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Las elecciones de octubre aparecen polarizadas entre la coalición derechista gobernante y el Frente Amplio, que aparece como favorito según las encuestas.
La derrota del FA en 2019, luego de 15 años de gobierno, reflejaba un realineamiento de sectores de la burguesía que buscaban terminar con el régimen de colaboración de clases, al cual atribuían el estancamiento económico. Ese malestar se expresaba particularmente en sectores de la pequeñoburguesía comercial y agraria, que viraron hacia la derecha y apoyaron la emergencia del nuevo partido “Cabildo Abierto”, encabezado por el General Manini Ríos -que había sido Comandante en Jefe del Ejército bajo los gobiernos de Mujica y Tabaré Vázquez. El nuevo partido, con una base importante en los sectores militares y un discurso “bolsonarista”, llegó a un 11% de los votos en 2019, y se constituyó en la tercera pata fundamental de la coalición que llevó al triunfo a Lacalle en segunda vuelta; los grandes sostenes de la coalición eran el Partido Nacional (“blanco”) con 29% y el Partido Colorado con 12%, que no habían crecido desde la elección anterior. Lacalle Pou logró ganar el balotaje por escaso margen (poco más del 1%) con el apoyo de cinco partidos, que constituyeron la coalición gobernante.
El discurso de la derecha apuntaba a la mano dura en la seguridad pública (con el eslogan “Se acabó el recreo”) y a una ofensiva contra la clase obrera (una expresión deformada era denunciar la “dictadura sindical” que supuestamente había regido bajo los gobiernos del Frente Amplio). La realidad es que sobre todo los dos últimos períodos de gobierno del FA habían estado marcados por un estancamiento salarial (y una caída en relación al crecimiento del PBI) y por fuertes medidas contra la libertad sindical y el derecho de huelga. José Mujica llegó no solamente a decretar los “servicios esenciales” contra una huelga municipal en 2010 (la Intendenta era del Partido Comunista) sino incluso a utilizar al Ejército como rompehuelgas en la tarea de recolección de basura. Mujica también decretó la prohibición de la ocupación de oficinas, hospitales y empresas estatales, una línea que profundizó el segundo gobierno de Tabaré Vázquez que aplicó nuevamente los “servicios esenciales” (prohibición de la huelga) contra los docentes en 2015; una medida que fracasó porque extendió la huelga, provocó un inmenso repudio y obligó a la central sindical a convocar un paro general. El eslogan derechista de terminar con una inexistente “dictadura sindical” reflejaba la voluntad de imponer una derrota al movimiento obrero y un retroceso en sus derechos.
El gobierno de Lacalle llega a las nuevas elecciones en gran medida habiendo decepcionado a sus electores más derechistas. Si bien logró imponer en los primeros años una caída del salario -utilizando para justificarla la situación “excepcional” de la pandemia- en lo que contó con la colaboración de la dirección mayoritaria del PIT-CNT y la complicidad de la “oposición” frenteamplista en el parlamento, no logró un repunte económico. El gobierno impulsó una política internacional que apuntaba a un Tratado de Libre Comercio con China, presionando a los restantes países del Mercosur para que lo habilitaran a ese acuerdo, bajo la premisa de que la liberalización comercial permitiría un aumento de las exportaciones. El TLC con China quedó cuestionado incluso por aliados “colorados” cuando estalló la guerra en Ucrania, que señalaban que era imposible en el contexto internacional quedar en un bloque con China objetivamente enfrentado a los EE.UU. Pese a ello el gobierno continuó intentando el acuerdo comercial con el país asiático, que es el principal destino de la producción agropecuaria uruguaya, aunque no logró destrabarlo. En los últimos años, el PBI de Uruguay está prácticamente estancado, ha crecido el desempleo y también los índices de pobreza. La burguesía presiona por una devaluación de la moneda y un mayor achique del Estado, es decir, licuación de los salarios y despido de funcionarios públicos. La gran conquista capitalista bajo el gobierno de Lacalle fue la aprobación de la ley jubilatoria, que estableció el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, además de otras modificaciones que implican la rebaja de las futuras jubilaciones y la extensión del sistema de AFAP (administradoras de fondos privados previsionales) a todos los trabajadores en forma obligatoria (hasta ese momento había varios “cajas” jubilatorias excluidas del sistema AFAP, y los trabajadores con menores ingresos podían optar por ingresar o no a este sistema).
Según todas las encuestas, la caída de popularidad del gobierno repercute sobre todo en un derrumbe de los partidos Colorado y Cabildo Abierto, por lo cual se acentúa una polarización entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Al mismo tiempo, las encuestas realizadas entre sectores empresariales muestran que la mayoría se inclina por mantener a la derecha en el gobierno. En sectores de la pequeña burguesía, sin embargo, el malestar es más extendido.
