletariado de la gran industria como a trabajadores de diferentes categorías sociales. Un artículo reciente de La Nación señala que Milei ha confundido “un cheque en blanco” del electorado con “un cheque rechazado” por las masas. Los aumentos de las prepagas, los servicios domiciliarios y los alquileres han desencadenado una ola de advertencias acerca del “aniquilamiento de la clase media”. El gobierno de Milei-Caputo ha desatado nada menos que el tan anunciado Rodrigazo, que también produjo “un cambio de época”, a partir de una devaluación del 100 % del dólar y del aumento del 400 % de las tarifas de nafta, con el pretexto de salir del ‘cepo’ establecido por José Gelbard y Juan Perón. En resumen, la “crisis de poder” provocada por el derrumbe electoral del kirchnerismo y del macrismo en septiembre de 2021, no ha sido cerrada. Tampoco se encuentran clausuradas las posibilidades del default y de una hiperinflación. La crisis internacional de deuda pública y privada crece a todo ritmo. El ‘experimento’ de LLA opera sobre un volcán.
La ‘motosierra libertaria’ ha agravado la crisis financiera. Javier Milei se parece a la conservadora inglesa Liz Truss, que al cabo de seis semanas de motosierra fue volteada, el año pasado, por la Bolsa de Londres, para evitar que se produzca un colapso. Caputo está ‘secando’ el mercado de pesos, con el propósito de frenar la inflación, a cambio de un aumento fenomenal de la deuda pública.
Las victorias que se adjudica el gobierno en el frente financiero son ficticias. Tiene un saldo comercial favorable de divisas, pero para eso ‘pisa’ las importaciones y los giros de utilidades al exterior, en mayor escala que Massa. “Las reservas brutas crecen pero los pasivos monetarios remunerados, incluyendo el Bopreal (un bono a los importadores), crecen mucho más que las reservas” – según el ultraliberal Roberto Cachanovsky. “Al 7 de diciembre (bajo Massa) —señala— los pasivos remunerados superaban a las reservas brutas en un 59 por ciento”, en tanto que al 27 de marzo reciente las “superaban en un 73 por ciento”. La mitad de las reservas internacionales corresponden a un ‘swap’ con China por 16 mil millones de dólares. El pasivo remunerado es, de todos modos, superior al dejado por Massa, porque buena parte de las Leliq y los Pases del Banco Central se han reconvertido en deuda del Tesoro, e incluso los Pases han crecido para absorber la emisión monetaria. Con un Banco Central deficitario, la posibilidad de eliminar el ‘cepo’ y establecer un equilibrio cambiario es una quimera. Esta quimera tiene un efecto negativo adicional y excepcional, porque obliga al Banco Central a neutralizar la emisión de moneda que generará el ingreso de dólares por las exportaciones, mediante la adopción de nueva deuda remunerada con los bancos (un gráfico del Banco Central publicado en X por un consultor, la sitúa en el equivalente a 40 mil millones de dólares). En estas condiciones, eliminar el ‘cepo’ entrañaría una salida extraordinaria de dólares y una hiperinflación.
Tampoco es válido que el gobierno haya conseguido un superávit fiscal, debido a que simplemente ha canjeado el pago ‘cash’ de un conjunto de gastos por nueva deuda, sea flotante o financiera. La deuda del Tesoro, ajustada por dólar e inflación, no cesa de crecer. Esto ocurre luego de haber desvalorizado en más de un 30 % las ya desvalorizadas jubilaciones y cortado el 80 % de la obra pública, mientras aumentaba la recaudación por la vía del Impuesto País a las importaciones. El gobierno ha declarado el default a los jubilados y contabiliza el gasto devengado como una deuda, que disimula el nivel del déficit presupuestario real.
