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La jueza federal Servini de Cubría firmó la excarcelación de la compañera Daniela Calarco, militante del MTR Votamos Luchar, presa desde las cacerías policiales ocurridas en la movilización del 12 de junio pasado contra la Ley Bases. Daniela era la única mujer que permanecía detenida en el Pabellón de Admisión del penal de Ezeiza durante 75 días junto a la población carcelaria común. El fiscal federal Carlos Stornelli se opuso a su excarcelación. De los 35 detenidos y detenidas, todavía queda encarcelado Roberto de la Cruz Gómez.
Las acusaciones iniciales, avaladas por Stornelli y promovidas desde el propio gobierno, buscaban sostener las detenciones de los manifestantes bajo caratulas de “terrorismo” y “sedición”, en una tentativa de “golpe de Estado”, algo que fue rechazado por la propia jueza Servini ante la falta completa de toda prueba que avalara aunque sea uno de los crimenes asociados. Finalmente, la causa se ha ido desgranando enormemente hasta llegar al punto de casi ser derivada de un juzgado federal a un juzgado común. Calarco se encuentra procesada por ser "coautora penalmente responsable del delito de incendio en concurso ideal con daño agravado por haber afectado un bien de uso público, y en concurso ideal con intimidación pública”. La cárcel preventiva había sido pretendidamente “justificada” por medidas pendientes, como el análisis de los teléfonos, que habrían dado con otras personas "que ejecutaron acciones comunes y develar si existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados" (Página 12, 29/8).
Daniela estuvo detenida en Ezeiza en condiciones deplorables. Denunció toda clase de irregularidades en el accionar policial así como maltrato policial y judicial a los detenidos de aquellas jornadas. Calarco, además, denunció la situación general de los presos en los pabellones comunes, en contraste a los pabellones de lujo que ostentan los genocidas de la última dictadura que pretenden ser liberados por “razones humanitarias”.
Daniela pasó 75 días encarcelada. Las supuestas pruebas contra ella consistirían en un video donde se ve a una persona incendiando bicicletas públicas en Plaza Congreso. Para Servini de Cubría, "concluida la instrucción del sumario respecto de varios imputados, entre ellos la nombrada Arredondo, y si bien el Agente Fiscal solicitó una serie de medidas previas, su producción y éxito no dependerá ni podrá verse alterado o entorpecido por la soltura de la imputada". Este escrito, con fecha del 6 de agosto, habilitaba la libertad, pero fue contrariado por el fiscal Stornelli, lo que llevó a la demora de la misma.
La causa penal sigue abierta, aunque el escrito de la jueza señala "si bien se encuentra en trámite una profundización en la investigación tendiente a establecer la comisión de delitos de acción pública por parte de distintas personas mientras se manifestaban frente al Congreso de la Nación y si aquellos ejecutaron acciones comunes, y develar si existió un determinado grado de planeamiento precedente entre los involucrados, lo cierto es que, de momento, esta circunstancia no ha podido ser acreditada". Lo que pone sobre la mesa la intención política del gobierno en montar un estado policial con el pretexto de toda movilización política que enfrente de cualquier forma sus políticas, así lo ha dejado en claro una represión contra las organizaciones de jubilados ante el veto a la ley de miseria previsional del Congreso.
Exigimos la libertad a Roberto de la Cruz Gómez, así como el cierre de todas las causas contra los 33 compañeros detenidos en las jornadas del 12J. Libertad a todos los presos políticos, nulidad de todas las causas y la persecución contra las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Abajo el gobierno, arriba los que luchan.
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Daniela Calarco, presa política de Milei-Bullrich Por Joaquín Antúnez, 16/08/2024.
