Los «liberticidas» imponen el paquete antiobrero

La sesión de ayer en el Senado aprobó macizamente la “Ley Bases” que establece la liquidación del derecho laboral. El texto elimina la indemnización por despido, las multas por contrataciones irregulares e instituye el contrato de trabajo con factura. Avala los despidos por discriminación Y elimina en la práctica el derecho de huelga. Deja en pie el sistema de trabajo no registrado, con la consiguiente pérdida de derechos previsionales y de salud. Los doscientos artículos de la “Ley Bases” aseguran un régimen colonial para los proyectos energéticos, mineros o forestales. Abre la puerta a un programa de privatizaciones, que serán pagadas a su valor nominal con títulos de la deuda externa que cotizan a la mitad.

Las "facultades delegadas" permitirán a Milei ejercer el gobierno por decreto por un año. Por lo pronto, la “emergencia administrativa” tiene lugar después que el gobierno anunciara 50.000 nuevos despidos en el Estado.

En el paquete fiscal, fue rechazada la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, como había votado Diputados, y se aumentaron alícuotas de Bienes Personales. No conforme con la victoria política obtenida por el Gobierno con la aprobación del paquete de leyes en general y la mayor parte del articulado, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, anunció que promovería en Diputados el rechazo a las modificaciones al proyecto original introducida por los senadores. Milei se ha reservado el derecho a ejercer el veto parcial a las modificaciones introducidas al impuesto al salario y otros cambios. Los vetos parciales son más difíciles de contrarrestar por el Congreso que los vetos generales.

Lo que ha obtenido el gobierno es la sanción legislativa del criminal DNU/70, que fuera rechazado por el mismo Senado hace dos meses. Un considerable viraje.

Complicidades: CGT

La minusválida bancada libertaria consiguió aprobar la “Ley Bases” gracias al apoyo de un conjunto de bloques y facciones que fingieron “oposición” y “choques” en la previa, con el único propósito de facilitar su colaboración ulterior. En el trasiego, los negociadores oficiales no se privaron de ofrecer ventajismos personales y concesiones económicas a medida.

A la cabeza de esta negociación, realizada por afuera del Senado, está la burocracia de la CGT. En la reunión de la mesa chica de la CGT con Francos, a fines de abril, se pactaron dos cuestiones fundamentales: por un lado, se acordó manejar las paritarias sin huelgas ni medidas de fuerza, como ha ocurrido en Camioneros y en la ultralarga paritaria de la UOM. Por el otro, el gobierno admitió mantener los aportes sindicales obligatorios; la burocracia de la CGT sacrificó la declaración de inconstitucionalidad del paquete laboral, establecido por la Cámara del Trabajo, apoyando un proyecto que legaliza esas cláusulas. La pretensión de la UCR de convertir ese aporte en “voluntario” fue una y otra vez rechazada por los negociadores “libertarios”. A partir de este acuerdo, la CGT desistió de ganar la Plaza de Mayo el Primero de Mayo y de desarrollar un plan de lucha para abortar la aprobación de la “Ley Bases” en el Congreso. Gerardo Martínez obtuvo la reactivación de la obra pública que ya se haya ejecutado en un 80%, dejando en el vacío a miles de obras públicas y a decenas de miles de despidos. La UOM consiguió una cláusula para obligar a los “Grandes Inversores” a contratar a “proveedores locales” por el 20% de las obras. A cambio de estas prebendas para las patronales, se bajaron de cualquier oposición a la reforma antilaboral. Los ‘proveedores locales’ podrán recurrir a contratos de locación que reemplazarán a los contratos por tiempo indeterminado y relación de dependencia.

En la convocatoria de este miércoles 12 al Congreso, apenas se movilizó un puñado de sindicatos, que se retiró de la Plaza cuando comenzaban a llegar los trabajadores que terminaban su jornada. Mientras ello ocurría, en Suiza, en la OIT, la cúpula cegetista en sus diversas facciones compartía un “homenaje a los caídos de Malvinas” junto al secretario de Trabajo mileísta, Julio Cordero –un hombre de Techint. El enviado de Infobae caracterizó a este hecho como un “inédito gesto de convivencia” (12/6). A través de la burocracia sindical, el peronismo delató su compromiso estratégico con el “golpe de Estado” económico y social perpetrado por el Congreso.