Para evitar una hiperinflación ha congelado la cotización del dólar. La consecuencia ha sido desatar una inflación excepcional en moneda extranjera. El gobierno ha encarecido el costo del comercio internacional, en medio de una recesión industrial brutal inducida. Inflaciona la economía mediante aumentos descomunales en servicios y otros, y el de la deuda del Banco Central, y por otro lado la deflaciona, mediante el retiro artificial del pesos en el mercado, que se han convertido en deuda del Tesoro. La política financiera de Argentina va a la rastra de una política mundial, que es de endeudamiento -público y privado-, y simultáneamente de altas tasas de interés de ese endeudamiento. Como ocurriera en el pasado, repetidamente, el ancla del dólar es el prólogo de una devaluación y una crisis financiera. Gran parte de la deuda del Tesoro se encuentra en pesos ajustada al dólar o a la inflación, de modo que una devaluación deberá precipitar una crisis fiscal mayor.
El Rodrigazo de Milei apunta, fundamentalmente, al rescate de la deuda externa, que representa el 30 % del total de la deuda pública y semipública. La cotización había caído al 20 % de su valor de emisión, incluso después de una reestructuración orquestada por Martín Guzmán y Kicillof. Milei ha repetido varias veces que Argentina se encuentra al borde un default unilateral. La política de convertir a la base monetaria en deuda y secar la plaza de pesos tiene como propósito, precisamente, a través de una estabilización del dólar, revalorizar la deuda externa. A ese mismo fin apunta la recesión. Caputo ha combinado una política de inflación reprimida, convirtiendo la emisión en deuda, con una política de deflación sin piso, para favorecer a los acreedores internacionales.
La recesión es enorme. Políticamente, procura desestructurar a la clase obrera. En este propósito, el gobierno representa, aunque contradictoriamente, al conjunto de la burguesía – golpear los derechos laborales y previsionales. La conducción de la política económica, sin embargo, está en manos de una pandilla financiera alquilada a los fondos internacionales; el gobierno es una mesa de dinero. Busca resolver la crisis de financiamiento de la Argentina super endeudada, por medio de una reanudación del endeudamiento internacional.
Esta política recibe cada vez más críticas. Broda y Cavallo denuncian la política de sostener la cotización del dólar y proponen devaluaciones en cuotas de acuerdo a la inflación. Esta dicotomía entre devaluación y cambio fijo ha volteado a varios gobiernos en el pasado, en primer lugar a la dictadura y Martínez de Hoz. Luego a Alfonsín y a Menem-Cavallo y De la Rúa-Cavallo. El experimento que se proyecta para las próximas tres décadas y que ha convencido a Elon Musk y Steve Forbes, podría caducar en un par de meses. En todo caso, el Rodrigazo y sus ondas expansivas sacudirán la estructura social y desatarán crisis políticas y luchas. El equilibrio sistémico está fuera del radar.
Si el gobierno encontrara los medios para evitar una crisis devaluatoria y financiera, no por eso habrá alcanzado un equilibrio de la economía, porque para ello deberá dejar atrás la recesión, reanudar las importaciones y el movimiento de divisas, y por sobre todo reconstruir el crédito interno. Las tendencias económicas internacionales van, además, hacia un mayor ajuste, crecimiento declinante, financiamiento de las guerras y una huida de las divisas, como lo refleja el aumento de la cotización del oro. Cualquier movimiento económico positivo, en el marco del desequilibrio general, será motivo para fortalecer la lucha de los trabajadores y de los jubilados. La expectativa estratégica que esgrimen los ‘libertarios’, el mercado mundial para la agroindustria, minerales y negocios digitales, son un marco estrecho para el desarrollo industrial alcanzado por Argentina. Argentina no es el único país capitalista que enfrenta una tendencia a la desindustrialización.
