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Después de una reunión de tres horas en la Casa Rosada con la plana mayor del gabinete y alcanzar un amplio acuerdo político, la cúpula de la CGT convocó un paro nacional de 24 horas para el próximo 9 de mayo. Además, anunció que el 1 de mayo realizará un acto en el Monumento al Trabajo bajo la consigna “La Patria no se vende”. La comitiva cegetista había anticipado que adoptaría “medidas de acción directa”, sin que los funcionarios pusieran reparos ni alterara los ánimos de la reunión. Quedó planteado incluso el establecimiento de una “mesa de diálogo” de carácter permanente. El paro de la UTA, que mantenía paralizado el transporte metropolitano, y el conflicto metalúrgico, con movilizaciones multitudinarias de obreros, en cambio, ni siquiera fueron mencionados. Andrés Rodríguez, de UPCN, tampoco quiso incomodar a los anfitriones con reclamos por el tendal de despidos en el Estado. Con el fin de acercar posiciones, Hugo Moyano, quien reemplazó a su hijo Pablo en la delegación sindical, para gestionar la aprobación de la paritaria de su sindicato, cedió ante la posición del Gobierno de suscribir ajustes salariales en cuotas decrecientes, adecuados a la pauta inflacionaria oficial, e incluso aceptó resignar el aporte patronal extraordinario para rescatar a la obra social del gremio, Oschoca, que atraviesa serios apremios financieros.
La cita en casa de gobierno acercó posiciones de fondo para encausar una reforma laboral antiobrera. La elaboración del proyecto quedó en manos del bloque radical y sus lineamientos se acaban de dar a conocer en estas horas. Allí se plantean beneficios impositivos para las pequeñas y medianas empresas; declarar a la educación como “servicio esencial” para limitar el derecho a huelga de los docentes; reducir las multas por trabajo en negro; habilitar la sustitución de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral o la contratación de un seguro; y la ampliación del periodo de prueba a seis meses. También propone la eliminación de las “contribuciones solidarias” a los sindicatos por los trabajadores no afiliados. “En el radicalismo descuentan que existe un amplio consenso para avanzar con los trazos gruesos de la reforma. No obstante, esperan que durante el debate en comisión haya varias modificaciones y agregados” (Infobae, 11/4).
Antes de reunirse con el gobierno, la CGT ´articuló´ con el bloque de senadores de Unión por la Patria, en la sede de Azopardo. Allí les presentó un documento de 13 páginas -”Agenda para un nuevo contrato social”- que plantea “avanzar hacia una legislación laboral adecuada a las características de la sociedad actual”. Promueve “beneficios impositivos a las pequeñas y medianas empresas que contraten personal” y “una estrategia mancomunada (…) que estimule el ingreso al sistema de aquellos trabajadores que se encuentran en situación irregular” -es decir un blanqueo que incluya una condonación de las multas correspondientes-. El acercamiento de posiciones con el oficialismo es evidente. De conjunto, ofrece una plataforma de acuerdos con el gobierno. El mismo propósito había ensayado Cristina Fernández en una larga carta difundida hace un mes atrás, donde se refirió a la necesidad de una “actualización laboral” - ahora se habla de “modernización”.
El documento de la CGT reclama por su derecho “a participar en la discusión y el diseño de la sociedad a la que aspiramos” y convoca a un “programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una agenda de diálogo para una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”. La burocracia sindical busca cobijo en el esquema libertario. “Diálogo”, “unidad nacional” y “consenso”; fue el planteo que la CGT levantó en el paro parcial del 24 de enero pasado. El formoseño José Mayans, jefe del bloque de senadores peronistas, afirmó que “la lucha (?) es de todos nosotros y también de los gobernadores”. Pero los gobernadores son quienes negocian darle andamiaje a la “Ley Bases”. Mayans prometió que “no vamos a tratar (sic) ningún proyecto que vaya en contra de los trabajadores, como es el proyecto de Impuesto a las Ganancias”. El bloque de UP no tiene mayoría para bloquear nada, y los gobernadores peronistas del “Norte Grande” presionan por la reposición del impuesto al salario.
La burocracia ha montado un escenario para colaborar con el plan de ataque de Milei contra los trabajadores. La convocatoria, dada por descontada, a un paro de aquí a un mes, es observada como una postergación “para negociar con Milei” (La Política Online, 11/4). Este sería el planteo que impusieron “los Gordos” y “los independientes” al ala ´combativa´, encarnada esta vez por los Moyano y Luis Barrionuevo, partidarios de adelantar la fecha del paro y negociar después.
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