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El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido responder a las movilizaciones de la oposición con el despliegue de un plan represivo a escala nacional. Es lo que se ha dado en llamar la “Operación Toc-Toc”, que implica, entre otras cosas, redadas policiales en las casas de disidentes o manifestantes opositores para llevarlos detenidos. Hasta el fin de semana, el gobierno reconoció la detención de más de 2400 opositores. Las detenciones son complementadas con acciones represivas en las calles que se llevan a cabo por parte de tropas de la Guardia Nacional y las bandas paramilitares motorizadas llamadas “colectivos”. El grupo de derechos humanos Provea afirma que han muerto 24 personas.
Maduro pronuncia reiterados discursos cargados de belicosidad. “¡Máximo castigo! ¡Justicia! ¡Esta vez no habrá perdón!”, afirmó recientemente en un acto. Y agregó que se construirán dos cárceles para albergar a los nuevos presos y que muchos de ellos realizarán trabajos forzados. Cientos de familiares de detenidos se agolpan frente a centros de detención para averiguar por la situación y el paradero de sus allegados. Denuncian que las detenciones se han realizado sin orden judicial; sólo basta la palabra de informantes anónimos que realizaron una denuncia en VenApp, una aplicación que el gobierno había introducido originalmente para denunciar molestias públicas. La aplicación fue eliminada de Google Play y de la App Store, las tiendas más importantes para descargar aplicaciones, pero todavía está disponible para quienes ya la han descargado. “La operación Toc Toc apenas comienza. Denuncia si has sido blanco de una campaña de odio física o virtual a través de las redes sociales”, publicó en Instagram Douglas Rico, jefe de la unidad de investigaciones criminales de Venezuela.
Según el gobierno, los detenidos habían participado en un complot fascista para derrocarlo. Agregó que se había pagado a personas para quemar centros electorales y derribar estatuas del expresidente Hugo Chávez y que habían confesado sus crímenes. Las personas detenidas serán acusadas de incitar al odio y al terrorismo, según el gobierno, y los detenidos fueron remitidos a un tribunal especializado en terrorismo. En un reciente discurso, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de un proyecto de ley contra el ‘fascismo’. "El fascismo es la criminalidad, es el odio, el fascismo es inconstitucional, las corrientes fascistas están fuera de la Constitución y la Ley (…), Le pido a la Asamblea Nacional acelerar la aprobación de las leyes antifascistas contra crímenes de odio y establecer penas severas para que Venezuela se sane de fascismos y no vuelva a surgir nunca más", sostuvo en cadena nacional. Maduro está tratando de alejar a la gente de X y WhatsApp, ordenando bloquear la empresa de Elon Musk durante 10 días y exhortando a los venezolanos a desinstalar WhatsApp.
Algunos medios de Estados Unidos, por otra parte, denuncian que la política norteamericana hacia el gobierno venezolano ha sido demasiado cautelosa. El Washington Post (10/8) sostiene que “el futuro de Venezuela y de la política estadounidense allí siguen en el limbo”, ya que “en lugar de tomar la iniciativa para presionar a Maduro a que renuncie y amenazar con sanciones y otras represalias si se niega como lo ha hecho la Casa Blanca en el pasado, la administración actual ha depositado sus esperanzas en una tríada de gobiernos latinoamericanos de izquierda para persuadirlo a ceder. Hasta ahora, los esfuerzos de los presidentes de México, Colombia y Brasil, todos ellos con relaciones relativamente estables con Maduro, parecen haber logrado poco”. El New York Times (2/8) afirma que “es probable que la administración Biden se muestre cautelosa respecto a nuevas sanciones económicas, en parte porque podrían causar más daño a la economía de Venezuela, provocando más migración a Estados Unidos, lo que ya es un dolor de cabeza político para los demócratas antes de las elecciones estadounidenses de noviembre”.
Otros medios aseguran que el gobierno venezolano y norteamericano se sientan en mesas de negociación secretas para discutir alternativas posibles de salida a la crisis. Las conversaciones se han llevado a cabo de manera virtual entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso venezolano y miembro del círculo íntimo de Maduro, y Daniel P. Erikson, quien dirige la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El británico The Economist (6/8) sostienen que la administración Biden mantiene “negociaciones tras bastidores que buscan facilitarle [a Maduro] la salida del cargo”. El Wall Street Journal (11/8), por su parte, asegura que “en conversaciones secretas, EE.UU. ofrece amnistía a Maduro por ceder el poder”. Afirma que Estados Unidos ha puesto "todo sobre la mesa" para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que termine su mandato en enero, lo que incluiría indultos para Maduro y sus principales lugartenientes que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia. En teoría, el próximo presidente asumirá el cargo el 10 de enero. También permitirían que las compañías petroleras internacionales permanezcan en Venezuela.
