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Luego de una reunión de tres horas con la plana mayor del gobierno, en la que se puso de manifiesto un acuerdo en materia de ´modernización laboral´, la CGT anunció un paro para el 9 de mayo. Antes, acompañará, el 23, la marcha universitaria convocada por rectores y sindicatos contra el ajuste educativo, y el 1 de mayo realizará un acto en el Monumento al Trabajo.
«“Estamos de acuerdo en que muchos compatriotas que están en la informalidad pasen a la formalidad con facilidades para que eso ocurra. No tenemos ningún inconveniente en ver el tema indemnizatorio o analizar el período de prueba, lo que no estamos de acuerdo es con el ataque del DNU 70 a la estructura gremial. (…) Ese fue el espíritu de Sturzenegger en el DNU 70, y ahora los radicales vuelven a ir por el mismo camino" , sentenció Andrés Rodríguez, de UPCN en una entrevista que le realizaron esta mañana en AM 750. Mientras el tramo laboral del DNU 70 sigue detenido por acción judicial, el Gobierno encomendó a los radicales avanzar con un proyecto de consenso con la ´oposición amigable´ por vía del Congreso. El texto fue presentado este jueves, al día siguiente de la reunión con la CGT, y será tratado en comisiones las próximas semanas.
Crisis de las homologaciones
Durante la reunión, la comitiva cegetista le anticipó a los funcionarios que adoptaría ´medidas de acción directa´. Según La Nación (12/4), la CGT “condicionó [el paro] a la garantía de que las paritarias que se acuerden con los empresarios sean validadas por la Secretaría de Trabajo”. Pero esa homologación, precisamente, es lo que se encuentra en crisis. Esto vale tanto para la de Aceiteros -que suscribió un salario básico inicial de $1.200.000- pero también para la de Comercio, que firmó por $40.000 por única vez y dos cuotas de 8 y 7 por ciento, para citar dos extremos. Es también el caso de Camioneros, cuya paritaria motivó la intervención directa de Hugo Moyano y se siguió discutiendo en una reunión aparte con la presencia del Secretario de Trabajo, Cordero. Según Pablo Moyano, el gobierno condiciona la homologación del acuerdo -que planteaba un 45% de aumento para marzo-abril- a la aceptación de un 2% para mayo y otro 2% para junio. También está frenado el desembolso pactado en la paritaria para la Obra Social de Camioneros, que atraviesa una situación financiera crítica. En el impasse de los acuerdos salariales, está la cuestión de la UOM -otro acuerdo que ahora está bajo el filtro de la homologación- y la crisis de la UTA, postergada hasta el 25 de abril.
Los gestos amables de la CGT chocan con esta crisis, que pone de manifiesto un impasse general del programa económico libertario. Las homologaciones entran en choque con las exigencias de Milei-Caputo, que buscan una deflación de la mano del planchazo a los salarios. Caputo teme que, si da vía libre a las homologaciones, termine desatándose una escalada devaluatoria que sectores de la burguesía ya reclaman abiertamente. La burocracia enfrenta esta crisis con un paro a casi treinta días vista, en medio de una reforma laboral en puertas y de una tentativa férrea de demolición del salario en sectores estratégicos de la clase obrera.
Mientras tanto, la amenaza de una huelga general camionera ha salido del escenario.
