Escriben Bruno Corzo y Daniel Blanco
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El voto del conjunto de los diputados catamarqueños en el Congreso, a favor de los capítulos de Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el de reinstalación del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, revela el alineamiento general de la fracción UxP-PJ provincial con la política 'dialoguista' (colaboracionista) del gobernador Raúl Jalil, a favor de los intereses del capital minero internacional.
Demostrativo de todo esto fue que, antes y después de la sesión en la Cámara de Diputados que diera media sanción al proyecto del “Ley Bases”, el gobernador Jalil llamó públicamente a los legisladores catamarqueños a apoyar la política de Milei y a brindarle “herramientas para gobernar”. En este sentido, llamó la atención en primera instancia sobre el voto contrario de los diputados de UxP-PJ en el tratamiento en general del proyecto liberticida; sin embargo, posteriormente, en el tratamiento en particular de la “Ley Bases” los cuatro legisladores catamarqueños del bloque de UxP-PJ dieron un volantazo, aportando tres votos positivos y una abstención a favor del RIGI, por un lado, y por otro un voto positivo y tres abstenciones a favor de la reinstalación del Impuesto a las Ganancias.
Por su lado, el único diputado de JxC-UCR era un voto cantado; votó favorablemente en todas las instancias a favor del proyecto del gobierno nacional.
La adhesión de Raúl Jalil al gobierno de Milei no es novedad. Desde un primer momento se declaró ´dialoguista´ y “dispuesto a contribuir a la gobernabilidad”. Esta postura se fue profundizando conforme la provincia sufría las consecuencias del desfinanciamiento; Catamarca es una de las provincias más dependientes de los fondos nacionales.
Lobby minero
Pero el factor determinante que empuja a Jalil hacia las posturas del gobierno nacional son los negocios del capital minero instalado en la provincia y el lobby de otros sectores de la gran minería, quienes reclaman que se liberen las trabas existentes y puedan ingresar a explotar los fabulosos recursos existentes en la región.
Días antes de la sesión en Diputados que aprobó la “ley bases”, Jalil se reunió en el departamento de Fray Mamerto Esquiú, a instancias del Banco Macro, una cumbre minera que reunió a la denominada “Mesa del Litio”, conformada por los gobernadores de Catamarca, Salta y Jujuy, junto a empresarios y especialistas del sector minero. También fue una activa participante la exsecretaria de Minería del gobierno de Milei, Flavia Royón. En esa cumbre, los representantes del banco Macro fundamentaron el desarrollo de su lineamiento a favor del desarrollo minero, mientras que la conferencia se pronunció en conjunto a favor de la RIGI. Jalil declaró: “Necesitamos que [la ley] salga rápido, antes del Pacto de Mayo. Hay inversiones especulándose y demoradas”.
Los ´beneficios´ del RIGI
El RIGI prevé beneficios extraordinarios para el capital minero, en términos fiscales, aduaneros y cambiarios para el ingreso de inversiones de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Los incentivos destacan la rebaja de Impuesto a las Ganancias del 35 % al 25 %, la suspensión del impuesto a los dividendos distribuidos, la cancelación del IVA con certificados de crédito fiscal, el descuento de bienes personales a cuenta de ganancias, la extinción de cualquier otro impuesto provincial o municipal, arancel 0 % para importaciones, retenciones 0 % desde el tercer año, libre disponibilidad de divisas y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.
Durante el tratamiento en Diputados, el gobernador se reunió en el mayor sigilo con Luis Caputo para hablar sobre minería, conversación que luego sería revelada a través de la cuenta de “X” del ministro.
El gobernador de Tucumán, Jaldo, se alineó en este campo de colaboracionismo con el gobierno de Milei y se pronunció rápidamente en respaldo a la postura de Jalil.
Cooptación parlamentaria
El lobby minero se va extendiendo a lo largo de la cordillera. La minería de cobre se encuentra entre los proyectos de interés; en ese sentido, los legisladores de San Juan aportaron sus votos a favor al capítulo referido al RIGI. En tal sentido, se prepara para el corto plazo la conformación de una “mesa del cobre” con la participación de las provincias involucradas en la explotación.
De cara al tratamiento en el Senado de la Nación, ya declaró el apoyo a favor Flavio Fama (JxC-UCR) y una postura aún no indefinida, pero apuestan que sería a favor, de parte del senador Andrada, y el rechazo de Lucía Corpacci. Estos dos últimos de UxP-PJ.
La exgobernadora Corpacci, en su discurso se diferenció públicamente y de manera tajante del proyecto de "Ley Bases". Sin embargo, posteriores declaraciones admitieron su apoyo al gobernador Jalil en su necesidad de buscar financiamiento para la provincia.
Corpacci actúa como vocera de los intereses de los proveedores y emprendimientos relacionados a la minería local que se verán afectados y en desventaja por el RIGI, como también lo reconoce la UIA. Lo mismo ocurre respecto a los ingresos municipales. Corpacci comparte la política minera de fondo, como quedó demostrado en su segundo mandato en la provincia, acompañando las exenciones impositivas impulsadas por el gobierno de Macri. Su voto en la Cámara de Senadores se definirá en el recinto. Todo esto demuestra que es un voto negociable, con algún agregado o promesa en la reglamentación de la ley para arbitrar y dejar espacios a fin de que los proveedores locales y otros sectores puedan participar en el negocio.
Raúl Jalil pasó de reclamar el ingreso de capitales sobre las reglas y legislación establecidas en la provincia a apoyar sin miramientos el proyecto nacional en un abrir y cerrar de ojos. En el camino, el Ejecutivo nacional desplazó al titular de YMAD, Fernando Jalil -hermano del gobernador-, y colocó en su lugar Juan Pablo Limodio, un hombre del macrismo. El YMAD tiene injerencia en importantes yacimientos, algunos potenciales, otros ya explorados. En el caso de Agua Rica, se estima que duplica los recursos a explotar de los que se pudo extraer en la Alumbrera. La complicación aparece porque cualquier avance en esta dirección tiene que contar con el visto bueno de la Universidad de Tucumán, cuando precisamente el 27 de abril comienza el juicio contra el exrector Cerisola, que podría poner al descubierto cuestiones que trabarían el avance en el proyecto, además resistido por los pobladores locales. Existen denuncias gravísimas relativas al pasivo ambiental, además de contrabando y muchos otros delitos impunes que se impusieron en esta primera explotación megaminera en el país.
La que se ha embarcado hipotecando la autonomía es la UNCA (Universidad Nacional de Catamarca), donde las camarillas dirigentes que se han sucedido han ido progresivamente adecuando sus carreras, planes de estudio y recursos a las necesidades del capital minero, una política encubierta de privatización universitaria.
Mediante la “Ley Bases” y, en particular, la instauración del RIGI, el Gobierno espera avanzar sobre los obstáculos establecidos respecto de la actividad minera que se encuentra afectada por un fallo de la Corte provincial.
Mientras tanto, en la provincia se espera la aprobación del proyecto de ley de “emergencia económica” provincial, con el apoyo unánime del bloque de UxP.