Según The Economist, el objetivo de los gobiernos de México, Brasil y Colombia es “establecer conversaciones directas". Pero “incluso si se llega a un encuentro entre los bandos rivales, los objetivos siguen sin estar claros”. Una columna de opinión del NYT sostiene que “sólo el Estado venezolano puede garantizar la protección de miles de líderes progubernamentales que temen represalias y la pérdida de derechos políticos en caso de un cambio de gobierno”, por lo que “la mejor manera de brindar esa garantía es asegurar que los funcionarios chavistas permanezcan al mando de las fuerzas de seguridad y la fiscalía, y lograr que el gobierno entrante renuncie al poder que actualmente tiene para disolver el poder judicial convocando una convención constitucional”. El analista aboga por lo que llama “un acuerdo de reparto de poder” para salir del estancamiento. Sin embargo, estas negociaciones por el momento no estarían prosperando. Las movilizaciones opositoras, que en los primeros días posteriores a la elección tuvieron una cierta intensidad, han cejado, por lo que el gobierno de Maduro no se siente obligado a sentarse a pactar con la oposición. La líder de derecha, María Corina Machado, que apañó al candidato González Urrutia, tampoco estaría dispuesta a sentarse a negociar una transición.
Los analistas internacionales ven empantanada cualquier negociación transicional debido al abroquelamiento que parece haber logrado el gobierno de Maduro por parte de las Fuerzas Armadas. Son “las fuerzas de seguridad, no los furiosos manifestantes en las calles, [las que] representan el peligro más grave e inmediato para su mandato (...) La mayor amenaza son los hombres armados”. Pero “no está claro que haya actores en el gobierno –dentro del círculo íntimo de Maduro, dentro de los militares o dentro del poder judicial– que tengan incentivos suficientes para separarse de Maduro”, sostiene un analista, que agrega que la falta de deserciones y el bajo nivel de motines dentro del ejército es notable. Los reiterados llamados de la oposición a que las Fuerzas Armadas rompan con Maduro han caído, por el momento, en saco roto. Con la intensificación de las primeras protestas, los líderes militares ofrecieron una conferencia de prensa donde dejaron en claro que estaban públicamente del lado de Maduro. “Estamos en presencia de un golpe de Estado fraguado una vez más por estos factores fascistas de la derecha extremista”, dijo entonces el ministro de Defensa, Padrino López.
Desde las elecciones, el gobierno venezolano ha promocionado a los miembros de las fuerzas heridos en las protestas y ha lanzado una campaña en las redes sociales con el lema: “Dudar es traición”. “Las dos potencias extranjeras que tienen más influencia sobre las fuerzas armadas de Venezuela son Rusia, que les proporciona armas, y Cuba, que ayuda a gestionar su inteligencia. Ambas son fieles aliadas del régimen. La abultada cúpula militar se beneficia del capitalismo clientelista de Maduro, que ha advertido reiteradamente al ejército que tiene mucho que perder si lo abandona. El futuro de Venezuela depende de si los soldados le creen o no” (The Economist, 6/8).
Algunos analistas afirman que algunas grietas poco visibles anidan dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, “hay todo un conjunto de intereses que se han beneficiado de las medidas esporádicas que ha tomado el gobierno para aliviar las sanciones y esas personas se han estado frotando las manos hablando de reestructuración de la deuda, hablando de reintegración financiera global de Venezuela, y no quieren volver a los viejos y malos tiempos de aislamiento y presión económica” (The Washington Post, 10/8). Esos intereses, que por el momento no han representado ninguna amenaza de ruptura concreta con el gobierno, podrían sin embargo ser un factor de presión. Es muy poco probable que Maduro acepte una transferencia de poder e incluso compartir el poder de manera transicional si no se hacen presentes nuevos elementos en la crisis que lo obliguen a hacerlo. Algunos analistas, sin embargo, sostienen que “las negociaciones podrían establecer las condiciones para un espacio democrático en las instituciones gubernamentales de Venezuela y para elecciones legislativas o locales competitivas en 2025”.
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