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En la larga lista de rescatistas del gobierno de Milei, la burocracia sindical se ha ganado un lugar de privilegio. En la reunión de la semana pasada entre la CGT y el Gobierno se acordaron los términos de una reforma laboral que tiene tres puntos fundamentales: la eliminación del régimen de multas laborales, un verdadero llamado a la contratación irregular o en negro por parte de las patronales; la generalización de un fondo de cese laboral en oposición a las indemnizaciones por despido; la ampliación del período de prueba a seis meses, en favor de un régimen de rotación permanente y precarización en los lugares de trabajo. Esta reforma, que estaba incluida en el DNU y se encontraba trabada en la Justicia, ahora será incorporada a la Ley Bases que se discutirá en el Congreso. El guiño de la burocracia tiene repercusión en el Congreso, porque asegura votos del peronismo en Diputados y en Senadores.
En la reunión con el Gobierno, la CGT llevó la cuestión de los convenios que no habían sido homologados. En primer lugar, el de Camioneros, acompañado por la amenaza de una huelga general del sindicato con su repercusión en el comercio interno y las exportaciones. Al cabo de la reunión, el Gobierno consiguió el levantamiento definitivo de la huelga camionera. También quedó en el limbo el paro de los choferes de colectivos, sin que las patronales ni el Gobierno les restituyeran los 250.000 pesos que estos cobraron de menos en marzo. La CGT “cambió” estas huelgas cruciales por un paro incierto y a un mes vista y, por lo tanto, también sujeto a ser levantado. Las informaciones periodísticas dan cuenta de las “dudas” de la burocracia respecto del acatamiento del paro. O sea que la CGT juega con su propio desprestigio para tirar al bombo la medida que ella misma ha convocado.
El “paquete” de colaboración con el Gobierno se completa con un acto del Primero de Mayo, pero confinado al Monumento al Trabajo. La CGT se corre de la Plaza de Mayo para no manifestar frente al gobierno con el cual ha cerrado un pacto de colaboración política sin atenuantes. La marcha prevista es un acto de apoyo a la propia CGT, para refrendar el pacto con el Gobierno en torno de las paritarias a la baja y la reforma laboral. El paro del 9, por otra parte, tendrá lugar cuando la ´ley bases´ ya se encuentre ´cocinada´ y eventualmente votada en el Congreso; es un paro sobre los hechos consumados. Si la ley de Milei-Caputo se traba o ingresa en crisis, ello será como resultado de los choques por “arriba” que la cruzan, no por las cuestiones relacionadas con la clase obrera, que han sido entregadas con antelación suficiente por la cúpula cegetista. En la reforma laboral, el Gobierno resignó la cláusula que convertía en “voluntarios” a los aportes de los trabajadores a la caja de los sindicatos, que es el punto que despertaba el recelo de la burocracia. Esta concesión revela la voluntad recíproca -del Gobierno y de la CGT- de avanzar con el resto de la reforma antiobrera. Entre los puntos anunciados por Milei en el Pacto de Mayo, está la privatización del sistema previsional. En los 90, esa privatización asoció a la burocracia a las administradoras de fondos (AFJP). La CGT no ha dicho una palabra sobre la confiscación del Fondo de Garantía del ANSES a manos del Tesoro y de los acreedores de la deuda, que está prevista también en la Ley Ómnibus.
A quién rescata la burocracia
Daer, Moyano, Barrionuevo y compañía salen al rescate de un gobierno cuya ´solidez´ o ´estabilidad´ se revela como un fraude urdido por un grupo de mesadineristas. El pretendido equilibrio fiscal es un dibujo, basado en un despojo histórico sobre las jubilaciones y en la postergación de compromisos de pago a cambio de un mayor endeudamiento. La pretendida estabilidad de precios será desafiada por los tarifazos masivos. En ese cuadro, el capital agroexportador calienta la olla de una nueva devaluación, so pena de acopiar una parte importante de la cosecha. Para mantener el barco a flote, la camarilla libertaria pretende sostener una deflación sustentada en un derrumbe de las jubilaciones y los salarios. Milei-Caputo le ofrecen al gran capital nacional e internacional la alternativa de un retroceso social histórico de la clase obrera, como carta para conquistar un socorro financiero y evitar el default de una deuda que ya alcanza al 150 % del PBI. La otra carta ofrecida por la camarilla libertaria es el alineamiento grosero con la OTAN y el Estado sionista, que convierten al gobierno Milei en un gobierno de la guerra imperialista.
La CGT ha salido al rescate de la camarilla libertaria del mismo modo que el amplio arco político que, del macrismo al peronismo, han apuntalado en estos meses al gobierno por decreto. A pesar de ello, se multiplican las expresiones de lucha, como ocurre en las grandes siderúrgicas, en las movilizaciones de desocupados reprimidas por el Gobierno o en la juventud universitaria, que se manifestará masivamente junto a sus docentes el próximo 23 de abril. El “acto” de la CGT es un golpe a estas tendencias de lucha, debemos llamar a no concurrir. El mismo Primero de Mayo, las organizaciones obreras y de lucha y la izquierda deben convocar a un acto independiente en Plaza de Mayo, contra el gobierno criminal de la OTAN, el capital financiero y la liquidación de la clase obrera. El Primero, ocupemos la plaza abandonada por la burocracia sindical.
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