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El gobierno de Milei suprimió por decreto la delegación Rosario que controlaba la Hidrovía y dejó fuera de las decisiones sobre su funcionamiento a todas las provincias de orillas del Paraná. En marzo del 2022, luego de la “estatización” de la Hidrovía decretada por Alberto Fernández, la misma había quedado a cargo de la Administración General de Puertos (AGP). Junto a ello se había conformado el Consejo Federal Hidrovía y, posteriormente, se creó el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, que contemplaba el voto de las provincias.
La despótica decisión de Milei margina ahora a varios gobernadores que le brindaron su aval y que sostuvieron la salida de la Ley Bases en el Congreso, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Rios). La decisión le da a Milei, desde Buenos Aires, la administración del cobro del peaje (3 dólares por tonelada cargada) para compensar los gastos de explotación de la Hidrovía (dragado y balizamiento).
Este paso está claramente encaminado a la privatización total de la Hidrovía a manos de capitales extranjeros. La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal salida de las exportaciones a ambos países, al cual se suma también Bolivia. Solo durante el año 2023, el volumen operado “oficialmente” fue de 110 millones de toneladas de carga, con más de 4.300 barcos a lo largo de todo su recorrido .
La Hidrovía se conecta con 79 puertos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, pero sólo de la zona del Gran Rosario (San Lorenzo Timbúes y Puerto San Martín) sale alrededor del 79 % de las exportaciones argentinas.
La gestión de Milei se encamina a entregar a los capitales estadounidenses el control de la Hidrovía, pero también hay intereses en juego de parte de China, receptora de una parte sustancial de las exportaciones. El mantenimiento de la Hidrovía actualmente sigue bajo la dirección de la empresa Belga Jan De Nul, apoyada por EE. UU. El dragado de los ríos, para que penetren barcos de gran porte, genera una importante cuestión ambiental. La alteración del lecho fluvial altera los humedales, la flora, la fauna y las especies.
Planteamos la anulación de todas las concesiones portuarias, por donde pasa el contrabando exportador, y la nacionalización de la operación y mantenimiento de la Hidrovía y de todos los puertos, bajo control de los trabajadores.