Las federaciones sindicales y los Rectores pusieron fecha a la Marcha Federal

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la FUA y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) han definido el 2 de octubre como fecha para una Marcha Federal Educativa. El martes 24 de septiembre se realizaría una conferencia de prensa entre el Frente Sindical, el CIN y la FUA en la sede central del CIN para formalizar el anuncio.

Los convocantes han definido como punto central del acto el Congreso. El plenario de Secretarios Generales de Conadu H propuso concentrar en Plaza de Mayo y desde allí marchar al Congreso. Por otro lado, ambas Conadu han definido convocar a un paro el 26 y 27 de septiembre, con clases públicas, ruidazos y protestas durante toda la semana. El 24 de septiembre está planteado un abrazo simbólico en Hospital de Clínicas y movilización al Consejo Superior de la UBA. FATUN (no docentes) y FEDUN, las dos federaciones vinculadas a la CGT, han votado, por su lado, parar solamente el 26 de septiembre.

Que el Frente Sindical, la FUA y el CIN hayan elegido como punto central de la Marcha Federal el Congreso, demuestra que han puesto todas las fichas en presionar sobre el Congreso para rechazar el anunciado veto de Milei. En los discursos y las convocatorias a la Marcha Federal por la mayoría de las federaciones y asociaciones, destacan que se realiza “para que se promulgue la ley de financiamiento”, no contra el veto de Milei, con el propósito de atenuar la confrontación.

Confinar el objetivo de la lucha universitaria a la presión parlamentaria sobre la ´coalición del ajuste´ que ha sancionado la ley Bases es un camino de derrota. Como ha ocurrido con la ley jubilatoria, que no pudo lograr superar el veto, lo que condujo al movimiento de lucha y las expectativas de los jubilados a una frustración. Tanto Milei como los funcionarios de Capital Humano a cargo del área educativa han señalado que el veto total es la única salida, pues los requerimientos planteados en la ley cuestionan el equilibrio de las cuentas fiscales. Incluso, si se llegara a lograr los 2/3 en ambas cámaras y la ley saliera adelante, por su contenido, donde se “encomienda” al gobierno que adopte las medidas para actualizar el presupuesto y los salarios de la universidad, el gobierno va a cajonearla con el argumento de que la norma no indica de dónde saldrán los fondos.

El gobierno está dispuesto a ir a fondo contra la docencia y la universidad pública y avanzar en la política de privatización educativa mucho más que lo que han hecho los gobiernos anteriores, incluida la dictadura militar.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la “ley de financiamiento universitario” afectaría el equivalente al 0,14 % del PBI, lo mismo que el gobierno ha dejado de percibir por la reducción de los tributos a los bienes personales de los sectores de mayores recursos.

En el presupuesto que presentó para el año 2025, el gobierno ha suspendido el financiamiento nacional a la educación en general, y ante el planteo de los rectores de un presupuesto universitario para el 2025 de 7,2 billones de pesos, se dispone a otorgar 3,8 billones, la mitad de lo solicitado.

Desde Política Obrera planteamos que la lucha es claramente política y que por eso debe apuntar a derrotar el veto por medio de la acción huelguística y la movilización de masas. Ello abrirá paso para imponer los reclamos pendientes presupuestarios y salariales.

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