Las corporaciones petroleras arbitran la crisis política en Venezuela

Las apariencias engañan. En Venezuela todo parece haber quedado congelado desde que Maduro se autoadjudicó la victoria en la reciente elección presidencial sin presentar la menor prueba concreta. El fraude político ha sido complementado con una represión violenta y la detención de un número elevado de dirigentes opositores. Es probable, sin embargo, que la respuesta no esté dirigida solamente al elenco de la oposición tradicional. De acuerdo a un informe publicado en la revista The New Left Review, la cual no podría decirse que revista en el campo de la derecha, da crédito a un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que ha establecido que la mayor parte de las protestas contra el fraude político ha tenido lugar en las barriadas, o sea los viejos bastiones impenetrables del chavismo –un 80% , lo mismo que la represión, el 70 %. No es irrazonable que esto sea así, dado que Maduro ha llevado adelante una política económica que Milei aún no ha logrado emular, o sea una dolarización fundada en la destrucción del bolívar, la moneda venezolana, y un crecimiento de la miseria a lo largo de los últimos siete u ocho años. Si esta tendencia se consolidara, habría en el horizonte algo más extraordinario que el Caracazo de 1989. En este sentido, la represión tendría un carácter político preventivo. La derechista Plataforma de la Unidad Democrática, que encabeza Corina Machado, se ha cuidado mucho de no alentar ese movimiento de rebelión, para lo cual mantiene en escena la convocatoria de actos públicos periódicos, que el oficialismo replica con regularidad. La PUD no quiere patear el tablero, luego de haber llegado a los comicios mediante un acuerdo con el madurismo y el gobierno norteamericano -el acuerdo de Barbados, de octubre de 2023- en el que aceptó la proscripción de candidatos y la abstención forzada de los millones de venezolanos que se vieron obligados a emigrar.

En el campo diplomático las aguas parecen también muy quietas y hasta completamente estancadas. Estados Unidos y la Unión Europea han dado por válidas las actas del escrutinio que presentó la oposición, pero no se ha precipitado en reconocer por adelantado un gobierno de la derecha, como la había hecho anteriormente con Juan Guaidó. Se valen de la ficción de que el nuevo mandato presidencial comienza en enero próximo para dejar congelado el tema del reconocimiento. Hasta enero faltan cinco meses, y antes tendrán lugar las elecciones norteamericanas. Entretanto, las negociaciones no se detienen. Una de las propuestas en circulación es aprovechar las elecciones parlamentarias y municipales del año que viene para arribar a un acuerdo de cogobierno entre Maduro y una eventual mayoría opositora en la Asamblea Nacional y los Concejos de ciudades. Esta transacción supone un reconocimiento de los resultados nunca expuestos de las elecciones presidenciales del 28 de octubre pasado –un paso difícil de dar. Lula propuso, hace dos semanas, nada menos que un gobierno de coalición. El planteo, inviable en principio, no es menor, porque Lula lo justificó poniendo como ejemplo al gobierno que él mismo preside en Brasil, en coalición con toda la derecha histórica, sin el bolsonarismo. Lejos de impulsar la lucha contra la derecha, propone la mimetización con ella. Aunque la Constitución chavista de Venezuela ofrece la oportunidad para destituir al Presidente de turno por medio de un referendo revocatorio, pone para ello la condición de que haya pasado un año desde su elección, lo cual significa una espera indefinida en las presentes circunstancias. Celso Amorim, asesor de Lula, acaba de señalar a El País de Madrid que Venezuela “es un peón en el juego geopolítico mundial”, lo que equivale a una sugerencia para incorporar a Rusia y China en la mediación de la crisis. Son efectivamente dos ‘jugadores’ fundamentales: China y Rusia acaparan, según un especialista, la parte del león de las inversiones en gas y petróleo. Rusia ha provisto el armamento de las fuerzas armadas de Venezuela y el Ministerio de Economía de Rusia es el inspirador del programa de dolarización ‘endógena’ y privatizaciones de Maduro. China es el principal acreedor del país, al pagarle por adelantado un contrato de abastecimiento petrolero por varios años.

Las mediaciones diplomáticas procuran revivir el acuerdo de Barbados, que estableció un levantamiento parcial de las sanciones comerciales contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela por parte de Estados Unidos. “Con actas o sin actas, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela”, escribe Claudio Katz, un ultrachavista argentino, en el portal Aporrea, en una admisión de que el gobierno norteamericano habría puesto en un lugar secundario la manipulación de las elecciones. En efecto, Pdvsa produce uno de cuatro barriles de petróleo, escribe otro ultrachavista, pero venezolano, Modesto Emilio Guerrero –el resto sale de Chevron, Repsol, y la italiana ENI. El acuerdo que Maduro firmó con Chevron rige hasta 2050 – más allá de los RIGI de Milei. Las petroleras norteamericanas se han convertido en el principal apoyo de Maduro. Para Wall Street, Maduro garantiza estabilidad. Para el responsable internacional de Clarín, Marcelo Cantelmi, un inclaudicable denunciante del chavismo y defensor de las democracias occidentales, la reciente designación de Delcy Rodriguez en la cartera de Petróleo “es un clara seńal a los inversionistas que concurrieron en manada a Venezuela en octubre pasado cuando EE.UU. levantó parte de las sanciones que regían sobre esas actividades en el país”. Esta es la base económica de la acción diplomática para resolver la crisis desatada por el fraude político por medio de un acuerdo.

Otro tema fundamental es que Venezuela acumula una deuda externa en default de alrededor de 500 mil millones de dólares, que no ha sido objeto de embargos como consecuencia de una resolución suspensiva de juicios, por parte de la pasada gestión de Donald Trump. Sin un gobierno reconocido internacionalmente la deuda no podría ser renegociado, la financiación extranjera seguiría en cero y se desataría una ola embargos de activos venezolanos en el exterior. Para Celso Amorim, el lapso de tiempo que va a enero, es suficientemente largo para favorecer un acuerdo político. Ocurra o no, será en perjuicio de los trabajadores de Venezuela, que efectivamente han sufrido “el mayor ajuste mundial” (Milei).

El fraude político perpetrado por el gobierno de Maduro ha servido como un guante a la ultraderecha, no sólo en América Latina, que, históricamente proscriptiva y golpista, ensaya la vestimenta de la pureza electoral y del respeto a la voluntad popular. Observada en su conjunto, las elecciones en Venezuela han sido diseñadas al margen de la voluntad popular, para acomodarlas a una gran extorsión internacional negociada con el régimen venezolano. No solamente en Venezuela, la voluntad popular requiere como condición un gobierno de la mayoría trabajadora. En Estados Unidos, la crisis política creciente ha sido un disparador para numerosos relatos y evidencias de los fraudes electorales sistemáticos en el país, que arrancan mucho más atrás incluso que las primarias de los partidos, que tienen lugar bajo el control de una poderosa maquinaria financiera.