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El 27 de mayo, en el Tribunal Oral Federal de Tucumán se inició el juicio por la “Causa YMAD”, en la que se investiga el destino de los fondos que recibió la Universidad Nacional de Tucumán entre 2006 y 2009 en concepto de utilidades provenientes de la explotación de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que suman la jugosa cifra de $353 millones de pesos (85 USD millones, en aquel entonces).
La causa se inició en 2010, a instancias de las denuncias realizadas por el arquitecto y docente universitario Ramón Eudal por corrupción y perjuicio ambiental. Tras la investigación, el juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones, procesó al exrector Juan Cerisola (2006-2014), al exdiputado nacional Luis Sacca -en aquel momento se desempeñaba como Subsecretario Administrativo-; a Olga Cudmani, exdirectora de Construcciones Universitarias; y a Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones. Las acusaciones incluyen presuntos sobreprecios en obras universitarias, administración fraudulenta y posibles desvíos de fondos mineros destinados a la UNT. Se prevé la declaración de más de 150 testigos y peritos.
YMAD es una empresa interestatal conformada por la provincia de Catamarca, la UNT y la Nación creada a partir de la ley nacional 14.771 bajo el frondizismo. De acuerdo a esta normativa, las utilidades de la explotación minera del YMAD debían repartirse en un 60 % para Catamarca y un 40 % para la UNT, dinero que debía estar destinado fundamentalmente a finalizar las obras de la Ciudad Universitaria, cuya construcción se inició en 1948 bajo el primer gobierno de Perón. La Ciudad Universitaria fue un megaproyecto ubicado en la Sierra de San Javier, que incluía la realización de un campus universitario, laboratorios, viviendas, un hospital, un teatro y hasta un estadio. En el 55, las obras se paralizaron por completo y la Ciudad Universitaria quedó inconclusa.
Los primeros registros de dinero proveniente de la minería a las arcas de la UNT se remontan a principios de la década del 2000, cuando ya estaba en pleno desarrollo la explotación del yacimiento de La Alumbrera, aunque el grueso de las utilidades que ingresaron se registraron entre 2006 y 2009, período que sigue la investigación de la causa YMAD, conocido como “la fiebre del oro”.
Sin embargo, el 2 de enero de 2008, entre gallos y medianoche, Cerisola firmó un acta que dio por concluida la Ciudad Universitaria. En consecuencia, de acuerdo a la ley 14.771, la UNT pasó a percibir 20 % de utilidades mineras en lugar del 40 % establecido por la ley, es decir, una reducción del 50 %. El otro 20 % restante, que dejaba de recibir la UNT, se debía repartir a otras universidades nacionales.
En septiembre de 2014, Florencio Aceñolaza, un exdirector de YMAD designado por la UNT, denunció en su último informe de gestión que “la UNT dejó de percibir más de $500 millones” desde la firma de aquella acta (LG, 7/9/14). La acusación de Aceñolaza llevó a que el Consejo Superior de la UNT declarara la nulidad del acta e iniciara un litigio judicial para reclamar la restitución de ese porcentaje de utilidades. En julio de 2019, la justicia federal determinó que el 20 % de las utilidades mineras que reclama la UNT “sea reservado y depositado a la orden del juzgado y que se coloquen a plazo fijo esos montos mientras dure la tramitación de la causa o hasta la terminación de la Ciudad Universitaria”. (LG 4/6/2020) A fines de junio, y con el juicio oral contra Cerisola y otros funcionarios universitarios en curso, la UNT y el gobierno de Catamarca llegaron a un principio de acuerdo para que se restituyan los fondos a la universidad y que ésta desestime el curso del litigio judicial presente y los que pudieran suscitarse, de acuerdo a la interpretación de la ley 14.771. Este acuerdo fue avalado por unanimidad por todos los miembros del Consejo Superior.
El vínculo de la UNT con la minería a cielo abierto ha dejado como saldo una matriz de corrupción, negociados y perjuicio ambiental. Según el Fiscal Federal Carlos Brito en su pedido de elevación a juicio, “las utilidades giradas por YMAD a la Universidad nunca alcanzaron el porcentaje del 40 % determinado por la Ley 14.771. Por ejemplo, en el 2006 se giró un 19,28 %, equivalente a $57.112.000; en el 2007 un 25,35 % por lo que se recibieron $233.000.000, e incluso después de la rúbrica del convenio, tampoco se alcanzó el "nuevo" porcentaje legal del 20 %, así en el 2008 se giró un 10,15 %, que resultaron unos $36.800.000 y en el 2009 un 6,41 % equivalentes a $ 26.300.000”.
Aun así, recientemente trascendió que el directorio de YMAD aprobó un adelanto de utilidades por $3000 millones de pesos a la provincia de Catamarca y la UNT correspondientes al balance 2022, por el cual ya les habían adelantado $2500 millones de pesos, “por lo que en total se distribuyeron $5500 millones correspondientes a ese año” (El Ancasti 1/3/24).
Como vemos, se trata de cifras astronómicas y representan casi una quinta parte del presupuesto total de la UNT en 2023. Bajo este esquema, las camarillas universitarias han hecho y deshecho sin dar explicaciones a nadie. La Ciudad Universitaria es cosa del pasado. Tanto Cerisola como Pagani, el actual rector, han declarado que el proyecto es “impracticable”. Para peor, la caja millonaria de las utilidades mineras ahora es de uso discrecional lo que convierte a la universidad en un campo de batalla entre camarillas por hacerse con el botín, mientras los problemas estructurales se mantienen, dejando a toda la comunidad universitaria a merced de estos negociados. A saber: facultades semiaranceladas, cupos de ingreso a numerosas carreras, incumplimiento de normas básicas de higiene y seguridad y, claro, salarios docentes y no docentes de pobreza.
