Escribe Nicolás Morel
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En una reciente entrevista publicada por Ámbito Financiero (18/9), Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, se refirió al actual estado de la crisis universitaria y el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras se encuentra vigente el plazo del cual dispone Milei para vetarla hasta el 3 de octubre.
En la nota, el propio Moriñigo reconoce la situación adversa que se presentaría en el Congreso en caso de un posible veto del Ejecutivo nacional: en Diputados son necesarios 26 votos más, además de los 144 que consiguió la ley originalmente en su tratamiento en Diputados, para ratificar la ley. Para el presidente del CIN, es momento de “hacer cuentas matemáticas”. Pero el aspecto más clarificador de la entrevista se encuentra hacia el final de esta, cuando Moriñigo se lamenta de la ausencia de canales de diálogo entre el Ejecutivo y los rectores: “Presidente, invítenos a comer un asado también a los rectores y le podemos decir que también las universidades podemos estar a disposición de su proyecto país”.
Estos dichos ocurren mientras la lucha universitaria ha sido llevada a un impasse por parte de los rectores y las direcciones gremiales, tanto docentes como estudiantiles. La masiva huelga de inicios del cuatrimestre ha sido “desescalada” hacia una seguidilla espaciada de paros aislados sin continuidad ni preparación. Para lograr esto, han echado mano a dos elementos. Por un lado, a las propias elecciones estudiantiles, que por su contenido y por el papel jugado por las fuerzas intervinientes en ella funcionaron como un gran operativo de omisión de la crisis universitaria y de la lucha en curso; por otro, a la votación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, empleada como argumento para suspender la huelga en pos del apoyo a la acción legislativa.
Ahora, una vez sancionada la ley en Senadores, el Gobierno se aprestaría a avanzar con el veto a la misma. Moriñigo advirtió que el próximo martes el CIN se reuniría con los gremios docentes para anunciar la fecha de una próxima movilización. La convocatoria a una segunda marcha educativa -largamente aplazada- tendría como fecha el próximo 2 de octubre, tres días después del plazo límite del que dispone Milei para efectivizar el veto. En este escenario, la movilización ocurriría con los hechos ya consumados, permitiendo que el Gobierno actúe libremente. La misma no apuntaría, por lo tanto, al poder político, sino al propio Congreso: una insistencia para que los Diputados “voten bien”.
En este contexto se inscriben los dichos de Moriñigo. Forman parte de una tentativa del arco político de la universidad de llegar a un entendimiento con el Gobierno. La arena de este intento de acercamiento entre la oposición patronal y Milei es el Congreso, en donde el presidente ha encontrado las herramientas legislativas para blindar su política, como ocurrió recientemente con el veto a la Ley jubilatoria, o en otras oportunidades con el apoyo de los Diputados afines a Yacobitti y el quorum de Lousteau -vinculado a los radicales de la UBA- a la Ley Bases. La política de esperar una resolución positiva de la crisis universitaria en el Parlamento, sostenida por todos los partidos que habitan la universidad -UCR, PJ y FIT-U-, ha terminado mostrando sus límites insalvables.
La derrota del Gobierno y del veto, así como la conquista de todos los reclamos de la universidad, requiere impulsar una acción de conjunto de docentes y estudiantes, con independencia de las autoridades y las direcciones burocráticas que han dado sobradas pruebas de su intención de garantizar la paz social en las aulas. La preparación de una segunda marcha educativa, de carácter masivo, depende enteramente de la autoconvocatoria del movimiento universitario y de las acciones de las que dispondremos para garantizar que esta sea un golpe contundente contra el gobierno liberticida: asambleas, piquetes, tomas y la huelga docente.