La reforma jubilatoria
En mayo de 2023 el gobierno logró imponer su reforma jubilatoria, que había sido largamente anunciada y preparada, y que había contado con la colaboración expresa del Frente Amplio. Ya en la “Ley de Urgente Consideración” (LUC) de 2020, se había aprobado la constitución de una “Comisión de Expertos” para proponer una reforma de la seguridad social. El Frente Amplio había votado la mitad de la LUC, incluyendo los artículos que creaban esa famosa comisión. A iniciativa de los sindicatos y organizaciones sociales se interpuso un referéndum contra la LUC, pero la burocracia sindical acordó con el Frente Amplio excluir esos artículos de la impugnación. Tanto el FA, como el PIT-CNT y ONAJPU (organización de jubilados) participaron de la Comisión de Expertos donde firmaron el informe final en discrepancia pero se negaron a impulsar la más mínima movilización y denuncia.
Es necesario destacar que desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) se venía impulsando desde 2020 una sistemática denuncia y la constitución de un Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, planteando no solamente el rechazo a la reforma del gobierno sino además buscando eliminar el sistema de las AFAP. Frente al tratamiento de la ley jubilatoria, las movilizaciones sindicales fueron escasas y aisladas, y la misma se aprobó sin que se desatara un proceso huelguístico ni de amplia movilización de masas, como ha sucedido en otros países. El rol apaciguador del Frente Amplio fue notorio, al punto de defender una de las medidas impulsada en la ley del gobierno, que era la posibilidad de las AFAP de invertir en el mercado financiero internacional (títulos, acciones, etc.) que era cuestionada por uno de los socios de la coalición (Cabildo Abierto). Mujica en persona salió a defender la ampliación de las potestades de las AFAP para invertir en el exterior (bajo el propio gobierno de Mujica se había establecido que podían invertir en títulos de deuda pública de otros países), todo esto en nombre de que pudieran valorizar los ahorros de los trabajadores con “mejores inversiones”. Durante los 15 años de gobierno del FA, no solamente no se había eliminado el sistema de la jubilación privada, sino que además se había desfinanciado el sistema estatal al reducir los aportes patronales del 12% al 7,5%, y se habían aumentado las exoneraciones aplicadas a distintos sectores del gran capital (leyes de inversiones, zonas francas, etc.). La “oposición” frenteamplista no tiene ninguna oposición al mandato del FMI, defiende que los banqueros sigan lucrando con el ahorro forzoso de los trabajadores.
En este contexto, de una derrota parcial de los trabajadores, se produjo el debate en el movimiento sindical a propósito de un “plebiscito constitucional” sobre la cuestión jubilatoria. A iniciativa de ATSS -y con el apoyo de un puñado de sindicatos- se instaló la moción de impulsar una reforma constitucional por “iniciativa popular” (uno de los mecanismos previstos para la reforma, que requiere el apoyo del 10% de la población) no solamente para restablecer la edad de retiro a los 60 años sino además para eliminar las AFAP y también aumentar las jubilaciones más bajas (equiparando la jubilación mínima al salario mínimo nacional). Esta iniciativa contó con la oposición decidida del ala derecha de la burocracia sindical, alineada con las fracciones mayoritarias y abiertamente capitalistas del Frente Amplio. El Partido Comunista intentó una mediación, como es habitual, impulsando otra reforma constitucional que simplemente derogaba la ley jubilatoria del gobierno pero no dejaba en el texto constitucional la edad de retiro (lo que habilitaría a aumentarla en el futuro nuevamente) ni mucho menos la eliminación de las AFAP. La moción del PCU buscaba presionar al FA y al ala derecha sindical a una posición común, y también arrastrar a los sectores a su izquierda y aislar el planteo de ATSS. La maniobra del PCU fracasó, porque el ala derecha sindical y el FA se negaron a plegarse a este planteo, lo cual revela su defensa de los ejes de la ley del gobierno, pese a no haberla votado. Finalmente, se impuso una mayoría sindical que aprobó la moción de ATSS… ¡recién en agosto! Ya habían pasado más de tres meses, y el tiempo se siguió consumiendo sin lanzar la campaña de firmas, en función de retocar la papeleta que se iba a impulsar como reforma constitucional. Recién en octubre, cinco meses después de aprobada la ley, se lanzaba la recolección de firmas, que debían entregarse como última fecha el 27 de abril (seis meses antes de las elecciones). En ese plazo exiguo, debían reunirse más de 275.000 firmas. En todo este período, la campaña no solamente enfrentó la desinformación y las mentiras desde los grandes medios de comunicación y desde los