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Anabela Barreto se encuentra detenida con arresto domiciliario en la localidad de Los Juríes, departamento Taboada, a unos 178 km de la ciudad capital de Santiago del Estero. Es una joven de 24 años, quien convive con su abuela que tiene discapacidad motora y otras afecciones de salud, por lo tanto, requiere de cuidados permanentes. Esta tarea, de enorme responsabilidad, la realiza su nieta desde temprana edad.
Anabela es uno de los casos que cotidianamente atraviesan las familias y mujeres en la provincia. Estaba cursando un embarazo sin control ginecológico, creía estar embarazada de unos 6 meses, cuando, en una noche del 2021 comenzó a sentir fuertes dolores de espalda, algo común en ella por la fuerza que estaba obligada a ejercer para trasladar a su abuela. Frente a esos dolores, se automedicó con fármacos contraindicados ante un embarazo, lo cual era desconocido por la joven. El resultado fue un aborto espontáneo.
Para la Justicia santiagueña, la joven es culpable por la muerte de su bebé. El contenido del fallo está completamente influenciado por las posturas reaccionarias de la Iglesia y el Estado, para los cuales las mujeres tienen una sola responsabilidad, la de procrear, condicionando la vida de cientos de miles mujeres. El fallo, por otra parte, tiene un propósito regimentador, orientado a aleccionar a las mujeres para que no se organicen para reclamar por anticonceptivos, el derecho a una educación sexual, o que se garantice el derecho al aborto conquistado por las mujeres después de décadas de luchas continuas.
La vida de las mujeres campesinas trabajadoras, y sus familias, en la inmensa mayoría de los casos, carecen de acceso a los derechos básicos, como es el de la salud, que se necesita para vivir en buenas condiciones. El vaciamiento del sistema de salud, que se expresa no solo en la falta de médicos, insumos etc., sino también por las dificultades para acceder a algún centro de salud. Ante una emergencia tienen que caminar muchos kilómetros o contar con dinero para que las acerquen a una ruta o al pueblo más cercano, sin garantías de ser atendidos.
De la misma manera que el estado nos quita el derecho a maternar, no conseguimos turnos para ser revisadas por los médicos, los anticonceptivos son reducidos en las unidades de primeros auxilios (UPAS) y la más afectadas son las mujeres que viven en la ruralidad, que como se menciona arriba, hace que sea inalcanzable la compra por los altos costos que representa esa medicación.
Este caso no es el único. Hay muchas Anabela, como fueron los casos de las mujeres de la Cañada o tantas otras mujeres que también pasan por situaciones similares, condenadas por una justicia misógina que responde a la violencia de un régimen agotado.
Para terminar con la barbarie, por el derecho a maternar, por la inmediata libertad de Anabela, debemos organizarnos en forma independiente y luchar contra los gobiernos capitalistas y su estado.
