Jujuy: el cobro de la atención a extranjeros encubre el vaciamiento del sistema de salud provincial

En el día de ayer sesionó la Legislatura de Jujuy y el gobierno logró imponer el cobro de la atención médica para extranjeros no residentes en los hospitales de la provincia. Además, junto a esto presentó un proyecto de adhesión al blanqueo de capitales que impulsa Milei. Proponen eximir del pago de impuestos provinciales a los empresarios locales para “estimular” inversiones. En una sesión quedan expuestas las dos varas con las que mide el gobierno: cobro de la salud pública a extranjeros y rescate empresarial. Al pueblo trabajador el gobierno le descarga tarifazos e impuestazos y usan a los extranjeros como chivo expiatorio del vaciamiento sanitario.

Una ley con pasado (y presente)

En 2018, Gerardo Morales presentó un proyecto de ley para el cobro de la atención sanitaria a extranjeros que fue muy discutido, tanto por su carácter improvisado como por su contenido inconstitucional, por lo que fue cañoneada en su momento. Finalmente logró imponer el proyecto en 2019, luego de explotar de manera reaccionaria el caso de un jujeño que se accidentó en Bolivia y que tuvo que cubrir el costo del traslado. Fue presentado, en esta ocasión, como una cuestión de reciprocidad sanitaria. Sin embargo, luego de varios problemas para su aplicación, el cobro de la atención finalmente quedó suspendido.

En su momento denunciamos que se trataba de la punta de la lanza de un proceso de vaciamiento y privatización de la salud. En 2018, la Legislatura aprobó el proyecto de ley de recupero de prestaciones, de participación privada en la salud pública, y vino el ministro de Salud de Nación a presentar la CUS (Cobertura Universal de Salud), que brinda una cobertura mínima de prestaciones en el hospital y el resto hay que abonarlas. Siguió la quita de prestaciones y la crisis de la obra social de la provincia con los colegios de profesionales médicos por el pago de las prestaciones, lo que habilitó en 2023 que la Legislatura vote el pago de un coseguro para cubrir la atención médica.

Un chivo expiatorio

El gobierno ha utilizado el argumento de que busca priorizar la atención de los ciudadanos locales para justificar esta ley reaccionaria. En realidad, intenta esconder la fenomenal crisis de la atención sanitaria en la provincia, tanto en el sistema público como de la quebrada obra social de la provincia, el Instituto de Seguros de Jujuy. La atención de extranjeros no residentes en la provincia no llega a significar el 2% de todas las atenciones que se realizan en la provincia por año. Están preparando la privatización del sistema.

Existe un vaciamiento y desfinanciamiento sistemático del sistema de salud. Los turnos para hematólogos y otras especialidades en la provincia se dan para dentro de seis meses y hasta un año o incluso más. En las cirugías programadas los plazos pueden ser aún mayores. El gobierno anunció hace años la construcción de un nuevo hospital en Ledesma, luego de que se cayera el techo del viejo hospital, pero nunca lo terminó y hoy esa obra esta paralizada –en el marco, además, de la paralización de todas las obras públicas.

Los trabajadores de la salud siguen reclamando mejoras salariales y denuncian la precariedad con la que trabajan. Reclaman por la falta de profesionales, de insumos y medicamentos, y contra las persecuciones y hostigamiento de los funcionarios (jujuyalmomento.com, 18/9).

Gobernadores se suben a la ‘movida libertaria’

Aprovechando los planteos del gobierno liberticida de Milei de privatizar y desfinanciar todas las áreas del Estado, varios gobernadores se están subiendo a esa movida para imponer ajustes y recortes en sus provincias sin ningún tipo de reparo. El radical Sadir sigue el rumbo del justicialista salteño Sáenz, del correligionario Cornejo en Mendoza y del 'independiente' Claudio Vidal en Santa Cruz.

La salida pasa por la intervención activa de los trabajadores de la salud, acompañados por el resto de la población trabajadora, para poner en sus manos los resortes y mecanismos que garanticen una atención pública adecuada, que discuta el pase a planta permanente de todos, la triplicación del presupuesto sanitario, la apertura de los libros para exponer los acuerdos que tiene el gobierno con las clínicas privadas para atender los casos de alta complejidad -el sector más “rentable” de la atención sanitaria- y privilegiar una política activa de prevención de enfermedades.

Defendemos el principio de derecho a una atención pública, gratuita y universal de la salud. Ningún ciudadano, tanto nativo como extranjero, tiene que ser compelido a abonar bajo ningún concepto para recibir atención sanitaria.

Denunciamos esta maniobra del gobierno del radical Sadir y sus cómplices del PJ en la Legislatura, que junto a otros gobiernos se valen de esta excusa para descargar un nuevo golpe sobre los trabajadores.