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La judicialización de la indigencia llegó a la Corte Suprema norteamericana cuando un número récord de personas en Estados Unidos no tienen un lugar permanente para vivir. Los magistrados consideran una impugnación de los fallos de un tribunal de apelaciones con sede en California que definió que castigar a las personas por dormir a la intemperie cuando falta espacio en un albergue es inconstitucional.
Una muestra representativa de funcionarios del oeste del país y de California, donde se asienta casi un tercio de la población sin hogar del país, argumenta que esas decisiones les han impedido adoptar medidas de “sentido común” destinadas a evitar que los campamentos de los indigentes se apoderen de parques y veredas públicas. La lógica de los argumentos de dichos funcionarios representa cabalmente a una democracia burguesa que ya no es capaz de resolver las más mínimas necesidades de los explotados y oprimidos. Se estima que hay más de 650.000 personas en indigencia, la mayor cantidad desde que el país comenzó a utilizar la encuesta anual Point-in-Time Count en 2007.
El caso que llega a la Corte Suprema proviene de Grants Pass, una pequeña ciudad situada en las montañas del sur de Oregon, donde el precio de los alquileres se incrementa cada vez más y sólo hay un albergue para adultos para pasar la noche. A medida que un número creciente de carpas se aglomeraron en sus parques, la ciudad prohibió acampar y fijó multas de 295 dólares a quienes durmieran allí. La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito declaró inconstitucional penar a las personas por dormir a la intemperie cuando no hay espacios adecuados para refugiarse. Grants Pass apeló ante la Corte Suprema, con el argumento de que el fallo le dejaba pocas alternativas.
La ciudad también impugna una decisión de 2018, conocida como Martin v. Boise, que por primera vez bloqueó las prohibiciones de acampar si falta espacio en los albergues. Si se revoca la decisión, se endurecerán las condiciones de los desamparados mediante arrestos y multas, en lugar de recibir asistencia con refugio y vivienda.
El debate se produce en momentos que se conoce que la cantidad de indigentes en Estados Unidos creció 12 %, situación que se vincula con el fin de la ayuda gubernamental por la pandemia y el alza sostenida de los costos de vivienda, factores que han llevado a miles de estadounidenses a la calle o refugios. El incremento se atribuye en gran medida a personas que se encuentran sin techo por primera vez.
Al mismo tiempo, el número de sin hogares veteranos y familias con niños aumentó en un 7,4 % y 15,5 %, respectivamente. En cuanto a los *homeless *individuales, la tasa se incrementó casi un 11 %, destacando que las personas afroamericanas son el 37 % del total de personas sin hogar. Además, más de un cuarto de los adultos viviendo sin hogar superaban los 54 años de edad.
Dos de los cuatro estados con las mayores poblaciones de indigentes del país, Washington y California, están en el oeste. San Francisco afirma que se le ha impedido hacer que se cumplan las regulaciones para acampar debido a que la ciudad no tiene suficiente espacio de refugio para toda su población indigente, un gasto que estima en 1.500 millones de dólares. Los estados y la justicia se niegan a brindarles los más mínimos recursos de subsistencia a los indigentes, al mismo tiempo que el congreso norteamericano aprobó un paquete de 91 mil millones de dólares para extender la guerra a todo el mundo. Esto marca una irrefrenable tendencia hacia una catástrofe social, bajo el imperio del capital.
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