Nueva ley Bases: el Congreso legaliza al gobierno por decreto

El Gobierno ha enviado a los bloques llamados ´dialoguistas´ su versión final de la ley Bases, reducida de 600 a poco menos de 300 artículos. O sea que sigue siendo un mamotreto y legaliza (o normaliza) el tratamiento de las leyes por paquete. Este método es una variante del régimen de gobierno por decreto. Habilita la negociación de las leyes fuera del ámbito parlamentario y convierte su aprobación en una formalidad. El texto espera un visto bueno por parte de ese arco político.

El texto incluye un amplio blanqueo de capitales, que sería irrestricto y sin cargas impositivas para los montos inferiores a 100.000 dólares. Para las grandes cifras, esa amplitud quedaría condicionada a la inversión en “ciertas actividades”, que no dice cuáles serían, lo que deja la selección al arbitrio de un reglamento. Es manifiesta la obsesión de Milei por violentar el método propio del parlamentarismo. Tampoco indaga sobre el origen de los fondos: es el principio de todo mesadinerista, recibir dinero sin preguntar de dónde viene. En Rosario y alrededores celebran los peones y soldados de las narcofinanzas dispuestas al “blanqueo”. El principio de perdonar la evasión, que caracteriza a un blanqueo, el proyecto lo convierte en un indulto al delito. Los saqueadores acudirán en masa.

La megaley establece un amplio programa de privatizaciones, que incluye a Aerolíneas, AySA, Trenes Argentinos y la TV Pública. Además, plantea la privatización parcial del Banco Nación y sus asociadas en Seguros, de Yacimientos Carboníferos y de Nucleoeléctrica, la empresa estatal de energía nuclear. Al momento de redactar esta nota, no está clara la supervisión que tendrá el Congreso de estas privatizaciones; seguramente quedarán confinadas a una comisión parlamentaria, no al conjunto del Congreso ni al doble voto de Senado y Diputados.

En el paquete fiscal, se destaca la reincorporación del Impuesto a las Ganancias, con un piso aparentemente superior a 1,8 millón de pesos de salario bruto para el trabajador soltero. Pero la actualización de ese piso por el índice de precios —tan propagandeada en estas horas— será una vez por año. Con la marcha de la inflación y los aumentos paritarios, nuevos contingentes de trabajadores serán afectados mes a mes por la guadaña del impuesto. Hasta el momento no se conoce la reacción de las provincias petroleras de la Patagonia. El paquete fiscal le hizo lugar a diferentes lobbies capitalistas; es el caso de la tabacalera que logró preservar para sus productos un tratamiento impositivo especial, a pesar de las quejas de las multinacionales que operan en el negocio.

Reforma laboral

Como agregado al proyecto inicialmente enviado por el Gobierno, el radicalismo propuso incorporar una reforma laboral que califica como “light”. La reforma incluye una condonación general de multas laborales por la contratación de trabajadores no registrados. A ello se suma la ampliación del período de prueba laboral a seis meses y la posibilidad de reemplazar al régimen de indemnizaciones por despido por el “fondo de cese laboral”, que rige hoy en la UOCRA.

Afuera de esta reforma quedaría la eliminación de la ultraactividad —el principio por el cual quedan vigentes los convenios colectivos existentes, cuando una negociación paritaria no se pone de acuerdo en introducirle cambios-. La razón por la cual se ha bautizado a esta reforma como “light” es porque deja inalterado al régimen de aportes sindicales, o sea que preserva la caja de la burocracia sindical. Este es el regalo que, en estas horas, el ministro Francos le está ofreciendo a la mesa chica de la CGT no sólo para dilatar un nuevo paro general, sino también para “absorber” a la nueva ley Bases que ingresa al Congreso. El gobierno libertario explicitaría que este capítulo de la reforma ha sido mocionado por la oposición – una manera de votarlo, pero sin comprometerse con ella-. Según La Nación, Milei apostaría a avanzar en las cláusulas que ahora resigna -prohibición de las asambleas, por ejemplo-, si consigue una mayoría parlamentaria en el 2025. El diario no menciona la posibilidad del veto parcial o del uso de la reglamentación para ‘acomodar’ algunas medidas.

El Congreso y los decretos

El compromiso de los diputados de la UCR y de algunos gobernadores pejotistas anticipa que la ley Bases podría alcanzar una apretada mayoría. La votación de esta versión de la Ley Bases significa una aprobación de buena parte del DNU en formato de ley. El punto más importante de la megaley sigue siendo el otorgamiento a Milei de facultades delegadas en cuatro áreas cruciales: economía, finanzas, energía y administración pública. Con la Ley Bases, el Congreso se arrodilla ante Milei-Caputo para legalizar el gobierno por decreto, o sea, los despidos, los tarifazos, el cepo a los salarios y las jubilaciones.

La renuncia del Congreso a cumplir con las funciones que le son propias obedece al propósito de no asumir las responsabilidades políticas de gobierno, en especial en caso de un fracaso, como ocurrirá, y a la falta de un programa político alternativo al del oficialismo. El principio del respeto a la “institucionalidad” está vacío de contenido.

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