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A 13 días del secuestro de Loan, los fiscales que llevaron la causa, el gobernador de Corrientes, Patricia Bullrich y todos los resortes del poder descubrieron lo que los vecinos, una parte de la familia y la población vaticinaban desde que se enteraron de la desaparición del nene: Loan había sido secuestrado y vendido.
Lo que no se sabe aún es si para un sacrificio religioso, para venta de órganos, para explotación sexual o para que toque el acordeón en un circo. Pero de que no estaba en un naranjal, sino secuestrado, nadie tenía duda excepto los responsables de buscarlo. Apenas un día después de la desaparición, la mamá, María Noguera, apuntó directamente al secuestro: “Loan no sale solo, capaz alguien lo vio solito, y lo agarró. Creo que lo único que queda es buscar casa por casa”.
El gobernador Gustavo Valdés, por ejemplo, en vez de llorar sus lágrimas de cocodrilo debería explicar por qué su provincia hace cuatro años que no se sienta en las mesas contra la Trata, aunque Corrientes “es una de las cinco provincias donde más casos de trata de personas se reportaron en el país”, según denunció el experto Gustavo Vera, exfuncionario y fundador de La Alameda.
La policía debería explicar por qué Walter Maciel, un comisario acusado de obstaculizar la búsqueda de una nena desaparecida en San Luis en 2021, fue reubicado en Goya, el lugar que la monja Marta Pelloni sindica hace 30 años como uno de los núcleos más fuertes de tráfico de personas del país. Al principio del año 2000, en Goya, Pelloni destapó una red de adopciones ilegales que empezaba por la violación y embarazo de las empleadas domésticas por sus patrones y seguía por la apropiación y venta de sus bebés en el extranjero, negocio organizado por una dirigente política local. Las acusaciones de Pelloni rozaron incluso al Obispado correntino.
Ahora, los candorosos fiscales acusan a la policía de haberles “plantado” pruebas para desviar la investigación en el inicio de la búsqueda, momento clave para recuperar a la víctima. También dijeron que María Victoria Caillava, la funcionaria municipal de La Libertad Avanza, utilizó sus vínculos políticos para el plan criminal. Y que su marido, el capitán de navío Carlos Pérez, quizá sea el cerebro de la operación.
En departamentos de Pérez, allanados en Resistencia, Chaco, encontraron un arsenal, municiones y teléfonos celulares que probarían la existencia de una red de tráfico de niños. “Un circuito que es un negocio armado hace décadas”, dice Clarín. Amparado hace décadas también.
La Justicia tampoco atendió al pedido de Pelloni de investigar al intendente, que cuando las evidencias ya eran abrumadoras seguía impulsando inútiles rastrillajes en El Algarrobal.
Los fiscales dicen que el matrimonio “tomó al chico y buscó a quién venderlo en Chaco porque conocían el circuito”. Ellos parece que no porque no interrogaron ni a la pareja ni a ninguno de los que compartió la comida con Loan en casa de la abuela. Y Maciel permitió que la pareja se fuera al Chaco -una de las salidas al Paraguay- sin siquiera revisar si en el vehículo tenían a Loan, cosa que los perros y las huellas después certificaron.
La Justicia tampoco se extrañó de que las cámaras que apuntan a la casa de la pareja estuvieran rotas, ni el oportuno corte de luz que bloqueó cualquier imagen. Tardaron más de una semana en activar el protocolo que permite el registro de las rutas, cerrar las fronteras y en convocar a la Protex -la procuraduría de lucha contra la trata-, ahora a cargo de la investigación, cosa que Vera había pedido inmediatamente.
La operación para llevarse a Loan tuvo el proceder habitual de las redes de trata: personas con cierto poder local, aproximación a una familia pauperizada, préstamos de dinero a los parientes, plantado de pistas falsas para entorpecer la investigación.
Los detenidos también son un elenco previsible de políticos y fuerzas de seguridad. Un marino, un comisario, una funcionaria municipal que estuvo en la casa de la familia del nene. Un intendente y fiscales que a priori desestiman el secuestro. La policía que cita como sospechosos a los que organizan las marchas.