La burguesía adjudica la crisis inflacionaria a la crisis fiscal; a partir de aquí justifica la política de ajuste. Define a la deuda del Banco Central como cuasifiscal, para justificar el serrucho de gastos públicos. El déficit anunciado entre gastos y recursos no supera, sin embargo, el 3 % del PBI, un máximo de 15 mil millones de dólares. Los Gastos Tributarios, como se denominan a las exenciones impositivas a las empresas, son mayores a ese número –entre 20 y 30 mil millones de dólares-. Argentina tiene a la mano la posibilidad de un superávit fiscal. En cuanto a los subsidios, el mayor de ello es el que representa el trabajo en negro, que abarca a 8 millones de personas, cuyas patronales no aportan a la Seguridad Social. La sustracción es extraordinaria; los trabajadores no registrados quedan afuera del sistema previsional. A ello hay que agregar la evasión impositiva que acompaña a los contratos no registrados. En resumen, el ajuste fiscal contra los trabajadores lo reclama la clase que más subsidios recibe del estado. Argentina atraviesa, en realidad, una crisis financiera, como lo demuestra una deuda pública monumental de 530 mil millones de dólares y una deuda externa privada por otros 70 mil millones. Es una hipoteca ilevantable.
La posición del gobierno de EEUU y del FMI ha sido ambivalente con relación al Rodrigazo desatado por Milei, en primer lugar por el recelo de que su diseño provoque un estallido económico y político. Por otro lado, porque el gobierno por decreto es contradictorio con el propósito de atraer capital extranjero a la industria, por falta de garantías institucionales. Por eso mismo es contradictorio para el propósito de impulsar las privatizaciones sin respaldo del parlamento y del poder judicial. Sólo en base a esas garantías pueden los inversores internacionales llevar los conflictos de negocios al CIADI-Banco Mundial y a la Corte norteamericana.
Esta es la razón de la presión de EEUU a los bloques parlamentarios y a la Corte a prestar una colaboración ‘institucional’ al gobierno por decreto. En esto juega un rol fundamental la Cámara de Comercio Americana en Buenos Aires. En el tablero geopolítico, el imperialismo norteamericano está empeñado en alinear a Argentina con la OTAN. Que el imperialismo norteamericano prepara una guerra contra China, lo dicen sin pelos el Pentágono, que la califica como “enemigo estratégico”. El gobierno de Milei ha convertido a Argentina en una semicolonia en grado de tentativa. La OTAN pasaría a controlar, además de Malvinas, el Atlántico sur, y el estrecho de Magallanes. La región entraría en el escenario bélico internacional. Pero el intento de desalojar a China de América Latina, en cuanto a comercio e inversiones, choca con los intereses de fracciones poderosas de la burguesía. Otras, como Techint, con gran presencia en el gobierno de Milei, tienen una profunda rivalidad con el capital y los bancos de China.
Una victoria electoral de Trump abriría la posibilidad de un frente de ultraderechas -una Internacional Negra- en América. Los ataques de Milei al colombiano Petro y a Lula apuntan en esta dirección; una perspectiva que es apoyada con fuerza por el sionismo. Ninguna lucha obrera de conjunto contra Milei puede ignorar este armado contrarrevolucionario. La lucha por la independencia nacional en América Latina es inseparable de una lucha obrera internacional, en primer lugar contra las guerras imperialistas. La guerra en Ucrania opone a dos bandos imperialistas, aunque con esta distinción fundamental: que el capital financiero internacional, en términos históricos, se concentra en Estados Unidos, las principales potencias de la UE y Japón. Como nunca antes, el proletariado debe enfrentar las guerras imperialistas, y hacerlo desde la perspectiva, no de la defensa del capital periférico (Rusia, China), sino de una guerra de clase contra el capital mundial en su conjunto y sus estados.
El ascenso de Milei ha puesto la lucha contra la guerra en los primeros lugares de la agenda nacional. El gobierno ha convertido a Argentina en un satélite político del estado sionista y en un aliado de la OTAN en la guerra en Ucrania y Europa. Pretendería incluso iniciar una campaña para reclutar ‘voluntarios’ para alistarlos en las FFAA de Zelensky. Milei advirtió en Davos que el destino de su proyecto político en Argentina depende de una victoria política y militar del imperialismo. Ninguna corriente política, en Argentina, ha advertido este planteamiento estratégico, incluidas las que impulsan la adhesión al bloque del BRICS. Menos aún el FIT-U, para quien la guerra en Ucrania sería una lucha por la autodeterminación nacional contra el imperialismo ruso.
