Reclamamos la absolución a Alejandro Bodart

Este lunes comenzó el juicio oral y público contra Alejandro Bodart. El dirigente del MST ha sido llevado a juicio por la DAIA, por posteos supuestamente ´antisemitas´ en la red social X (ex Twitter). La descabellada acusación se debe a que Bodart escribió “Palestina libre desde el río hasta el mar” y “por la destrucción del Estado de Israel”, en el marco de una denuncia contra la masacre del pueblo palestino en Gaza a manos del ejército israelí. Para la DAIA y otros voceros de la derecha, la lucha contra el sionismo es una forma insidiosa de antisemitismo, una ´innovación´ de factura reciente, contraria a la rica historia política del pueblo judío, creada interesadamente para atacar y perseguir toda expresión de denuncia contra la opresión sionista en Medio Oriente.

En la primera jornada se presentaron los testigos de la acusación. Entre otros, hablaron dos ex empleados del INADI. El Instituto contra la Discriminación, cerrado recientemente por el gobierno de Milei, fue el que “dictaminó” que los tuits de Bodart eran “discriminatorios”. No es la primera vez que el INADI interviene como instrumento del lobby sionista contra sus opositores.

Otro testigo que presentó la parte acusadora fue el juez de La Matanza Franco Fiumara, quien ostenta en su currícula haber cursado “estudios complementarios especializados sobre el Holocausto en la International School for the Holocaust Studies, Yad Vashem en Jerusalén, Israel”. Fiumara aportó un conjunto de “definiciones” arbitrarias con aire doctoral. Entre otros, citó que el Estado argentino adoptó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés). Aquella incluye los ataques contra el Estado de Israel “concebido como una colectividad judía”. Aquella definición, cabe recordar, fue fraguada entre Trump y Netanyahu y aprobada por legislaturas y parlamentos de Argentina y otros países, pero carece de estatus jurídico. En el sitio oficial de IHRA se especifica, por caso, que “es una definición práctica, jurídicamente no vinculante”. Sin embargo, es utilizada para instituir el ´delito de opinión´ contra los críticos del Estado israelí.

El resto de los testimonios -Ariel Gelblung, titular del Centro Simón Wiesenthal, y Marisa Braylan, empleada de la DAIA- transitaron la misma vertiente dogmática. Ocurre que aquí no hay “hechos”, puesto que Bodart no está acusado de participar de ninguna acción contra la comunidad judía ni contra los representantes de sus organizaciones, sino por sus opiniones y denuncias.

En todo el mundo se desarrollan movilizaciones y acciones multitudinarias contra la masacre de Gaza, en las cuales intervienen importantes corrientes judías, sionistas liberales o antisionistas, democráticas y socialistas.

Jorge Altamira, de Política Obrera, participará de la segunda audiencia como testigo solicitado por la defensa de Bodart, quien está representado por María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, abogados de Correpi.