Nota de tapa de Política Obrera N°126, edición impresa.
Tiempo de lectura: 1 minuto
El golpe político infringido al gobierno por la media sanción de las leyes referidas al Garrahan y el financiamiento universitario, amenaza con diluirse.
Los responsables de esta neutralización política son los mismos bloques de senadores y diputados de los partidos capitalistas -peronistas, macristas, radicales- que circunstancialmente votaron esas leyes, bajo la presión de las movilizaciones.
Ahora, todos ellos están negociando sus propios intereses y prebendas con el gobierno, a expensas de las reivindicaciones populares.
Los diputados que responden a los gobernadores discuten el futuro de los Aportes del Tesoro y del régimen de coparticipación de impuestos con las provincias.
Los del PRO le han arrancado al gobierno la posibilidad de subirse a las listas electorales oficialistas.
Los diputados de las provincias del agronegocio, cualquiera sea su signo, se llevaron la baja de las retenciones.
En la balanza de estos contubernios, se juega el destino del veto a los jubilados y prestaciones por discapacidad, por un lado; y la sanción definitiva en el Senado del financiamiento a la Universidad y al Garrahan, por el otro.
Pero el paquete es más amplio, porque están en juego la disolución de organismos como Vialidad Nacional -hoy judicializada- así como el destino del INTA y del INTI.
Estas reivindicaciones fundamentales no pueden estar libradas a la voluntad de los bloques políticos que han viabilizado, en este año y medio, la motosierra de Milei y Caputo.
Para arrancar las sanciones definitivas del Senado y rechazar los vetos, es necesario un paro general.
Es una tarea que no pasa por la cabeza de la CGT, embarcada en los pactos con el gobierno para poner en marcha el negociado de los seguros por despido.
Impulsemos pronunciamientos y autoconvocatorias, por un paro nacional para derrotar los vetos de Milei y las dilaciones del Congreso.