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Tras la derrota de la Ley Ómnibus, el gobierno de Milei, desesperado por mostrar algún indicador “positivo”, acomodó los números para presumir de un superávit financiero de poco más de 500.000 millones de pesos en el mes de enero. Para la mayoría de los analistas económicos, este superávit es insostenible a mediano plazo y, para muchos otros, directamente es un dibujo.
Gran parte fue producto de la licuación del “gasto” en salarios y jubilaciones, pulverizando los ingresos en términos reales, y en la motosierra aplicada a presupuestos elementales. La estrategia consiste en cabalgar la inflación sentado en el presupuesto nacional desactualizado de 2023.
Esta ventaja sólo puede ser momentánea debido a que la fórmula de actualización jubilatoria tiene un rezago trimestral que abultará la carga en los próximos meses. Aunque las jubilaciones están desenganchadas del índice inflacionario, se mueven con la recaudación del ANSeS y el índice de salarios, que traducirán parcialmente el impacto de la inflación pasada. Los salarios comienzan a empujar para arriba al calor de los conflictos por la miseria imperante, y por la inviabilidad de funcionar más allá de abril con esos magros presupuestos, como pasa por ejemplo con las universidades.
En cuanto a los recortes nominales, el ajuste se implementó en gran medida incumpliendo leyes y resoluciones vigentes. Tal es el caso del cese de transferencias al Fondo de Compensación Salarial Docente y de otros ítems salariales como Conectividad y Material Didáctico, además de los programas educativos nacionales y del Fondo de Infraestructura.
Sobre las transferencias a las provincias, el gobierno implementó las más variadas artimañas, desde desconocerlas por completo hasta implementar un cálculo desacoplado de la inflación.
Pero, sin lugar a dudas, el sablazo más sádico se produjo sobre la entrega de remedios oncológicos a pacientes sin cobertura y de los alimentos para los comedores populares, cuando la pobreza supera el 50 %.
La inviabilidad de este "estado de superávit" ha generado “inquietud” en los foros capitalistas internacionales por el temor a que detone una rebelión popular. Cabe agregar que este recorte representa un superávit primario de más de 2 billones de pesos, que en sus tres cuartas partes se empleó para el pago de intereses de la deuda pública.
El otro gran recurso para el “superávit” ha consistido en desconocer o postergar compromisos de pago. Es lo que ocurrió con las partidas de los subsidios de luz y gas a Cammesa -la compañía estatal que administra el mercado mayorista eléctrico-, para que esta le abonara a las generadoras de energía. Se trata de más de 1,5 billones de pesos que ponen en riesgo el funcionamiento de los generadores. Desde el gobierno alegan que esos pagos se harán efectivos más adelante. Entonces, el superávit se ha dibujado a costa de engrosar la deuda flotante: es como si uno se jactara de haber llegado a fin de mes sin pagar los servicios ni el resumen de la tarjeta.
La crisis financiera argentina está en la base de la crisis política presente. No hay sacrificio que alcance para ´honrar´ una deuda de 600.000 millones de dólares.
