Aranceles en los hospitales de Salta: Sáenz, el privatizador entre los privatizadores

Después de haberlo anunciado largamente por los medios de comunicación, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, formalizó mediante el DNU N°129 el cobro de aranceles por la atención sanitaria a personas extranjeras en cualquier hospital público y centro de salud de la provincia.

Mientras se presenta ante la población como una “víctima” del ajuste de Milei, Sáenz se postula como el más privatizador, incluso en comparación con Milei. Su propósito, dijo y lo repite, es tender puentes para un gran acuerdo de unidad nacional con el gobierno que está convirtiendo la vida de las masas en Argentina en una verdadera tragedia. Sáenz no es víctima de esta situación, forma parte de ella.

El negocio de la salud

El cobro de los aranceles se hará efectivo a partir de marzo a todas las personas provenientes de otros países que requieran una asistencia o tratamiento médico en cualquier hospital de la provincia. Los montos estarán establecidos según los valores que rigen hoy en la obra social provincial (IPSS). Una orden de consulta por, ejemplo, tiene un costo de 5.000 pesos, además del "plus" que cobra cada profesional. El costo diario de internación en un hospital público se estima en 100.000 pesos.

Según el informe del ministro de Salud, entre un 5 y un 10% de las personas atendidas en los hospitales de frontera -Orán, Salvador Mazza y Tartagal-, corresponde a personas provenientes de Chile, Bolivia y Paraguay. Una cifra verdaderamente ínfima. El 90% de salteños se atienden en los hospitales públicos. De igual modo, tienen que pagar por los insumos para ser atendidos, desde los más elementales como jeringas, gasas y medicamentos, incluso materiales para cirugía, porque los hospitales están en un estado de vaciamiento colosal.

Un caso: Soledad Romero, una mujer de 45 años, internada en el hospital San Bernardo por una embolia cerebral, necesita urgente una cirugía, pero el hospital le dijo que no tiene los insumos y le pide a la familia que reúna 20 mil dólares para poder operarla. Otro: Miriam Guzmán, internada hace un mes en el mismo hospital, necesita una cirugía por una fractura de fémur, pero la gerencia le informó que no cuenta con los insumos. Su familia lanzó una colecta solidaria para reunir los 640 mil pesos necesarios para operarla.

Desde hace años, los hospitales de la capital, bajo el sistema de autogestión y gerenciamiento, fueron desfinanciados por el Estado y deben generar sus propios recursos para funcionar. El hospital San Bernardo, por caso, ya implementó el cobro por la asistencia médica no sólo a los extranjeros, sino también a las personas provenientes de otras provincias, incluso residentes en Salta. La tercerización de especialidades tales como tomografía, rayos, laboratorio, etc., está en manos de privados, por lo que, en cualquier caso, para un estudio de complejidad cualquier persona debe pagar. Sáenz ahora, antes Urtubey y Romero, son responsables del desfinanciamiento histórico del sistema de salud. Ahora pretenden responsabilizar por el quiebre y vaciamiento de los hospitales a los extranjeros más pobres, que son quienes acuden al hospital público local.

Salta cuenta con colectividades boliviana, chilena y paraguaya muy numerosas por la cercanía geográfica y cultural. Cientos de obreros bolivianos llegan a trabajar desde hace décadas en los campos de Salta, por salarios miserables, en negro y en condiciones de semiesclavitud, al igual que los peones rurales salteños, sus hermanos de clase. Las grandes fincas en Orán, San Martín, Anta, Rivadavia, Rosario de la Frontera, son las verdaderas desfinanciadoras del estado porque no aportan un centavo por la explotación de las tierras para su producción.

Como contrapartida, el gobierno exime del pago de impuestos a la salud privada, bajo el argumento de la prestación de un servicio fundamental. La sangría de recursos está en el negocio privado de la salud, que el gobierno consagra a costa de la salud pública.

Sólo los trabajadores defendemos la salud y la vida

Es necesario que los trabajadores rechacemos esta medida. Es una confiscación brutal contra trabajadores cada vez más empobrecidos. Los "federales" se cagan en la constitución que establece que cualquier habitante en el territorio argentino tiene derecho pleno de acceder a la salud, educación y a una vivienda. Todo eso está vetado no sólo para los extranjeros en territorio nacional, sino también para los mismos trabajadores argentinos. Esta situación es el resultado de la inviabilidad política de un gobierno y de un régimen social que se caen a pedazos.

Sólo los trabajadores, sin distinción de fronteras, mediante una acción política histórica, podemos derribarlo y abrir un curso de vida más humano ante semejante barbarie.

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