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El gobernador catamarqueño envió a la Legislatura Provincial su proyecto de ley de “emergencia económica, financiera, administrativa y educativa”. Con este proyecto, Raúl Jalil busca atribuirse facultades extraordinarias para imponer una reestructuración en todos los poderes del Estado, organismos descentralizados, autárquicos y sociedades de participación estatal, reduciendo gastos y, en particular, la planta de trabajadores.
Se creará un comité de seguimiento e implementación dominado por el gobierno, a través de su Ministerio de Economía, que aplicará sobre el conjunto del Estado. Los organismos y municipios son intimados a adherir a razón de evitar condicionamientos en el giro de fondos.
Con el pretexto de la falta de envíos de fondos nacionales no automáticos y la caída de los recursos de coparticipación en un 20%, el gobierno provincial se prepara para avanzar en una racionalización que afecta fundamentalmente a los trabajadores.
El carácter excepcional y transitorio de la ley, con posibilidad de una prórroga anual, servirá para que el gobierno prohíba contrataciones y designaciones de personal de la administración y obra pública, altere modalidades de empleo en todas las áreas de incumbencia, reasigne funciones y revoque licencias especiales. En el mismo sentido, con la figura de readecuación del sistema educativo, y con la justificación de la caída de la tasa de natalidad y de matrícula, se preanuncia un achique de la estructura con el cierre de secciones por grado y por escuela. Los estatutos de los trabajadores de la educación y del Estado quedan expuestas a ataques y vulneración sobre derechos adquiridos.
El gobierno intimará a los agentes en condiciones de iniciar trámites de jubilación. Por otra parte, se impone un “régimen anticipado de retiro voluntario” para agentes de planta permanente que posean un mínimo de cinco años. Al consignar las excepciones, el gobierno instaura las tareas esenciales en educación, salud y seguridad; los precarizados tampoco podrán encuadrarse en el retiro voluntario.
Según el texto, los agentes que adhieran al retiro voluntario cobrarán una ‘prestación pecuniaria mensual irrevocable’ proporcional a la remuneración bruta correspondiente, más el 50% de adicionales no remunerativos provinciales percibidos al momento. Se trata de doce pagos mensuales por año y la prestación se calcula según una pauta a razón de los años que le falten al agente para jubilarse: que va desde los 15 años en adelante por un 50%, hasta 5 años o menos se liquida el 80%.
La prestación caduca cuando el agente cumpla la edad mínima de jubilación o la haya alcanzado anticipadamente. Mientras tanto, el Estado retendrá los fondos correspondientes al régimen complementario previsional provincial, obra social y aporte jubilatorio. Quien se encuadre en el retiro voluntario tampoco podrá ser reincorporado o reingresar como trabajador, permanente o precarizado, en ningún organismo estatal nacional, provincial o municipal.
El mismo proyecto suspende todo proceso judicial que tenga por objeto la ejecución de las sentencias que condenen al Estado provincial al pago de sumas de dinero, instruyendo al Poder Judicial a levantar cualquier cautelar o medida que se interponga.
La realización de la obra pública quedará sujeta exclusivamente al criterio del Poder Ejecutivo, como también la capacidad de suspender o renegociar contratos y compromisos asumidos. En el mismo sentido, se agilizará la venta de bienes de uso, registrables y automotores.
Este proyecto de emergencia económica para la provincia otorga facultades al gobernador sobre un conjunto de actividades y funciones del Estado. La atención está puesta sobre la reducción del personal, estableciendo condiciones para imponer retiros voluntarios por mecanismos internos de presión. Las tareas serán ocupadas por el plantel de trabajadores precarizados. El ataque sobre la educación redundará en aulas superpobladas y sobrecarga laboral, como también en un ensanchamiento de las filas de los docentes desocupados.
La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable y se espera su media sanción próximamente. La Legislatura provincial se encuentra dominada por el bloque oficialista de UxP en ambas cámaras. El proyecto de “emergencia económica” cuenta con el consentimiento de la burocracia de los sindicatos de trabajadores de la educación y estatales. En el mismo sentido, los intendentes oficialistas y opositores anunciaron su apoyo.
En la Cámara de Diputados, el bloque de oposición de JxC negó en los términos el carácter de la “emergencia económica”, señalando la existencia de fondos suficientes en las arcas del Estado. Sin embargo, en su dictamen de minoría se pronunció por un ordenamiento del Estado en la misma línea del proyecto oficial, exceptuando los apartados para retiros voluntarios para los que pidió ‘una ley aparte’. El gobierno y la oposición confluyen en el ataque contra los derechos y condiciones laborales.
Raúl Jalil ordena la estructura provincial en función de la política nacional. En el mismo sentido, aprieta a organismos y municipios. La defensa de los estatutos de los trabajadores y los derechos laborales, está en manos de las bases. Resulta indispensable impulsar las autoconvocatorias, las deliberaciones y la coordinación por una lucha de conjunto.
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