La clase obrera enfrenta esta nueva etapa en un estado de desmovilización política. Una parte del electorado obrero e incluso de desocupados votó a Milei, así como una parte del electorado del FIT-U votó a Massa en la primera y en la segunda vuelta (impulsado por el propio FIT-U). El descontento que se expresó en las parlamentarias de 2021, contra el FdT y JXC derivó, aunque a tientas, en candidaturas reaccionarias (en el caso de JxC hacia Bullrich en desmedro de Larreta); en el caso del kirchnerismo, Massa neutralizó el intento de designar a De Pedro, y finalmente el caudal macrista derivó a Milei.
El cuadro de desmovilización política se manifestó en ocasión del pseudoparo ‘general’ de la CGT y en la discontinuidad del paro de La Fraternidad. En este caso y en otros, el gobierno renunció a la aplicación de la conciliación obligatoria. Dio un paso más osado cuando se negó a homologar un conjunto de convenios paritarios; avanzó en la estatización de los convenios colectivos (como nunca ocurrió desde 1955) y dejó abierta la posibilidad de acuerdos informales por empresa. No obstante este cuadro de desmovilización política de la clase obrera, se volvió a producir una gran movilización, de tipo pluriclasista, de la Mujer, el 8 de Marzo, y el 24 de Marzo, en el aniversario del golpe militar; más allá de las reivindicaciones históricas de esas jornadas, fueron una rotunda expresión de oposición al gobierno. El movimiento de trabajadores desocupados hizo varias jornadas en defensa de sus conquistas asistenciales y de sus organizaciones.
La clase obrera y el movimiento sindical en general no se encuentran, sin embargo, paralizados. Así lo demuestran las manifestaciones de los obreros de la siderurgia, aunque en un marco de impasse; lo mismo pasa con los trabajadores del Estado. El estado de las masas, tomadas en su conjunto, es de exasperación. Ese estado de descontento creciente ha ganado la primera plana de medios y las redes en vísperas de los grandes tarifazos. El gobierno acusó recibo de la bronca acumulada con la denuncia de Caputo de una cartelización de las prepagas.
La envergadura del ataque de Milei al conjunto de los trabajadores, así como la tendencia al estallido económico que resulta de sus contradicciones, acentuará la indignación popular, las luchas y la rebelión política. Nuestro partido ha señalado esa perspectiva desde hace tiempo, cuando advirtió que el resultado electoral daría paso a un “golpe de estado económico”, o sea el Rodrigazo. Esa tendencia a una rebelión popular ya ha estado presente, además de las manifestaciones del 8 y 24 de marzo; en las tentativas de toma de edificios públicos, por ejemplo Anses; en las marchas y cortes de ruta de los metalúrgicos de Villa Constitución, Campana y San Nicolás.
Las expectativas de un giro de la CGT ante la agresión histórica de que son objeto las masas, que albergan fracciones del kirchnerismo y en el FIT-U, han quedado defraudadas. Esas ilusiones frustradas tienen mucho que ver con una caracterización equivocada del nuevo escenario político. Lo revela el señalamiento de “derrotar los planes de Milei”, una consigna que se aplica rutinariamente ante cada gobierno. La clase obrera enfrenta un Rodrigazo, un “golpe de estado económico” y un golpe político de derecha. La perspectiva estratégica de “derrotar planes” no tiene espacio, aunque la lucha abierta irá en zigzag, con avances y retrocesos. De lo que se trata es de terminar políticamente con este gobierno, y salir del fetichismo del ‘mandato electoral’. A “la derrota de los planes”, la acompaña el reclamo de “un paro nacional” y “un plan de lucha” de la CGT, otro planteo rutinario que no distingue las situaciones políticas . La CGT le ha dado las espaldas a todas las luchas en las últimas décadas, y lo hace con las luchas en curso. Se ha empeñado en buscar salidas judiciales y parlamentarias a las agresiones del gobierno, en función de tejer con los ‘libertarios’ un remedo de pacto social. La CGT no es vista como un canal de movilización para las masas, al punto que una parte de ellas votó a Milei en repudio a la burocracia sindical.