Un gobierno de traficantes y apropiadores
Cuando era candidato, en una entrevista radial, Milei se enredó después de caratular como un problema filosófico el derecho de los padres a vender a sus hijos. Y Patricia Bullrich, entonces su rival, lo acusó de seguir a Rothbard, un teórico libertario que pregona que los padres, como propietarios de sus hijos, pueden donarlos o venderlos a través de un contrato. Las alusiones al abuso infantil son frecuentes en las metáforas perversas del presidente.
La venta de niños no tiene nada de filosófica, sino de escandalosamente lucrativa. Y siempre descansa sobre la complicidad del Estado y sobre la extrema pauperización de las madres y la familia. Es lo que justifica la venta de miles de bebés por año por la vía de vientres subrogados en Ucrania. El eurodiputado holandés Marcel de Graaff se ha aburrido de acusar a Ucrania de ser el mayor proveedor de niños para redes de pedófilos, trata de personas y sustracción de órganos.
En la Argentina, el gobierno de Milei eliminó el Comité de lucha contra la trata, que tenía representantes federales de todas las provincias. El desmantelamiento de los refugios y la parálisis del Programa Reparar dejó en total desamparo a cientos de mujeres, adolescentes y criaturas rescatadas.
La prohibición de los ministros Petri y Bullrich de que las Fuerzas Armadas entreguen datos sobre la apropiación de bebés nacidos en cautiverio al Banco de Datos Genéticos es un traba feroz al intento de recuperar a los hijos de desaparecidos. Bullrich también le negó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la posibilidad de acceder a legajos de efectivos de las fuerzas de seguridad federales, para investigar el destino de los niños y las niñas robados durante el terrorismo de Estado.
La Iglesia
Entre el coro que deplora la desaparición de Loan se encuentra la Iglesia Católica, que afirmó que la trata de personas es “una realidad que lacera el tejido social de nuestra patria”, bla bla bla. Caraduras. El Movimiento Familiar Cristiano, laicos católicos, fue "uno de los vehículos utilizado para lograr adopciones de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en Campo de Mayo", donde entre las parturientas desaparecidas deambulaban las monjas de la corporación Cristo Rey. Las Abuelas informaron en 2008 que en el hospital del cuartel se hallaron partidas de nacimiento y que en la Secretaría del Menor "aparecieron escondidas decenas de fichas de adopciones favorecidas por el MFC".
El juzgado de Jorge Ballesteros, a su vez, encontró en la sede del MFC fichas de bebés inscriptos con nombre falso en hospitales. Así “blanqueaban” el robo de bebés. La Iglesia jamás dio un solo dato para que fueran restituidos. Los del MFC siguen actuando impunemente con el tráfico de hijos de mujeres pobres acompañados por otras organizaciones como El hogar de Belén, que se jacta de haber convencido de no abortar a unas 6.000 adolescentes y mujeres pobres y de haber garantizado que el bebé recién nacido “fuera adoptado por una familia de buenos recursos”. Más claro: se apoderan del bebé de la madre "pobre o sola", arreglan con el juez que les dé la guarda, ubican la familia "bien" adoptante y el juzgado autoriza la adopción. En 2010 una adoptante denuncia que le habían pedido 15.000 dólares como prueba de su alborozo y gratitud.
La nave insignia del robo de sus hijos a mujeres pobres es el obispo Antonio Baseotto, denunciado por trata de bebés en Añatuya, el pueblo más pobre de Santiago del Estero, donde se desempeñó como obispo desde 1991 hasta 2002 en que llegó al obispado castrense. La denuncia, que habla de miles de bebés entregados a cambio de unas chapas o comida para los otros hijos, fue impulsada por la Fundación Adoptar y dio lugar a una causa judicial que finalmente terminó, como era de suponer, con el sobreseimiento de Antonio Baseotto y su hermana María Rita, sin haberlos citado a declarar en ningún momento.
Los correntinos han llenado las plazas de la provincia reclamando al nene, denunciando al poder y la policía. En el Chaco se han hecho eco también. El destino de los Loan depende exclusivamente de la lucha por encontrarlos de la clase en la que nacieron. La red que convierte a niños y mujeres en una mercancía está plagada de criminales poderosos de buenos modales.
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La desaparición de Loan pone al desnudo la colaboración del Estado y sus gobiernos con las redes de trata Por Alejandra del Castillo, 24/06/2024.