partidos del gobierno, sino particularmente el intento de aislamiento y de sabotaje por parte de los principales dirigentes del Frente Amplio, incluyendo a Yamandú Orsi -el probable candidato presidencial del FA, y “delfín” de José Mujica. El 27 de abril fueron entregadas finalmente más de 430.000 firmas, lo que instaló la cuestión jubilatoria como un eje político en las elecciones. Las encuestas revelan que un alto porcentaje de la población conoce la existencia de este plebiscito (alrededor del 80%) pese a que aún no está oficialmente convocado (la Corte Electoral realiza un chequeo de las firmas). Entre los que tienen información, la mayoría se inclina a votar a favor. Sin embargo, la campaña de desinformación y mentiras ha redoblado, y ganar un plebiscito constitucional contra los principales candidatos y partidos es algo muy difícil. Basta señalar la dificultad de que no existen dos papeletas (por el SI y por el NO), sino una sola apoyando la enmienda constitucional; esto significa que todo aquel que no la introduce en un sobre de votación (sea por desacuerdo o por ignorancia) equivale a un voto en contra. Dado que se vota en el mismo sobre que se introducen las listas de candidatos, en estos casos pesa mucho que los partidos “ensobren” la papeleta de la reforma constitucional junto a sus listas, cosa que se sabe no realizarán los partidos del gobierno ni los partidos mayoritarios del FA. En todo este proceso, el Partido de los Trabajadores intervino contra la reforma jubilatoria del gobierno planteando la huelga general, y frente al plebiscito de ATSS se pronunció desde el comienzo a favor de esta iniciativa, en tanto establecía un eje de reagrupamiento político en torno a un programa elemental de la clase obrera en oposición al conjunto del régimen político del FMI. El PT realizó campaña por las firmas, por el triunfo del plebiscito, colocando que su triunfo y su cumplimiento es inseparable de la movilización de masas y de la perspectiva de la huelga general. Uruguay tiene una larga experiencia de plebiscitos trampeados por mecanismos leguleyos, por lo que incluso triunfando en octubre la única garantía está en la acción directa de los explotados.
Falsa polarización
La polarización entre el Frente Amplio y los partidos de la derecha es ficticia, como lo demuestra la cuestión jubilatoria. El plebiscito ha introducido otra polarización, esta sí en términos de clase, donde los trabajadores quedan enfrentados a los partidos que defienden el aumento de la edad de retiro y la estafa de las AFAP.
En este contexto, el 30 de junio se realizarán las “elecciones internas” simultáneas de todos los partidos políticos. En el Frente Amplio se ha instalado otra polarización, entre Yamandú Orsi (ex Intendente de Canelones, y del MPP de Mujica) y Carolina Cosse (ex Intendenta de Montevideo, apoyada por el PCU, el PS y otros grupos). El sector de derecha impulsaba la candidatura de Mario Bergara (ex presidente del Banco Central y ex ministro de Economía del FA) que finalmente debió abandonar y acordar con Orsi. Mientras Cosse mantiene un discurso más “tradicional” de un frente de colaboración de clases, que busca integrar y subordinar a la clase obrera a través de acuerdos y concesiones, Orsi aparece como la candidatura más derechizada y orientada a contentar las demandas del gran capital. Por ejemplo, Cosse firmó la papeleta del plebiscito aunque dijo no estar de acuerdo con todo su contenido, mientras que Orsi lo ha atacado abiertamente. Desde el PCU y el PS se alimenta la fantasía de un “giro a la izquierda” a través de la candidatura de Cosse, giro que superaría los “límites del progresismo”. En realidad, Cosse ni siquiera ha garantizado votar por el plebiscito del PIT-CNT, dice que esperará a que se confirme que se validaron las firmas, lo que seguramente no sucederá antes de las elecciones internas. Más relevante, tanto Orsi como Cosse mantienen una posición de conciliación con el sionismo. Orsi repudió el ataque de Hamas del 7 de octubre pero nunca repudió el genocidio del Estado sionista en Gaza. Cosse recibió en octubre tanto a la embajadora palestina como a la de Israel, pretendiendo mantener una equidistancia en medio de las masacres contra el pueblo palestino. En el cuadro de la guerra mundial que estamos atravesando, el FA de conjunto se ha colocado del lado de la OTAN. Basta recordar que ante la invasión rusa a Ucrania, el FA votó junto con la derecha una declaración que rechazaba la invasión pero no nombraba a la OTAN ni su intervención en la guerra, que surge en realidad por iniciativa del imperialismo al pretender ampliar la OTAN a las fronteras de la Federación Rusa. En la cuestión palestina, el FA no ha convocado a ninguna de las movilizaciones que se han realizado en solidaridad con ese pueblo masacrado.