La CGT y los sindicatos se aliaron a las patronales durante el gobierno de los Fernández para convertir a las paritarias en un mecanismo político de freno al movimiento obrero y en un mecanismo económico de desvalorización gigantesca de la fuerza de trabajo y de las jubilaciones. Ese mecanismo consistió no solamente en la licuación inflacionaria de los ingresos de los trabajadores, sino también en la admisión de una enorme precarización del trabajo, por medio de normas de flexibilización y la convalidación de ocho millones de trabajadores sin derechos. Bajo la administración de Massa, la intensificación de la inflación obligó a instalar un sistema de paritaria permanente, que sólo pudo funcionar a cambio de un ajuste de salarios por debajo del aumento de precios de la canasta familiar. Pablo Moyano, designado como “combativo” por los medios de comunicación, señaló recientemente que no era necesaria una reforma laboral porque los mismos sindicatos se adaptaban a las nuevas modalidades de explotación por parte de las patronales. Es una declaración política de adaptación al gobierno ‘libertario’. La no homologación de los acuerdos paritarios que salgan de los marcos de gobierno debiera producir una gran crisis política, y tiene efectivamente ese potencial. Sin embargo, ningún sindicato afectado ha respondido con una huelga general ni reclamado una huelga general política.
La política de “institucionalizar” la reacción de los trabajadores a los atropellos, por la vía de la CGT y los sindicatos, es sencillamente reaccionaria –un chaleco de fuerza contra la clase obrera-. Esta política se encubre enseguida a sí misma con la denuncia al ‘freno’ o la ‘traición’ de esa misma burocracia. El resultado político es el inmovilismo. En este período, más que en los precedentes, el impulso a las tendencias elementales de las masas contra la explotación capitalista, exige el desarrollo de una intensa agitación política contra el gobierno y el Estado. Los aportes del leninismo en este aspecto -la agitación política de masas- tienen mayor vigencia que antes. Es también la forma de preparar a la clase obrera frente a los giros inevitables que darán la CGT, los sindicatos y la burocracia, apenas adviertan que ha comenzado un ascenso político de los trabajadores. El pseudoparo del 24 de enero pasado fue fundamentalmente una maniobra de desmovilización preventiva de parte de la burocracia sindical.
La agitación política independiente debe explotar todas las tendencias a nuevas formas de organización de la clase obrera, como autoconvocatorias, comités de bases y de huelga, Coordinadoras fabriles e intersindicales y la organización y desarrollo de comisiones internas y sindicatos clasistas. El trabajo socialista en los sindicatos burocráticos debe estar determinado por un trabajo de conjunto en la clase obrera. Cuando crece la indignación por el avance de la miseria social y la destrucción de conquistas sociales y laborales, es fundamental llamar la atención de la clase obrera hacia las tendencias a una rebelión popular en las clases sociales intermedias.
La CGT y la burocracia en su conjunto continúa tabicando la lucha sindical por medio de paritarias “a la baja”, cuando el conjunto de la clase, y en especial los jubilados y los millones de trabajadores no registrados, que no tienen encuadramiento sindical, sufren una confiscación económica implacable. Esta confiscación del conjunto del pueblo constituye la base objetiva para una huelga general, o sea una huelga política de masas. No basta ajustar salarios a la inflación; está objetivamente planteado recuperar el nivel de ingresos previo al estallido de la crisis, que se remonta a abril de 2018 – y, más atrás, a 2011. La huelga general anida, como tendencia, en toda movilización popular; fue la consigna más voceada en el pseudoparo general de enero pasado y en las movilizaciones del 8 y el 24; se manifiesta en cada lucha; circula en las redes sociales; acaba de ser planteada por la seccional de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica.
