Gobierno y "oposición" traman un nuevo ataque al salario, las jubilaciones y el derecho laboral

El Gobierno arrancó el feriado extralargo con un nuevo ataque a los jubilados, otra vez enmascarado bajo la forma de un choque ‘federal’. En el DNU que publicó el último día hábil de la semana, dispuso suspender cualquier ajuste sobre las deudas previsionales del Estado nacional con las provincias que mantienen regímenes jubilatorios especiales. Entre ellas, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En 2017, Macri se había comprometido a financiar parcialmente esas cajas previsionales, a cambio, claro está, de que sus gobiernos iniciaran una “armonización”, o sea, que nivelaran para abajo las jubilaciones conquistadas por sus trabajadores hasta sumirlas en el rasero miserable de los haberes nacionales. Como el Estado nacional acumula una importante deuda por ese compromiso, Milei resolvió `desindexarla´, lo que equivale a su completa licuación. Más que un recorte, es un últimatum: los fondos sólo aparecerán cuando las conquistas jubilatorias que permanecen en esos distritos sean definitivamente arrasadas. En estas transferencias amputadas a las provincias interviene otra cuestión de fondo: para el pago de esta deuda con los distritos, se contemplaba tomar recursos del Fondo de Garantía del ANSeS (FGS), que acumula en este momento unos 40.000 millones de dólares.

Ahora, el ‘pagadiós’ incluido en el DNU libera al FGS de esta obligación previsional. Según informa Clarín (1/4), la “preservación’ del FGS está ligada a la intención de que “el FGS, la mesa de dinero más grande de la región, pase a ser controlado directamente por el Ministerio de Economía”. La ‘universalización’ de la miseria previsional, por lo tanto, está ligada a la confiscación del gigantesco fondo constituido con los aportes jubilatorios. En el mismo DNU que consagra este despojo, el presupuesto 2023 es “corregido” para reducir en un 42 % el déficit del gasto corriente, pero aumentando en un 60 % los pagos de deuda. La administración corriente del Estado ha sido subsumida a una operación de los comisionistas de la deuda pública, que ahora pretenden embolsarse el ahorro previsional.

La ley Bases

Este congelamiento de las transferencias previsionales no ha interrumpido las negociaciones entre los gobernadores y Milei en torno de la “ley Bases”. Del macrismo al pejotismo, ningún gobernador ignora que los fondos retaceados podrán ser al menos parcialmente compensados por otra vía, si aseguran su voto a la megaley. Por lo pronto, el paquete fiscal incluirá la restitución del impuesto al salario (¨ganancias¨) para aquellos que superen 1, 2 millón de pesos mensuales -es el valor de una canasta básica más un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, en febrero de este año-. El impuesto al salario golpeará de lleno, entre otros, a los trabajadores petroleros del sur. El santacruceño Vidal abrió el paraguas, pero aclaró que escucha ‘ofertas’,o sea, alguna otra compensación en materia de fondos.

Las bancadas macristas y radicales no sólo digirieron los recortes previsionales, sino que le han redoblado la apuesta al Gobierno. Acaban de pedirle que incluya en la ley Bases a la ‘reforma laboral’ inserta en el DNU 70, la cual deroga las multas laborales, amplía el período de prueba, elimina el régimen de indemnizaciones y barre con el derecho de huelga. Los dialoguistas “sólo” han pedido que se elimine la cláusula que convertía en optativos a los aportes sindicales -es decir, la preservación de la caja para la burocracia de los sindicatos-. De esta manera, retoman el camino que había transitado en diciembre Armando Cavalieri con algunos funcionarios y que en ese momento fue desestimado por los duros Caputo y Posse. Ahora, este toma y daca se plantea en el escenario “integral” de la megaley. La oferta de los dialoguistas, además, sustrae del cuestionado DNU 70 a la liquidación del derecho laboral y lo somete al escrutinio parlamentario. Este puente a la burocracia sindical es también un puente al peronismo, que se torna estratégico de cara a la votación de la ley Bases en el Senado. Los diarios relatan, además, el apoyo de los gobernadores peronistas del Norte a la restitución de ganancias. De parte del kirchnerismo, el “campeón del impuesto al salario”, no encontrarán oposición en este punto. Los dialoguistas aportan el libreto de un acuerdo parlamentario, pero el destino del mismo se juega en un acuerdo con el peronismo.

La mentira del superávit

La apropiación frenética de los fondos previsionales, la nueva confiscación a los salarios y la escalada de despidos en el Estado demuestran, por otra parte, que Milei-Caputo no han conseguido nada en relación al alardeado déficit cero. Los datos de superávit del primer bimestre sólo han sido un dibujo, armado sobre la base de la postergación de pagos y de la licuación del 40 % de los haberes jubilatorios. Los recursos amasados sobre esa base han sido devorados por los intereses de la deuda pública, que ha crecido exponencialmente con la devaluación y la hiperinflación. Para la supuesta baja de la inflación, la única carta del Gobierno es una recesión brutal, que apunta a disciplinar a la clase obrera y a sus reclamos salariales. En cualquier caso, por delante están los nuevos tarifazos en la luz y el gas. Si el gobierno los posterga, vuelven las cuentas "en rojo"; si los habilita, sella el pasaporte a la rebelión popular, advertida hasta por el FMI.

Por debajo de las conspiraciones antiobreras de la casta -la oficialista y la opositora- en Argentina se pone en marcha una movilización de la clase obrera, que sacude a sus capas más profundas. Es lo que ocurre con los siderúrgicos y metalúrgicos, contra la licuación de los salarios y las suspensiones; en los piquetes y ocupaciones de edificios estatales, contra los despidos; en las huelgas docentes en el interior, que se levantan contra los gobernadores del ajuste y la burocracia sindical kirchnerista. La lucha contra el gobierno mesadinerista y criminal se abrirá paso con independencia de los agentes políticos y sindicales de un régimen social agotado, que parió a Milei y que, ahora, negocia con él una “gobernabilidad” a costa de los trabajadores.