Complicidades: UCR y gobernadores peronistas

En la fila de los cómplices en el recinto gana los primeros lugares el senador Martín Lousteau, presidente de la UCR y vocero de la facción radical que maneja la Universidad de Buenos Aires y la FUA y la FUBA. Lousteau fingió oposición al presentar un “dictamen alternativo”, cuyo contenido, en cualquier caso, era mortalmente antiobrero. La presentación del dictamen fue su excusa para dar el quórum, que resultó decisivo. En efecto: después de la transitoria defección de los senadores santacruceños que responden al gobernador Vidal, el quórum fue conseguido gracias a la presencia de Lousteau.

Finalmente, también los senadores de Santa Cruz fueron determinantes para aprobar el golpe de Estado contra los trabajadores; luego de votar en contra del proyecto “en general”, se ausentaron en las cuestiones decisivas del tratamiento en particular. De ese modo, viabilizaron las facultades delegadas y otros puntos cruciales. Ninguno de los pretendidos “opositores” sacó los pies del plato.

El rechazo de los aspectos más gruesos del paquete fiscal abre una crisis con el proyecto que aprobara la Cámara de Diputados. Si esta Cámara insiste en la versión original, por caso en Ganancias, los petroleros del sur perderán la pequeña ventaja que les otorga la versión del Senado; Francos ya ha dicho que intentará que salga lo aprobado en Diputados, después de haber prometido lo contrario a los senadores cómplices. Lo mismo ocurrirá con la versión original del RIGI, cuya versión de Diputados no contempla participación de capital local. La oligarquía del campo emitió un comunicado que celebra la aprobación de las “Bases”, mientras acapara la cosecha en reclamo de una pronta devaluación. El paquete legislativo mileísta no resuelve las contradicciones explosivas del proceso económico. El FMI podrá aceptar seguir reciclándole a Milei la deuda contraída por Macri, pero no está dispuesto a financiarle a Caputo una nueva fuga de capitales.

Victoria política del Gobierno

La sanción de la ley antiobrera, con el voto del Senado, significa una victoria política del Gobierno, incuestionablemente. Consagra, con recortes, lo establecido en el DNU 70. No obtuvo solamente una ley, sino una decena de leyes compactadas en un solo proyecto. No significa que vuelva a la situación anterior a la cesantía de Nicolás Posse y a la crisis del Ministerio de Capital Humano, que desató una gran crisis política, pero le da de nuevo la iniciativa para replantear el rumbo que lo llevó a una cuasidisolución. Caputo se ha visto obligado a poner fin a la llamada licuación de los gastos presupuestarios y de la deuda del Banco Central, mediante el inicio de una suba de la tasa de interés oficial. Los liberticidas han debido echar lastre para conseguir esta victoria, como aceptar la vigencia temporal de la moratoria jubilatoria –condicionada al voto de Diputados. Tiene ahora la expectativa de que el FMI le otorgue un préstamo complementario con la promesa de levantar el cepo, algo que dijo que haría recién el año que viene. Para eso cuenta con la decisión de China de reprogramar la devolución del llamado ‘swap’ hasta 2026, a partir de un reclamo que le hizo el mismo FMI. Los ‘comunistas’ pekineses y el Congreso han tendido un chaleco salvavidas al gobierno.

La brusquedad de los giros políticos en estos seis meses de liberticidio es innegable. Por eso hay que distinguir la victoria política impuesta por el gobierno, con la colaboración de la CGT y la complicidad extraparlamentaria del conjunto del peronismo y la ‘oposición’, con su alcance en el tiempo y en la relación entre las clases. No alcanza el paquete aprobado para convertir a Argentina en una receptora de capitales ‘a la China’, ni tampoco tendrá lugar a corto o mediano plazo. Argentina sigue siendo un país en estado virtual de default, con una deuda pública y privada que crece a razón del equivalente a 15 mil millones de dólares al mes. En este escenario, el Gobierno se orienta a una política de deflación y por lo tanto de depresión económica; es el sendero de la llamada “competencia de monedas” y de una dolarización.

La victoria política obtenido por la fracción liberticida de la burguesía y el capital internacional es la expresión de la completa caducidad de las organizaciones oficiales del movimiento obrero, asfixiadas por una burocracia antiobrera, y de un reflujo político de la clase obrera, que el sangriento ajuste contra las masas todavía no ha revertido. La volatilidad del proceso político promete crisis más agudas todavía y una agudización de los antagonismos de clase.