Escribe Tendencia Docente Clasista (Entre Ríos)
Profundicemos el rechazo y vayamos a una segunda marcha provincial. Por un 100% de aumento, y un salario inicial de $1.000.000 indexado mensualmente por inflación.
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La llamada conciliación obligatoria impuesta por el gobernador de Frigerio a los docentes es una estafa desde donde se la mire. Se supone que es un proceso por el cual, ante un conflicto entre partes, media un tercero. En este caso es el propio Estado quien media entre él mismo y los trabajadores, no hay terceras partes involucradas. Esta conciliación sólo busca el ataque al derecho a huelga. Este falso arbitraje hay que desconocerlo por completo, porque tampoco cumple la función específica de cualquier conciliación, que es retrotraer la situación a un estadio anterior y que ambas partes hagan concesiones.
Frigerio ha recurrido primero a la Secretaría de Trabajo, es decir, a su propio gobierno, para dar por cancelada la paritaria e iniciar un proceso de "conciliación administrativa" con el solo objetivo de desembocar en la justicia para prohibir la huelga docente. El gobierno provincial se valió para esto de una resolución dictada por el juzgado laboral N°4 a cargo de María Alejandra Abud, quien determinó la conciliación por 20 días hábiles (¡!), es decir hasta el 19 de septiembre. El plazo resulta excesivo frente a una huelga que estaba planteada sólo por 4 días más en la fecha de la resolución judicial. El plazo desmedido da cuenta de la arbitrariedad y parcialidad de la resolución interesada de la jueza Abud.
Frente a todo este proceso la conducción de AGMER ha jugado un papel de acompañamiento al gobierno. En primer lugar, aceptó dócilmente la conciliación y suspendió los 4 días de paro votados por la base y resueltos por el congreso que estaban todavía pendientes de realizarse. Fuímos las propias familias, los estudiantes y la docencia quienes rechazamos de hecho la conciliación y nos movilizamos masivamente en toda la provincia de manera autoconvocada a partir del viernes 23, durante todo ese fin de semana, e incluso durante la semana pasada, cuando nos obligaron a volver a las aulas. Al aceptar la conciliación y frente a tamaña reacción de las bases, la burocracia sindical quedó desautorizada, y en los hechos fue superada como dirección política por las autoconvocatorias. Luego hemos visto que las direcciones de las seccionales intentaron reposicionarse, colocándose al frente de las acciones que tenían, sin embargo, un claro contenido autoconvocado. La complicidad de la dirigencia de AGMER ha llegado al paroxismo en la mañana de hoy, cuando conocidos los descuentos por paro -en el marco de la conciliación- ha sacado una declaración que no plantea tomar ninguna medida, sino que “aconseja” (sic) al gobierno “repasar y meditar” (sic sic) la decisión de descontar.
Por otra parte, en una primera reunión de conciliación en el juzgado, que tuvo lugar esta semana, AGMER volvió a repetir su planteo de las paritarias: reclama solamente la diferencia por inflación del primer semestre, y plantea la elevación del salario inicial, es decir, el achatamiento de la escala. Por supuesto que no dice nada sobre la brutal pérdida salarial que tuvimos en diciembre, cuando el gobierno impuso un aumento por decreto y luego un bono en negro en enero, que redujeron un 20 % el salario, pero las conducciones aceptaron. El martes 3 hay una nueva reunión de conciliación, pero nada bueno para los trabajadores saldrá de allí. El reclamo que levanta AGMER se opone por el vértice a lo que están levantando las autoconvocatorias que quieren salir de una vez y para siempre de la situación de miseria en la que estamos. Una asamblea autoconvocada de Concordia ha colocado el pliego de salario inicial de $1.000.000, todo en blanco y atado al punto índice, es decir, que impacte de igual manera en toda la escala y el escalafón, y la indexación automática por inflación. En los hechos, es el planteo de un aumento superior al 100 %, porque el inicial docente no llegaba a los $400.000 el mes pasado.
En el ámbito laboral privado suele ser el Ministerio de Trabajo, es decir el Estado, quien media entre la patronal privada y los trabajadores. Una conciliación, por ejemplo ante una lucha en la que se producen despidos y se empantana, podría traer algún beneficio a los trabajadores al suspender las medidas de fuerza ya que obliga a la patronal a la reincorporación de los cesanteados. Es decir, supuestamente, atañe beneficios y concesiones para ambas partes. Aquí estamos ante una imposición unilateral e interesada de una de las partes, que además no trae ningún beneficio a los docentes, porque la resolución judicial ni siquiera menciona la prohibición de hacer descuentos de los días de paro, que de hecho se vieron en los recibos de sueldo que se conocieron el viernes. Este sólo acontecimiento es suficiente para desconocer la conciliación e ir a la huelga por tiempo indeterminado a partir del lunes.
Llamamos a todos los sectores autoconvocados, delegados de escuelas, activistas y agrupaciones opositoras de la provincia a poner en pie una gran asamblea para discutir cómo enfrentar estas maniobras entre el gobierno y el sindicato, levantar un programa de reivindicaciones y preparar una nueva marcha provincial por la educación pública.