La intervención del PT en las elecciones
Si bien es muy probable que el Frente Amplio gane en las elecciones de octubre o en noviembre (segunda vuelta), existe una gran desconfianza de sectores de las masas con esta alianza de centroizquierda. El plebiscito es una muestra en ese sentido. El FA reclamaba que no se introdujera este tema en la constitución sino que se lo dejara en sus manos, prometiendo que al alcanzar el gobierno se convocaría a un “diálogo social” para reformar el sistema jubilatorio nuevamente (sin aclarar el alcance de esos cambios). Las principales figuras del FA hicieron campaña pública contra la recolección de firmas. El que cientos de miles hayan firmado aún en ese contexto es una expresión de desconfianza y en algunos sectores de vanguardia de ruptura política.
Sin embargo, hay sectores sindicales y sociales que mantienen una posición abstencionista en relación a las elecciones, lo cual favorece en última instancia a que el Frente Amplio intente seguir monopolizando las expectativas de cambio y al menos de terminar con el gobierno de derecha.
En las elecciones anteriores, todas las expresiones a la izquierda del FA -que iban fragmentadas a la elección- cayeron respecto a las de 2014, en gran medida como resultado de una mayor polarización electoral y que el electorado que criticaba por izquierda a los gobiernos del Frente Amplio tenía temor a un triunfo derechista. La existencia de diversas candidaturas a la izquierda del FA también era un elemento que dificultaba ese proceso de ruptura. Por ello el PT, ya en 2014 y luego en 2019, había planteado la posibilidad de un bloque electoral de izquierda, que apuntaba a reducir la competencia entre estas alternativas y a generar un polo de reagrupamiento. El sistema electoral de Uruguay (ley de lemas) permite además que se constituya un único “lema electoral” dentro del cual sumen fuerzas (y a la vez compitan entre sí) distintas listas. Por ello el PT planteaba votar bajo un mismo lema a las distintas expresiones por izquierda respecto al FA, con la condición de que el PT debía tener total libertad para agitar su programa de lucha por un gobierno de trabajadores y por el socialismo. Este planteo no había sido aceptado por las fuerzas que integraban un frente llamado “Unidad Popular” -integrado por el movimiento “26 de Marzo”, el PCR, y otros sectores- que esperaban un crecimiento en 2019 pero sufrieron un traspié y perdieron su única banca.
Para las elecciones de este año, se ha logrado constituir este bloque electoral de izquierda, que implica un acuerdo práctico para las elecciones pero no constituye un frente político permanente. La discusión para conformar este acuerdo puso de relieve diferencias programáticas y estratégicas –que ya se conocían de antemano. El PT propuso un programa que planteaba la lucha por el gobierno obrero y el socialismo, que no fue aceptado por otras fuerzas integrantes del acuerdo. Finalmente se firmó un documento que enumera un conjunto de reivindicaciones obreras y populares, y en el que se reconoce que existen diferencias políticas. El documento establece a texto expreso que el PT mantiene la autonomía y el derecho a llevar adelante su campaña por su propio eje programático y estratégico.
La alianza, llamada “Unidad Popular–Frente de Trabajadores”, está integrada por el PT, la Unidad Popular (integrada por varias fuerzas) y el Frente de Trabajadores en Lucha (una organización escindida hace cuatro años de la propia UP). La compañera Andrea Revuelta, dirigente del Partido de los Trabajadores, es la candidata a vicepresidenta de la alianza electoral. En esta campaña, el PT mantendrá la intervención con su propia lista, tanto en las elecciones internas de junio como en las elecciones de octubre. Para el PT es una cuestión fundamental poder dirigirse directamente a los explotados con sus propias consignas y su propia lista de candidatos en esta campaña, algo que no anula este acuerdo electoral.
La formalización de esta alianza busca generar un cuadro más favorable a la campaña electoral, atenuando el chantaje del “voto útil” y favoreciendo la obtención de una representación parlamentaria, constituyendo un llamado a sectores del movimiento obrero y las organizaciones sociales a reagruparse políticamente en torno a este acuerdo de izquierda. El cuadro de la crisis mundial, la guerra imperialista, la creciente contienda entre potencias en América Latina, la necesidad de la burguesía de arrasar con viejas conquistas, plantea un escenario no de avances parlamentarios parciales, ni de relativa tranquilidad, sino de agudización de la lucha de clases y radicalización de las masas. En ese contexto más que nunca, una bancada obrera y socialista debe estar al servicio de impulsar y apoyar la lucha extra parlamentaria de las masas, no de generar la ilusión de un progreso social y un crecimiento político-electoral paulatino de la izquierda. La intervención electoral del PT y eventualmente la utilización de la tribuna parlamentaria debe estar al servicio de construir un partido obrero de masas, que plantee la lucha por el gobierno de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.
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Uruguay: el plebiscito contra la reforma jubilatoria choca con todo el régimen del FMI Publicado el 08/09 en pt.org.uy. Por Rafael Fernández, 10/09/2023.