El FIT-U no ha canalizado el descontento popular con los partidos de la burguesía y sus gobiernos, No ha capitalizado la inmensidad del ataque de la burguesía, al menos desde el gobierno de Macri y el acuerdo con el FMI, a pesar de contar con una bancada parlamentaria en el Congreso y algunas legislaturas; en Concejos Deliberantes; y presencia en las direcciones de algunos sindicatos. Al contrario, ha acompañado el reflujo electoral del FdT y JxC. No es un campo de fermentación política de los trabajadores. Ha girado objetivamente a la derecha –con la incorporación del MST (la fuerza de choque de la Rural), que reclama la ampliación del FIT-U hacia la derecha, y con la expulsión de la Tendencia del Partido Obrero-. Ninguna de las corrientes del FIT-U ha prestado la menor atención a este cambio de tendencia. El FIT había comenzado en forma incipiente a convertirse en referencia e incluso canal del activismo obrero y de la juventud. Un Frente de corrientes y programas contradictorios, o sea oportunista, se constituye en un fenómeno progresivo, aunque transitorio, si se convierte en canal de las masas. En estas condiciones, es un formidable campo para la acción de un partido revolucionario.
Como tendencia general, el FIT-U es una colateral programática del kirchnerismo; así lo señaló Política Obrera en forma pormenorizada en numerosos textos y desde el Partido Obrero anterior a las expulsiones; también lo señaló en forma pública el propio kirchnerismo. El FIT-U ha planteado la lucha contra el gobierno de Milei en términos de un frente popular; propuso, en forma no por vergonzosa menos abierta, realizar un acto de unidad política con el kirchnerismo, incluida la burocracia cegetista, para el 24 de Marzo. Aunque niega que haya apoyado a Massa en las últimas elecciones, se opuso públicamente al voto en blanco. En el mismo FIT-U se desarrolló una lucha faccional o incluso tóxica acerca de la aproximación al kirchnerismo en torno a la condena a CFK en el juicio por Vialidad Nacional (El PTS por la absolución, el aparato del PO por la condena). La perspectiva de un frente popular contra Milei cuando los gobernadores kirchneristas se pliegan al ajuste de Milei, mide el impasse del FIT-U. El kirchnerismo ha vuelto a su política de “esperar al 2019”, ahora 2027, en un cuadro de crisis interna y escisiones.
Esta tesis constituye una caracterización del momento político y también un balance general de la lucha política de los años precedentes. Muestra el hilo conductor de la política de Política Obrera desde su expulsión del Partido Obrero. Esta expulsión fue un golpe de estado contra la estructuración de un partido revolucionario e internacionalista. La crisis en el Partido Obrero puso de manifiesto, además del oportunismo faccional de su aparato, la heterogeneidad que había en sus filas y la falta de selección de los cuadros militantes. El aparato oficial ha quedado a la zaga en el FIT-U, en contraste con el liderazgo político que había conquistado con anterioridad. Política Obrera ha luchado por superar esa heterogeneidad. Nos hemos esforzado en restablecer la delimitación política que caracterizó, históricamente, a Política Obrera hasta 1983 y al Partido Obrero con posterioridad. La victoria de Milei demuestra que la confusión política involucra a todas las clases sociales y a la vanguardia de los trabajadores. El mundo enfrenta un período de guerras y de revoluciones y contrarrevoluciones, con un enorme atraso de la conciencia política de los explotados en general y de sus más activos en particular.
Este documento constituye una guía para la acción, para transformar la victoria episódica y contradictoria de la reacción política en un ascenso de masas y situaciones revolucionarias, y por esta vía y este método construir y reconstruir un partido revolucionario.
11 de abril de 2024