Escribe Ale Greig
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El viernes 10 de mayo se dio a conocer a través de un decreto firmado por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo (libertario y representante letrado de Milei) un proyecto que plantea la desregulación de los honorarios para las prestaciones por discapacidad. El artículo 2º de dicho proyecto establece que “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”. Actualmente el nomenclador establece los valores de prestaciones y servicios que deben ser cubiertos por el sistema de salud en relación a las personas con discapacidad, su desregulación habilitará a que las obras sociales decidan o no cubrir los tratamientos indicados, y los honorarios, que actualmente rigen oficialmente a través del estado, quedarían a merced de lo que las obras sociales y prepagas decidan pagar.
La inclusión de tratamientos y atención para personas con discapacidad se estableció por normativa en el año 2000, cuando se aprobó la ley Nº 24.901 bajo el "Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad", y que a través de la ANDIS se establece la regulación de la cobertura y también los aranceles con los cuales se retribuirá a los prestadores. A pesar de que se han fijado los marcos normativos y legales, desde hace años familias y prestadores luchan por mejoras dentro del sistema de salud, honorarios acordes al costo de vida, y el pago en tiempo y forma de los mismos.
La regulación de los honorarios se fija por Boletín Oficial; ese valor indicativo es el que las obras sociales y prepagas tienen que pagar, pero la desregulación termina con esta suerte de convenio colectivo para los “prestadores en discapacidad” y generará que los usuarios accedan a las terapias acorde a su bolsillo, mientras que los prestadores tendrán que negociar con cada obra social sus honorarios.
Actualmente el sistema único de prestaciones incluye a todas las personas con discapacidad que tengan CUD (Certificado Único de Discapacidad), accediendo a un nomenclador de prestaciones, dando igual si el usuario tiene PAMI, Incluir Salud, una obra social prepaga o sindical. Este principio de igualdad se vería interrumpido por este decreto, porque al descentralizar, se dividiría el sistema único en tres nomencladores: uno para PAMI, uno para INCLUIR SALUD, y otro para la Superintendencia de Salud.El Foro Permanente de Discapacidad y el Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) se manifestaron contra esta reforma del sistema.
Este decreto golpea al colectivo de discapacidad, y ataca a más de 200.000 personas con discapacidad que asisten a instituciones, consultorios, transporte, centros de día, centros educativos terapéuticos, escuelas, hogares, etc. Este decreto es un retroceso en materia de derechos para el colectivo de discapacidad, trabajadores e instituciones prestadoras de servicios y ataque a la salud, dado que la ley 24.901 establece la cobertura de los tratamientos a nivel nacional a través del estado, y las prepagas -que son las grandes beneficiarias porque facturan las prestaciones a través de la ANDIS- ya no van a tener la obligación de cubrir los tratamientos. Va en sintonía con ataques del gobierno a los trabajadores, como la ola de despidos, la falta de medicamentos oncológicos, la baja de jubilaciones, recorte de alimentos a comedores, etc y lleva a un nivel mayor la precarización laboral y menor acceso a la salud integral.
Los colectivos de prestadores y familias se preparan para enfrentar lo que sería un gran retroceso y convocan este próximo martes 21 de mayo a las 10 hs. a una conferencia de prensa en CABA, en donde anunciarán las medidas y plan de lucha a seguir.