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El editorial de Clarín de hoy referido al crimen de Susana Montoya a manos, presuntamente, de su propio hijo, Fernando Albareda, según el autor “confirma una verdad dolorosa: que la militancia por los derechos humanos se convirtió hace tiempo en un negocio millonario para algunos”. “Lo más grave”, continúa, “es comprobar que la utilización de los derechos humanos, por parte del kirchnerismo y sus aliados, degradó la causa hasta convertirla en una posible coartada criminal”.
El editor, en este caso, Gonzalo Abascal, se refiere a que el presunto móvil del crimen sería el cobro de una indemnización de 76 millones de pesos. El argumento, por supuesto, es completamente falaz. Abascal se aparta de las particularidades del caso -un drama humano y social inconmensurable- para generalizar conclusiones contra “el curro de los Derechos Humanos” (Macri dixit). Los derechos humanos serían utilizados “por el kichnerismo y sus aliados” (¿cuáles?) como “coartada criminal” para hacer “negocios millonarios”, aunque si de verdad se quiere hablar de kirchnerismo y negocios millonarios, más consistente sería hablar de la fusión de Clarín con Telecom que Néstor Kirchner le aprobó a Héctor Magnetto antes de la ruptura entre ambos, ocurrida a partir de 2008. Importa señalar de paso que la indemnización que iban a recibir Montoya y sus hijos no fue dispuesta por el kirchnerismo, sino por el gobierno de Córdoba, colaborador de Milei.
Habíamos anticipado que era probable que el caso fuera instrumentado por quienes buscan justificar la consolidación de un Estado policial. Por lo pronto, en el mismo número del matutino se fustiga la oposición gremial a la declaración de la docencia como “actividad esencial”, un proyecto legislativo que se trataría hoy mismo y apunta a la prohibición del derecho a huelga de los maestros. Que se quede tranquilo Abascal, que “los aliados del kirchnerismo” no respondieron a esta avanzada con la convocatoria a una huelga general docente, sino con una módica “jornada nacional de lucha” que duró un suspiro. Los “aliados (sindicales) del kichnerismo” son un sostén de la política antiobrera de Milei.
Difícilmente se le escape a Abascal que Albareda no es un “aliado del kirchnerismo” común y corriente, sino uno que transitó un brote psicótico durante la pandemia y tentativas de suicidio. Tampoco ignora el editor que la familia Albareda-Montoya fue marcada a fuego por el secuestro del padre, subcomisario y militante del PRT-ERP, seguido de la formación de una nueva pareja de su madre con uno de los torturadores de su marido, ni que Albareda haya transitado su infancia entre orfanatos y la calle y atravesado el suicidio, más o menos reciente, de su hermana. La “coartada” de Albareda, como surge de los primeros pasos de la investigación, resultó más bien burda, pues dejó huellas y cabos sueltos por doquier. Difícilmente podría decirse que Albareda haya tramado un “crimen perfecto”. Lo que le dio verosimilitud a su coartada no fueron los detalles, sino su trazo grueso, dado el envalentonamiento del ala fascista del oficialismo, con sólidos vínculos con el aparato represivo de ayer y de hoy. La visita de una delegación de diputados ´libertarios´ a los genocidas presos en Ezeiza formó parte de una operación política en la que se discuten beneficios y excarcelaciones como prenda de cambio de la colaboración de las Fuerzas Armadas con el Gobierno. Lo que le dio verosimilitud a la malograda coartada fue la política liberticida de Milei, del protocolo ´antipiquete´ de Bullrich, la extorsión contra los desocupados que se movilizan, el incremento de los fondos reservados de la SIDE, la criminalización de las ocupaciones de empresa y los bloqueos como medida de lucha de los trabajadores. Los juicios a los represores, que avanzan desde hace 20 años a cuentagotas, ahora están prácticamente paralizados. Los organismos que colaboraban con ellos y con la búsqueda de los chicos apropiados fueron desmantelados. La mente desquiciada de Albareda fraguó una escena que cualquier investigador principiante desbarataría enseguida, pero había sido adaptada a un ´clima de época´. Serán los peritos eventualmente quienes evalúen la racionalidad o no que guio los actos de Albareda.
Por supuesto, los gobiernos K malversaron la causa de los derechos humanos, atentos a otro ´clima de época´ dominante cuando llegaron al poder, el de la rebelión popular de 2001. Hasta entonces, el matrimonio Kichner había sido ferviente cavallista y menemista. Cooptaron y desnaturalizaron a organizaciones históricas de lucha contra todos los gobiernos que habían sido garantes hasta entonces de la impunidad de la dictadura. El mismo Albareda, que fue asesor del exministro de Derechos Humanos, Martín Fresneda -cofundador de HIJOS, la organización donde él también militaba-, dictaba cursos de Derechos Humanos para la policía.
Hoy el kirchneirsmo es un despojo. Al fracaso de la experiencia Fernández-Fernández se le suman los escándalos que ahora ocupan todos los medios informativos, relegando incluso la crisis brutal del programa económico del oficialismo. El editorialista de Clarín se ensaña con un adversario que, seguramente, ya no volverá a levantar cabeza, mientras el Gobierno barre libertades democráticas a diario.