Las utilidades de YMAD están muy lejos de haber promovido una universidad moderna y de avanzada. Por el contrario, se han convertido en una caja negra con un entramado de negociados que involucran al gran capital minero internacional y a las empresas adjudicatarias del “plan de obras” universitario.
“Bajo de La Alumbrera”, ha sido uno de los diez mayores yacimientos de oro y cobre del mundo, y durante muchos años fue la principal mina a cielo abierto del país. Durante más de veinte años las tareas de exploración y explotación estuvieron a cargo de Minera La Alumbrera, operada por la multinacional Glencore. En 2017, el fiscal federal Gustavo Gómez, en el marco de un recurso de aclaratoria, advirtió que en “la investigación global desarrollada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeustche Zeitung, denominada “Paradise Papers”, [...] se denuncia que la multinacional Glencore montó estructuras financieras en paraísos fiscales de las Islas Bermudas e Islas Caimán, entre las que se encuentra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Minera La Alumbrera Ltda., que es investigada por evasión fiscal y deficiencias en la política ambiental.” (fiscales.gob.ar 8/11/207). También el directorio de YMAD fue investigado en 2016, como parte de lo que se conoció periodísticamente como “La mafia del oro K”. Una causa por explotación y comercialización ilegal de oro a una decena de empresas ligadas entre sí, entre ellas, una de Lázaro Báez. (Clarín 8/10/19). Enmarcada en toda esta maraña de corruptelas a gran escala, el fraude económico entre la UNT y el empresariado es apenas otro eslabón de la cadena.
En paralelo a la “Causa YMAD” -o “Causa Cerisola”- se ha confirmado el procesamiento de 20 empresarios responsables de 12 empresas involucradas en unas 17 obras realizadas entre 2006 y 2009 en distintas dependencias de la UNT financiadas a través de las utilidades de la megaminería. La Cámara Federal de Apelaciones ha considerado a estos empresarios *prima facie *como “partícipes necesarios [...] por percibir sobreprecios en distintas obras realizadas con sus empresas en la UNT”. (LG 10/6/24) Aún sin fecha de juicio, se prevé que esta causa arroje nuevos elementos de investigación para desentrañar la trama de los negociados y el posible procesamiento de todos los cómplices que aún no han sido señalados. Es decir, puede haber “tiro por elevación” y será tarea y responsabilidad de la comunidad universitaria, luchar para no dejar que el caso quede impune y sean juzgados todos los involucrados.
Uno de los aspectos que han sido relegados en todo este debate es el factor ambiental. Minera La Alumbrera ha violado toda legislación ambiental desde el inicio de su explotación. “Existen desde 1999, en la justicia federal, 11 causas abiertas sin sentencia definitiva por contaminación, infracción a la ley nacional 24.051, daños y perjuicios, cobros indebidos y estafa al Estado Nacional por ocultamiento de ganancias.” (El Diario AR 1/2/22) Las consecuencias de la actividad minera a cielo abierto han sido catastróficas: sequías, crisis hídrica, la liquidación de la flora y fauna autóctona, contaminación acuífera y hasta el desplazamiento forzoso de comunidades originarias. Es de este accionar infame de las multinacionales y, ante el silencio del gobierno de Catamarca y la UNT, que se devengan estas utilidades millonarias y manchadas de sangre. Si bien a partir del año 2014 las utilidades mineras fueron decreciendo debido al proceso de cierre de la Mina La Alumbrera, actualmente está en vías de desarrollo el proyecto MARA en Agua Rica, ubicado a 35 km del yacimiento de Bajo La Alumbrera, con lo cual una vez operativa, el circuito de dinero volvería a correr sin que haya cambiado un ápice la estructura de funcionamiento y administración del dinero en la UNT.
Tras la aprobación de la Ley Bases, el gobierno de Catamarca ha salido al trote en busca de inversores y socios mineros sobre la base del RIGI. La minería es una de las 8 ramas industriales incluidas en este régimen entreguista. Ante todo, el esquema descripto, el capital internacional se relame por nuevos saqueos. Por su parte, el pueblo trabajador de Catamarca, los pueblos originarios y toda la comunidad universitaria también debe hacer lo propio. Es una lucha que tiene muchos capítulos más por dar. Una lucha contra la entrega y el saqueo ambiental. Por la condena de todos los responsables de la “Causa YMAD” y todos los involucrados. Por la apertura de los libros contables tanto de YMAD como de la UNT. Por la ruptura de la sociedad de la UNT (por medio del YMAD) con los pulpos mineros internacionales. Por la creación de un Consejo Interestamental con delegados electos por toda la comunidad universitaria, por voto directo, que estudie, planifique y someta a discusión el destino de los fondos que están retenido judicialmente, priorizando un plan de obras para satisfacer todas las demandas edilicias y garantice las mejores condiciones laborales y de estudio, bajo control de la comunidad universitaria. Por la readecuación ambiental en todas las zonas afectadas por la megaminería a cargo de las empresas involucradas. Por la conformación de una comisión que siga el desarrollo del juicio y pueda realizar aportes a la justicia para el esclarecimiento del caso.
Catamarca: el negocio minero y el apoyo de Jalil a la “Ley Bases” Por Bruno Corzo y Daniel Blanco, 06/05/2024.
[Comunicado] No a la megaminería. Solidaridad con el pueblo de Andalgalá. El agua es del pueblo Comunicado de ADIUNT, 17/04/2021.