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El 24 de septiembre se llevó adelante una conferencia de prensa en la sede del CIN, de la que participaron algunos rectores, miembros de la mesa ejecutiva del CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA, donde fijaron la convocatoria a la marcha federal educativa para el 2 de octubre. Una formalidad, ya que la misma ya estaba siendo convocada desde una semana antes por los diferentes gremios y la FUA.
En la conferencia de prensa, Víctor Moriñigo, presidente del CIN, pidió a Milei que “reconsidere” y no vete la ley de financiamiento, y se promulgue la misma. La convocatoria como central para el acto será en Congreso, buscando de esta manera ejercer presión a los diputados y reunir los dos tercios de las voluntades en el caso de que Milei imponga el veto.
El gobierno ha postergado el anuncio del veto. En algunos medios trascendió que llevará al límite del plazo, es decir hasta el 3 de octubre, una vez que pase la marcha y de esa manera no alimentar muchos más la adhesión a la movilización. Paralelamente estaría en negociaciones con las autoridades de la UBA y sectores del radicalismo para llegar a algún acuerdo previo a la marcha.
Veto o no veto, la discusión sobre la ley de financiamiento quedó relegada a un segundo lugar frente a la discusión del presupuesto 2025, donde el gobierno pretende impulsar una rebaja de todo el presupuesto educativo para avanzar en el pago de la deuda pública. Milei pretende, en la defensa de los grandes acreedores, agravar las condiciones de vida de los trabajadores, desfinanciando la educación, la salud y los jubilados.
En un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, en su disertación señaló “Si una Universidad quiere ser autónoma tiene que serlo también económicamente (...) Insistimos, las universidades argentinas son potentes, son valiosas, pero tenemos un desafío enorme de ‘descorporativización’ de las universidades y de mejorar los salarios, y ese es el compromiso del Gobierno”. Y sumó que la universidad debe tener sus recursos para lograr una dinámica de libertad: “Se verá en el futuro cómo se logra eso con distintas fuentes de recursos. La universidad se vuelve esclava cuando es asalariada y todos los años tiene que estar yendo al Congreso para pedir presupuesto”. Afirmando la idea de que el plan de este gobierno es un avance al proceso de privatización educativa.
La marcha del 2 de octubre, más allá de que traten de presentarla como una acción de apoyo de la ley “que encomienda” al Ejecutivo incrementar el presupuesto, será la reacción frente a las políticas que viene llevando adelante este gobierno nacional. Deberemos llevar el debate e impulsar asambleas que preparen la participación masiva y esta perspectiva.
