Mendoza: la privatización de la salud avanza con el cobro a los extranjeros

El gobierno de Mendoza oficializó que, a partir del 1 de agosto, empezará a cobrar la atención médica a extranjeros, turistas y viajeros, en todos los hospitales y centros de salud provinciales. En Salta, el reaccionario gobernador Gustavo Sáenz impuso una medida similar que se aplica desde el mes de marzo.

La iniciativa del radical Alfredo Cornejo fue aprobada por la Legislatura provincial, junto con un nuevo tarifazo en el valor de las prestaciones, que ya cuentan con arancel para propios y ajenos.

Las autoridades del Ministerio de Salud justificaron semejante agravio, como lo hicieron en Salta, con el eufemismo de "optimizar recursos" y "superar el déficit del sistema sanitario" (Infobae, 30/7). Sin embargo, la estadística de extranjeros y turistas que año a año visitan los hospitales mendocinos no supera el 5% del total de asistencias. A pesar de estar en una zona de frontera y en permanente conexión con Chile, cada año la prestación médica a extranjeros no supera las 3.000 personas (La Nación, 30/7). Es decir que con el cobro por asistencia a un insignificante 5% de quienes concurren a los hospitales públicos de la provincia, no se va a revertir la insuficiencia sanitaria que padece el restante 95%, es decir los mendocinos. Estamos en presencia de una verdadera estafa al pueblo trabajador, que ahora además deberá abonar costos altísimos por prestaciones sanitarias que, en algunos casos, recibirán un incremento del 400% en los valores.

Las consultas en las guardias tendrán un costo de 13.000 pesos; un día de internación en terapia, costará 400 mil pesos; partos naturales y cesáreas, pasarán a costar un millón de pesos.

Para aplicar la medida, se creó el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), que consiste en la unificación de la gestión y el cobro de las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura social. Se trata de un sistema similar al que funciona en Salta desde hace más de 20 años, con la "autogestión" de los hospitales. Es un procedimiento mediante el cual el Estado provincial se desentiende del financiamiento integral de la salud y se habilita un carnaval de tercerizadas y venta de servicios, gracias al cual las clínicas privadas ´se hacen la América´. Las especialidades tienen un arancel, ya que los hospitales, vaciados, no cuentan ni con los insumos, ni con profesionales para realizarlas. Con esos aranceles, se proponen financiar gran parte del funcionamiento de los hospitales.

Mendoza y Salta no son las únicas provincias que le sacan ventaja en una orientación fascista a Milei. Santa Cruz también implementó un cobro para extranjeros y no residentes (es decir cualquier argentino de otra provincia), desde abril pasado. En el sur del país, la internación tiene un costo que varía entre 150 mil y 180 mil pesos diarios.

Si bien en Jujuy existe una ley que, desde el 2019, fija el cobro a los extranjeros, luego de un acuerdo de reciprocidad con Bolivia y de una lucha extraordinaria del pueblo jujeño, ésta finalmente no entró en vigencia.

Privatizadores

El salteño Sáenz, a través de sus diputados nacionales, es el que insiste en la necesidad de una ley nacional para que todas las provincias cobren la atención en salud a los extranjeros.

Los ´defensores del republicanismo´ quebraron el principio constitucional que fija que el suelo argentino alberga a los ciudadanos del mundo como propios.

Salta, Mendoza y Santa Cruz son provincias que albergan cientos de trabajadores por temporadas, los mal llamados "golondrina", trabajan en las cosechas de uva, cítricos, cerezas, ajo; lo hacen en condiciones de esclavitud, en negro, con jornadas de hasta 12 horas; les pagan por cantidad de cosecha, por eso muchas veces trabajan familias enteras, viven hacinados en casillas que habilitan los mismos que regentean la delegación, los propietarios de fincas y terratenientes, con el aval de los gobiernos provinciales; omiten responsabilidad con los trabajadores y disfrutan los privilegios de la explotación humana. La Ley Bases recientemente aprobada va a profundizar todavía más ese cuadro de explotación.

Estos son los trabajadores a los que Cornejo quiere cobrarles el acceso a la salud pública. Cornejo, Sáenz y el conjunto de los gobernadores, son responsables junto con Milei de profundizar una confiscación económica contra las masas explotadas que no tiene precedentes.

El avance privatista de la salud solo podrá ser frenado con una acción política e independiente de los trabajadores para derrotar al gobierno liberticida y antiobrero de Milei y a todo el esqueleto descompuesto del régimen político que se arrastra por detrás.